Según cálculos del Senado de la República la corrupción ha causado una pérdida en el país de 86,000 millones de dólares en los últimos diez años. Es decir, cerca de 1.3 billones de pesos; casi el 30 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Aunque desde hace lustros se discute en México el daño que provoca la corrupción, hasta ahora muy poco se ha avanzado en su combate. Una razón que explica este rezago es que el porcentaje de casos que se castigan es mínimo. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 97 de cada 100 delitos que entran en el concepto de corrupción quedan impunes. Hasta hoy, las instituciones de la República han fracasado a la hora de enfrentar este flagelo.
Lo anterior sirve de marco para uno de los sucesos que marcó la agenda la semana pasada: la aprobación en le Congreso de la Unión de las reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El hecho sin duda es de suma relevancia ya que representa el primer intento de alcance nacional para combatir la corrupción. No obstante, analistas, empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición advierten que lo aprobado es insuficiente.
Las reformas contemplan la creación del sistema referido que funcionará con un comité coordinador que será integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalía especial que se va a conformar y la secretaría de Control Interno del gobierno federal, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y del IFAI, así como representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana. Además se contempla la posibilidad de que la ASF realice auditorías en tiempo real y que fiscalice los recursos destinados a los estados. También, el Tribunal mencionado actuará con plena autonomía al momento de sancionar a funcionarios, se amplía el tiempo de prescripción de las faltas graves y que el secretario de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República.
Sin embargo, varios aspectos importantes quedaron fuera de las reformas. Uno de ellos, quizás el principal, es que el presidente, los gobernadores, los alcaldes y los legisladores conservan su inmunidad para evitar ser sometidos a proceso en caso de cometer actos de corrupción. Con esto, el sistema anticorrupción no toca a los funcionarios de primer nivel de la República. Otro punto que no pasó es que no será obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de los servidores públicos, con lo cual la ciudadanía seguirá sin conocer a detalle las propiedades y recursos de quienes gobiernan, al inicio y al final de su gestión. Un tema que en los últimos meses ha alcanzado gran notoriedad debido a los escándalos de las casas de algunos integrantes del gobierno federal. Tampoco se incluyó en la reforma el fortalecimiento de los contrapesos y organismos de fiscalización al interior de las entidades. Nuevamente la salida que se propone pasa por el centralismo.
A la luz de lo anterior, se advierte que para que este modelo funcione a cabalidad y cumpla con las expectativas del sector de la ciudadanía que ha estado empujando estas medidas será necesario hacer nuevas reformas y resolver las debilidades del sistema. De lo contrario, este esfuerzo que representa un importante primer paso, podría quedarse en eso y convertirse a la postre en una simulación, como lo advierten algunos analistas.
