Problema. Muerte, impunidad, vejaciones, son los problemas recurrentes de un país adolorido, señalan.
México atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos desde la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, aseguró ayer el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
"La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de (Felipe) Calderón (2000-2006) a la fecha en materia de derechos humanos es -yo diría- la crisis más seria (...) desde los tiempos de Tlatelolco", especialmente con la desaparición de más de 40 estudiantes, dijo Vivanco en entrevista.
El 26 de septiembre pasado 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, tras varios ataques a tiros en los que seis personas murieron y 25 resultaron heridas.
"En la historia de México ha habido muchos desaparecidos, pero de esta magnitud y en tiempo real no conozco ningún caso" similar en toda "América Latina en los últimos 30 años", dijo el activista, quien aseguró que "la única explicación (a estos hechos) es la impunidad".
Destacó que la primera reacción del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, estaba "dirigida a lavarse las manos", al asegurar que su Gobierno no podía sustituir las responsabilidades y obligaciones de las autoridades estatales, como si Iguala "fuera Guatemala".
"El actual Gobierno considera que los temas de seguridad y de derechos humanos son tóxicos", que "generan más bien problemas" y "dan una imagen de país inseguro", aseguró.
Así, "lo mejor es no hablar de ellos y esconderlos bajo la alfombra", ignorarlos "deliberadamente y sólo si hay escándalo de proporciones gigantescas e internacionales, hacer un control de daños", apuntó.
El director ejecutivo para las Américas afirmó que "ese es el pecado original del actual Gobierno y por el cual, paradójicamente, está pagando un precio altísimo".
"La imagen hoy del Gobierno federal por lo de Tlatlaya primero (el caso de los militares que asesinaron al menos ocho civiles el 30 de junio pasado y alternaron la escena para hacer creer que habían muerto en combate) y por lo de Iguala después, está por los suelos", aseveró.
"Al igual que el Gobierno anterior, parece que el actual no está dispuesto a hacer nada por alterar el estado de impunidad existente que es lo que explica lo de Iguala. Es la impunidad total", insistió.
"Servidores públicos, policías y militares tienen la certeza de que no van a rendir cuentas si están ante un delito consumado", añadió Vivanco.
