Las trapacerías del partido Verde han provocado una discusión sobre quién debe corregir las anomalías. Reviso aquí las posiciones del actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y de una exconsejera, Jacqueline Peschard.
El Verde se ha distinguido por su capacidad para hacer negocios, violar las leyes y aliarse con grandes empresas (ha sido el principal instrumento de Televisa y TV Azteca para beneficiarse con una "telebancada" en el Congreso que defiende sus intereses). En este ciclo electoral el Verde inició una millonaria campaña en septiembre de 2014 ¡ocho meses antes de lo permitido! La saturación de sus mensajes -y el descrédito de los otros partidos- disparó su intención de voto y siete de los diez partidos políticos ya se quejaron ante el INE, y algunos incluso piden la cancelación del registro.
También hay irritación ciudadana, en Monterrey una estudiante de la Escuela Libre de Derecho, María Santos Villareal, subió una petición a change.org #QuitenRegistroAlVerde http://bit.ly/1FxHV0d. Un exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa y otro del IEDF, Eduardo Huchim la retocaron y quedó un texto mesurado en el tono, contundente en los hechos y sólido en su fundamentación jurídica. Al terminar esta columna llevaba 83,000 firmas y change.org la ubica como la petición más destacada y popular.
Cuando le preguntaron a Lorenzo Córdova qué pensaba sobre la petición ciudadana respondió con un exabrupto antiintelectual y excluyente: el INE "no se conduce con la estridencia de la tribuna". ¡Al presidente del organismo público que tutela nuestros derechos políticos le molesta que los ciudadanos opinemos y participemos fuera de las urnas! No sólo eso sino que refuerza su idea ¡mandándonos fuera, a la tribuna de los espectadores!
Lorenzo también dice que el INE está para aplicar la ley lo cual significa que atenderá la petición ciudadana. Jacqueline Peschard -una respetada exconsejera- introduce una variante en su columna para El Universal (13 de abril). Acepta de entrada que "el partido del tucán ha violado sistemáticamente la ley electoral" y "ha desacatado las resoluciones de las autoridades electorales". Sin embargo está en contra de que el INE le quite el registro aunque la ley le otorgue facultades. Ello suplantaría, dice, una prerrogativa de los electores. Propone que las urnas quiten o ratifiquen el registro del Verde.
Esta idea -muy extendida en algunos círculos- pasa por alto que el Verde ha mentido a los electores apoyándose en las televisoras y aprovechándose de la laxitud del INE y el Tribunal Electoral. La mansedumbre de los árbitros ¿viene de la convicción o de su domesticación? Existe evidencia para argumentar que en el actual INE manda el bloque comandado por otro consejero, Marco Antonio Baños, cuya cercanía con el PRI y el Verde ha sido igualmente documentada. Y al Tribunal lo acaban de exhibir en Guadalajara.
Nuestros derechos están en la indefensión. ¿Qué hacer? Recordar de entrada que todo violador de derechos busca legitimidad jurídica. Así, la segregación racial en los Estados Unidos tenía un sustento legal refrendado una y otra vez por la Suprema Corte hasta que en 1954 emitió un fallo histórico basado en un criterio diferente: la segregación era injusta.
México necesita justicia y las instituciones que tutelan derechos imitan a Poncio Pilatos y se lavan las manos amparándose en interpretaciones blandengues de la ley. Jacqueline argumenta que "si de lo que se trata es de impedir que el Verde siga violando la normatividad" la autoridad podría, por ejemplo, "reducir significativamente sus tiempos de campaña en medios electrónicos". Este razonamiento deja sin castigo lo que el Verde ya hizo. Tratarlo de esa manera sería darle otro jalón de orejas al partido que se burla todo el tiempo de las leyes, del INE y, sobre todo, de los ciudadanos.
El Verde ya manchó estas elecciones de inequidad. Ni el INE, ni el Tribunal Electoral pueden evadir este hecho e ignorar su responsabilidad. O le entran o se "avicentan" y siguen inventándose excusas para disimular su complicidad con los delincuentes electorales, los corruptos y los poderes fácticos. Si no ponen como principal criterio la justicia, en 2018 volveremos a tener esta discusión sobre un partido, el Verde, que es un caso estridente de perversión democrática. Cumplan con su deber. Atrévanse a pensar en el interés general y en la justicia. Quiten el registro al Verde.
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Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Maura Álvarez Roldán.
