Fe. El año está por cerrar y no existen datos certeros sobre el paradero de los normalistas.
Con base a nuevos testimonios de estudiantes sobrevivientes de la masacre de Iguala, las organizaciones defensoras de derechos humanos que también participan en la defensa legal del caso, adelantaron que a partir de la revisión del tema que 10 expertos en desapariciones forzadas hagan al expediente de hechos, propondrán nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, defensor legal de los padres de familia que buscan a sus 42 hijos, estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre, reveló que por diversos factores no han sido considerados los relatos de algunos sobrevivientes que dan más indicios de qué pudo haberles pasado a los desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Adelantó que 10 investigadores externos participarán para aportar pistas e indicios del caso, a partir de la revisión que harán del expediente que la PGR integró para el caso Iguala y en cual se informa que los estudiantes fueron quemados en Cocula, municipio vecino a Iguala, donde ocurrieron los hechos sangrientos.
El 7 de noviembre, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, informó que tres hombres aprehendidos confesaron que la noche del 26 de septiembre recibieron a un grupo de más de 40 personas de parte de policías de Iguala y Cocula, afines al grupo criminal Guerreros Unidos, y los quemaron en el basurero de Cocula.
Rosales Sierra informó que la investigación hecha por la PGR ha sido criticada por diversos sectores, como investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había recomendado desde inicios de noviembre la integración del equipo de expertos para que coadyuvara en el caso.
La integración del equipo multidisciplinario se retrasó, debido a que la federación no accedía a firmar el convenio, mediante el cual se comprometía a brindarle todo lo necesario a los expertos en desaparición forzada para que pudieran realizar la investigación.
"Los especialistas coadyuvarán en tres puntos: aportarán (de acuerdo a sus análisis) elementos para la búsqueda de los normalistas y dirán a las autoridades cómo hacerla".
Además emplearán aparatos tecnológicos para la búsqueda de los normalistas a más de casi tres meses de los hechos y aportarán elementos para que se siga una línea de investigación en la que se revisen los vínculos de las autoridades mexicanas, sobre todo de Guerrero, con el crimen organizado. El trabajo que realizarán será independiente del de las autoridades; sin embargo, habrá coordinación.
A finales de noviembre, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de Guerrero propusieron al gobierno mexicano una lista de 10 expertos para conformar el equipo técnico de la Corte interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que coadyuvará a la búsqueda y localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada.
Entre los expertos destacan Ariel Dulitzky, de Argentina; Claudia Paz, de Guatemala; Roberto Garretón, de Chile; Gino Costa, de Perú, perfiles con amplia experiencia en sus países en el tema de desaparición forzada, justicia y defensa de derechos humanos. Sin embargo, Rosales, admitió que la lista final la saben sólo el Estado y la CIDH.
Entre los nuevos indicios, dijo Rosales, están los testimonios de estudiantes que apuntan a testigos presenciales de los hechos que podrían abonar a la investigación y finalmente a la localización de los normalistas.
Los expertos podrían comenzar a trabajar en los últimos días del año o a inicios de enero.
ALEMANIA OFRECERÍA APOYO EN BÚSQUEDA
El partido alemán de Los Verdes, en la oposición, ha presentado una iniciativa en el Parlamento germano para instar al Gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las organizaciones que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala (México).
En su propuesta, Los Verdes piden también al Ejecutivo que lidera Angela Merkel que señale ante la UE y ante la ONU "la responsabilidad del Gobierno mexicano en las violaciones de derechos humanos" y que prohíba la venta de armas a México.
Los diputados ecopacifistas denuncian que "la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia" está instalada en las estructuras del Estado mexicano y reclaman una respuesta.
En este contexto, consideran necesario que el Gobierno alemán se implique y apoye a las familias, a los abogados y a los activistas que investigan las desapariciones de Ayotzinapa.
El Ejecutivo, a su juicio, debería también frenar las negociaciones en marcha para la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, una petición que también ha realizado Amnistía Internacional.
Tanto en el ámbito bilateral como en el internacional, continúan Los Verdes, Alemania tiene que subrayar la obligación de México de consolidar un Estado de derecho, reformar su sistema judicial y policial y luchar contra la impunidad y la corrupción.
"Iguala no es un caso único", recalcan los Verdes en referencia a la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre después de una ola de ataques a tiros presuntamente ordenados por el alcalde de la localidad, situada en el estado de Guerrero.
Según la investigación oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula, vecino a Iguala, una versión en la que los familiares no creen.
