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Verdades y rumores

EL AGENTE 007

Nuestros subagentes disfrazados de carros yonkeados nos informan de varios asuntos, digamos, extraños que rodean al contrato de compra-venta de los vehículos abandonados en el corralón privado de la empresa Grúas Laguna. Resulta que, en primer lugar y de forma por demás misteriosa, el contrato firmado a fines de

noviembre pasado por el ayuntamiento de Torreón que preside

Miguel Riquelme y la empresa Recicladora Siderúrgica de La Laguna en vez de establecer el precio por tonelada de chatarra lo contempla por unidad.

Esta situación ha propiciado que los amantes del “sospechosismo” vean que el enjuague es por demás beneficioso para el comprador ya que al momento de vender los paquetes compactados de chatarra lo haría por tonelada, con lo que obtendría una ganancia considerablemente mayor a la esperada. La gran pregunta que surge aquí es: ¿a cambio de qué la autoridad municipal aceptó estas condiciones menos ventajosas? Pero la cosa no para ahí. Según se lee en el contrato de marras, los trabajos de chatarrización de los vehículos que ya son propiedad del ayuntamiento deberían terminar cuatro meses después de estampada la firma de las partes, lo cual apunta a que el corralón debe quedar limpio a más a tardar a fines de marzo. Sin embargo, la empresa compradora hasta ahora no ha movido un dedo para comenzar con los trabajos de destrucción y compactación de los vehículos, por lo que resulta harto difícil, ya con el tiempo encima, que vaya a terminar en el tiempo estipulado. La duda es por qué la empresa no ha iniciado a pesar de que ya dio el anticipo a la Tesorería Municipal. Al respecto, corre la versión en el radiopasillo del edificio más caro de la ciudad que todo parece indicar que la recicladora ya se echó para atrás y que incluso ya solicitó la devolución del mencionado anticipo. La razón, dicen los subagentes, es que Grúas Laguna le está exigiendo al ayuntamiento que le pague una cantidad como renta por tener bajo resguardo los miles de vehículos que se encuentran arrumbados en sus instalaciones. Comentan que la concesionaria quiere la mitad del dinero, pero no necesariamente del que Recicladora le va a pagar a la autoridad municipal, sino del que la empresa compradora va a obtener al vender la chatarra, con lo que le mermaría bastante el negocito. Pero más allá de esto, el tiempo sigue corriendo y habrá que ver qué va a hacer la gente de don Miguel cuando se cumpla el plazo y se den cuenta que el corralón sigue siendo un foco de infección como hasta hora.

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Tal parece que con el proceso electoral en puerta el respetable público no sólo tendrá que soportar el bombardeo de los 16 millones de spots autorizados por el vapuleado INE, sino que además deberá “chutarse” estoicamente las campañas negras y la guerra de lodo entre los partidos. Y es que, al menos en Coahuila, el zafarrancho virtual ya comenzó. Los primeros blancos de los cañones fueron el jefazo del PAN estatal, Bernardo González, y el excandidato a diputado, Miguel Ángel Wheelock, quienes supuestamente fueron grabados mientras sostenían una conversación telefónica (qué raro, si esto del espionaje casi ni se da en esta hermosa provincia). En un video que circula por el ciberespacio, primero se acusa al partido blanquizul de financiar sus campañas con dinero de dudosa procedencia, específicamente del zar de los casinos, Pepe Rojas, y con recursos del sufrido pueblo. Luego se muestra la supuesta conversación entre los dos panistas con un tercero que, según los productores del video, es un directivo de una televisora nacional. En la charla se habla de cosillas como el financiamiento de las campañas y una estrategia para los candidatos del PAN, para lo cual el oferente del servicio televisivo sugiere que consigan “la lana” por otro lado ya que el señor Rojas no puede hacerlo. Y la voz de quien se identifica como Bernardo dice que el blanquiazul sólo tiene a “sus municipios” y, por lo tanto, no les quedaría de otra que pedirle recursos al CEN, aunque la ve difícil. Como sucede en este tipo de cosas, lo más seguro es que los panistas acusen al PRI de este video de campaña sucia y que los priistas respondan diciendo que se trata de “fuego amigo” blanquiazul. Pero mientras esto sucede, dos realidades quedan en evidencia: que los pájaros en el alambre ya tienen muy afilado el pico, y que el video tiene como destinatario el dueño del PAN en Coahuila, es decir, el diputado Guillermo Anaya y su red de apoyo dentro y fuera de la entidad. Los escépticos y desencantados de la política mexicana -que, por cierto, ya fueron reconocidos por el mismísimo preciso Peña Nieto- opinan que si una pequeña parte del empeño e ingenio que usan los partidos en darse hasta con la cubeta lo utilizaran para resolver los problemas del país, otro gallo nos cantaría.

