Vaya momento político nacional que se está viviendo.
El candente tema de Ayotzinapa que no termina por desenvolverse oficialmente (aunque la hipótesis de que los 43 normalistas fueron ultimados y después quemados hasta las cenizas, para ser lanzados a un río, parece que por desgracia será la verdad jurídica final) y que ha propiciado reacciones sin precedentes en todo lo ancho del país y más allá de las fronteras.
El monstruoso destino aparente de estos 43 estudiantes proferido por una horda de sujetos que por su perversidad no sé si mantengan la calidad para ser tratados como personas, comenzando por un alcalde y su esposa criminales, coludidos con un grupo delincuencial cuyo principal activo es justo la bestialidad y maldad llevados a extremos incompresibles; y que todo ello se haya permitido aunque sea de manera pasiva o indolente por el gobierno estatal de Guerrero, que le costó el puesto al señor Ángel Aguirre y sobre todo, al propio gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, simplemente ha desatado un grado de indignación colectiva propio de la gravedad de los hechos.
Al propio asunto se le han agregado dos elementos que agravian y exacerban a la sociedad toda: el primero de ellos fue la campaña mediática del nuevo gobierno priista, que mediante potestades materiales que les confiere la sola detentación del poder federal, logró sacar de la agenda pública de los medios de la ciudad de México y sobre todo, de las televisoras nacionales, el tema de la inseguridad, con lo que pudo crear la sensación que ciertamente el gobierno de Peña había alcanzado devolver la tranquilidad que había sido sustraída en el sexenio anterior; el segundo fue la revelación periodística hecha por el equipo de Carmen Aristegui, que dio a conocer que la primera dama de México, Angélica Rivera, era propietaria de una mansión situada en exclusiva zona de la capital del país con un avalúo aparente de siete millones de dólares, y lo peor de todo ello, es que la residencia está escriturada a una empresa inmobiliaria perteneciente a un grupo constructor que ha sido favorecido por el Estado de México, donde el presidente Peña fue Secretario de Finanzas y luego Gobernador. Demasiado obvio.
Así las cosas, el presidente Peña cae de ser tratado como el gran reformador y estadista (que el tiempo y los años se lo deberán reconocer) a ser simplemente el producto político que poderes fácticos de gran calado supieron encumbrar en la primera magistratura del país, pero que la terca realidad impide que esta manipulación pueda sostenerse ante hechos tan contundentes como lo es el terrible caso de Iguala, reflejo por mucho de lo podrido de nuestra sociedad y que el actual gobierno no ha podido ni por mucho erradicar.
No es claro hasta dónde llegarán los resultados de las protestas y manifestaciones desatadas por tan connotado caso; no será por supuesto en que el presidente renuncie, porque esa no es la solución adecuada. Si las marchas y las expresiones logran que los políticos en general se contengan de hacer sus fechorías o que se vean forzados a acatar lo que la ley les comanda, al menos algo se habrá logrado con toda esta compulsa.
Nada por supuesto justifica el agravio a los normalistas desaparecidos y de los 6 que murieron la misma noche en que fueron secuestrados.
Sin embargo, el incendio y crispación nacional ha servido para que no se pueda percibir en su justa dimensión lo que el Congreso local de Coahuila acaba de autorizar, que es el refinanciamiento de la megadeuda del estado, que ahora ha alcanzado la cifra de 38,850 millones de pesos.
El propio refinanciamiento no es el problema, por multimillonario que sea. Al final los diputados serviles le han dado mayor margen de maniobra a la tesorería coahuilense. Lo grave, es que esta semana el tesorero del Estado, Ismael Ramos, declaró que simplemente 18 mil millones de pesos de la megadeuda no se sabe en qué se gastaron, porque alguien se robó los documentos.
Ante esto, el gobernador Rubén Moreira declaró que él no tiene conocimiento de que los documentos referidos hayan sido robados. La Procuraduría General de Justicia hoy precisa que el asunto no es un delito de robo de documentación sino que en el proceso de entrega-recepción del gobierno anterior al presente, no se hizo como lo marca la ley, que debe ser acompañado de todos los documentos y comprobantes pertinentes que hoy no se sabe en dónde están.
Así las cosas, la información brindada por los funcionarios coahuilenses del destino de 18 mil millones de pesos sin documentar, es que simplemente no se puede saber porque no existen documentos. Y así, en los hechos, ya murió la cosa.
Haciendo una analogía entre la casa de la señora Rivera que tanta ámpula ha desatado y que vale entre cinco y siete millones de dólares, versus los mil trescientos treinta y tres millones de dólares (tomando el tipo de cambio a 13.5 pesos por dólar) que se gastaron sin explicación y sin registro, hace que la famosa "Casa Blanca" sea una verdadera bicoca en comparación al adeudo que pagaremos por décadas todos los coahuilenses.
