El gobierno no acaba de dimensionar la crisis que afronta.
Las acciones emprendidas para salvar la circunstancia, siendo meritorias y plausibles -la captura del matrimonio infernal, el informe sobre los normalistas desaparecidos, así como la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro-, no arrojan los resultados pretendidos. Lejos de eso, agranda y profundiza su falta de credibilidad.
Insiste el gobierno en creer que la crisis se reduce a una cuestión de operación y no de concepto, en dar algunos pasos, pero no ir hasta donde es necesario. En vano el ejercicio, consume tiempo... y el tiempo es clave en su destino.
El trípode en que el gobierno pensó consolidarse está quebrado o resentido. Y, entonces, el centro de gravedad no es firme. Es frágil e inestable.
Detrás de la idea de apoyarse en las dirigencias partidistas, los grupos empresariales nacionales y extranjeros preferidos y los gobiernos de los estados hay un concepto cupular de la política. Apuesta al efecto del acuerdo en las alturas, la posibilidad de encontrar si no respaldo, sí aceptación popular a partir de la presunta prosperidad, crecimiento y empleo cifrado en las políticas adoptadas.
En ese concepto, aplicado por anteriores gobiernos priistas -destacadamente el salinista-, es fundamental contar o cumplir con cuatro condiciones. La instrumentación rápida y atinada de las políticas. La solidez de los pilares donde finca su posibilidad. La aplicación de una política social con efecto inmediato, así sea efímero, a fin de contener el malestar. El manejo adecuado, es terrible decirlo, de la corrupción como cemento de los acuerdos.
Sin cumplir esas condiciones, adoptar la política cupular como guía es un albur en extremo peligroso.
La evidencia de estos días pone al descubierto que la crisis tiene por eje el concepto, no la operación.
La instrumentación de las reformas es mucho más lenta y difícil de lo previsto. Errores en su diseño -en particular, la político-electoral- amenazan con provocar resultados contraproducentes. Los órganos nuevos o fortalecidos agotan su posibilidad antes de desplegar a fondo su tarea, así se advierte su actuación en los campos electoral, del acceso a la información y las telecomunicaciones. Y, a ello, se agrega un asunto delicado: un entorno económico adverso y errores en el manejo de la política. El conjunto del proyecto resbala o, cuando menos, retrasa el derrame de su supuesto beneficio.
Las dirigencias partidistas están en crisis, permeadas hasta la médula por la corrupción y la criminalidad, fracturadas al punto de dar lugar al canibalismo, sin capacidad de cohesionar a la militancia en su interior y, por lo mismo, con serios problemas en su estructura. Exhiben, por turno, su podredumbre. Y, sobra decirlo, más de un gobierno estatal se tambalea. Por distintos motivos -ingobernabilidad, criminalidad, incapacidad, pusilanimidad o la combinación de ellas-, Oaxaca, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco forman fila para entrar en crisis. Descontando, por supuesto, a Michoacán y Guerrero que ya entraron en crisis. El efecto dominó en la vertiente del Pacífico se advierte desde hace tiempo.
El afán de acotar a unos y privilegiar a otros grupos empresariales, en el marco de la disputa por los contratos de las megaobras anunciadas, coloca en un apuro al gobierno. No consigue doblegar a unos ni privilegiar a otros y, en el ir y venir de las decisiones, no da garantías a nadie. El efecto es terrible, no se genera certidumbre y la detonación de la economía a partir de la aplicación de las inversiones se retrasa.
El malestar social rebasa con mucho la política diseñada para contener el reclamo. La entrega de despensas o de ayuda económica no atempera la situación. La falta de empleo, de educación, de horizonte para grandes segmentos sociales adquiere tintes de insurgencia. Y, como agregado, el dolor derivado a causa de la impunidad y la pusilanimidad, donde se pierde la frontera entre crimen y política, hace hervir la sangre.
No entender que la clave de la crisis está en el concepto y no la operación es internarse en un callejón cada vez más estrecho y cuyo final está cada vez más cerca.
En defensa de su propio destino y en el afán de evitar la inserción del país en una espiral peor que en la que se encuentra, el gobierno está impelido a cambiar el concepto y emprender acciones extraordinarias. Cambiar su punto de apoyo. La situación lo exige, se percibe de emergencia.
Si al inicio de la gestión, el hacerse acompañar de los partidos en la presentación e instrumentación del Pacto por México le sirvió al gobierno, no puede ahora ir a remolque de ellos. En la circunstancia, lamentablemente los partidos no son parte de la solución, son parte del problema. Sus dirigencias carecen de autoridad moral y política para convocar a un nuevo acuerdo contra la corrupción y la impunidad, cuando en sus filas militan destacados corruptos y criminales.
Si, en verdad, se quiere llegar a un acuerdo con ese propósito, esta vez es preciso que el gobierno se apoye en los poderes de la Unión y, fundamental, en los representantes de la sociedad que congregan credibilidad y capacidad política.
Requiere de un ombudsman comprometido en los derechos humanos, no interesado en el presupuesto de la Comisión. Requiere de un colegio de ministros resuelto a impartir justicia y reformar al sistema, no en preservar el puesto y garantizar el carácter endogámico de su estructura. Requiere renovar su gabinete en aquellas posiciones donde los secretarios son insostenibles, e incorporar a cuadros experimentados con conducta imparcial. Y requiere sumar por fuera del gobierno pero, con su respaldo, a una personalidad con prestigio y capacidad de diseñar ese acuerdo que, más allá de combatir corrupción e impunidad, se plantee reformar el poder.
Requiere el gobierno apoyarse en la gente. No en las élites que, en su disputa por el poder, poco les importa fincar su imperio en la ruina de la nación. Cambiar el concepto, no sólo la operación.