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Y ya que hablamos de grabaciones, menudo enojo fue el que mostró la flamante diputada local y exprimera dama torreonense, Claudia Morales, en reciente reunión de la comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Nuestros subagentes vestidos de tazas de desabrido café nos informan que cuando doña Claudia coordinaba la reunión la semana pasada se dio cuenta que uno de los asistentes estaba grabando y le reclamó no de muy buena gana pensando que se trataba de un incómodo reportero. Para intentar tranquilizarla, sus compañeros legisladores le informaron que no era periodista sino el asistente de un diputado y que, por si no lo sabía, las sesiones pueden ser grabadas como parte de la transparencia que tanto se pregona por estas tierras. Pero esta explicación no le fue suficiente y Morales preguntó por qué las sesiones no pueden ser en lo oscurito, o sea, privadas. El detalle es que sí pueden ser privadas y la propia reglamentación del Congreso lo establece, pero para ello debe haber una solicitud por escrito, un acuerdo de los involucrados y su debida justificación. Pero tal parece que la diputada torreonense no ha tenido la oportunidad de enterarse de los procesos legislativos. El hecho demuestra que muchos de nuestros H. Representantes Populares apenas están agarrando la famosa curva de aprendizaje. Esperemos que no tarden mucho en salir de ella para que luego no vayan a salir luego con que aprobaron una reforma, un decreto o una ley sin darse cuenta de las consecuencias. Como el caso de la deuda, por ejemplo.

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Mientras el extesorero Pablo Chávez, mejor conocido como el “Zar de la Licuadora Financiera”, prepara su batería de amparos para enfrentar los 35 procesos que tiene la Tremenda Corte Suprema por el desacato en la devolución de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), una pregunta ronda entre los observadores de la cosa pública: ¿Y el exalcalde Eduardo Olmos, apá? Y es que como usted sabe, informado lector, desde el año pasado el flamante embajador becario de Coahuila en la capirucha del esmog está en la mira de los magistrados por el mismo caso. Sin embargo, hasta ahora sólo se ha dicho que el proceso contra don Lalo está en la larga lista de pendientes sin que sepa para cuándo va a resolverse y si correrá con la misma suerte de su operador financiero. Dicen por ahí los subagentes disfrazados de chilangos que Olmos está aprovechando su nuevo cargo en el DF para estar más cerca y enterado de los pormenores del caso y evitar cualquier sorpresa. Por lo pronto, Chávez ya se puso de frente, con el pecho casi descubierto, para proteger a su expatrón levantando plegarias al cielo para que sus amparos sean suficientes para salvar no sólo su pellejo sino también el de don Lalo.

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A propósito de exalcaldes, resulta que Roberto Carmona, quien tuvo las riendas de la apacible Ciudad Lerdo antes de Luis de Villa, no sólo es célebre por haber instaurado los sueldazos de los ediles (el suyo rondaba los 87 mil pesillos), sino que además ya se está haciendo fama de ser uno de los funcionarios mejor pagados del gobierno de Jorge Herrera en su cargo como subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas en la Región Lagunera. El asunto no es el sueldito, que anda más o menos por el mismo monto al que se acostumbró en tan sólo tres años, sino que las malas lenguas dicen que difícilmente lo desquita. Nuestros subagentes disfrazados de dolidos contribuyentes que acuden a las oficinas del gobierno provincial en La Laguna, ubicado frente al Parque La Esperanza de Gómez Palacio, cuentan que Carmona sólo asiste dos de los cinco días laborales de la semana y por espacio de dos horas (no se vaya a cansar). Y cuentan que las ausencias de Carmona repercuten en el servicio que se presta a la ciudadanía pues, siendo quien administra el edificio, no se explica cómo es posible que a más de 4 años de haber sido inauguradas estas oficinas, sigan sin contar con sanitarios disponibles para quienes acuden a realizar algún trámite. Las quejas de los ciudadanos son continuas y el problema no es que falten sanitarios en el edificio, cuya planeación y construcción tardó como si se tratara del mismísimo Partenón de Atenas, sino que éstos son de uso exclusivo de los funcionarios quienes además traen llave de los mismos y no permiten el acceso a los mortales, no sea que los vayan a ensuciar.

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