No importa que se esté hablando en el gobierno de recortes presupuestales, no importa si se pone en juego la aplicación de una reforma constitucional que llevó años consensuar entre partidos, no importa que sea ilegal o que vaya en contra de los tratados internacionales firmados por el país, lo primero que se les ocurre a los negociadores de Gobernación para solucionar un conflicto es desenfundar la cartera de los recursos públicos.
Volvieron a hacerlo el pasado miércoles en Ensenada en la mesa de negociación entre empresarios agrícolas y jornaleros inconformes cuando ofrecieron que el gobierno federal pondría la diferencia entre la propuesta de salario que hagan los patrones y la petición de los jornaleros de que se les paguen 200 pesos diarios.
No es la primera vez. El subsecretario Luis Miranda ha recurrido a la estrategia de repartir dinero con los maestros de la coordinadora (CNTE) cada que se presenta la ocasión, con los resultados que todos conocemos. Pero quizá nunca había sido tan transparente el miope pragmatismo que se esconde detrás de esta "estrategia" que lo ocurrido en Ensenada.
En San Quintín, Baja California los jornaleros pelean desde el 17 de marzo por mejores condiciones de trabajo y porque se les pague más por jornada de trabajo o por cesta de fresas recogidas. Los empresarios se resisten a pagarles lo que ellos piden. Los jornaleros tienen el recurso de la huelga. Y las autoridades, cabría imaginar, sólo pueden intervenir para facilitar las negociaciones, para reconocerlos como sindicato (lo cual han hecho) y para garantizar que la ley se cumpla en los campos agrícolas.
Sin embargo, David Garay, jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, sorprendió a todos, empresarios y otras autoridades incluidas, proponiendo que el gobierno federal "podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta" de los jornaleros. En entrevista un día después me confirmó que efectivamente el gobierno propone a través de un fideicomiso completarles el sueldo a los jornaleros. Y pensando que la objeción que se le podía hacer era una cuestión de cantidad y no de principio, aclaró que no son muchos los jornaleros a los que en esa zona se les paga por jornada trabajada y que además tratarán de que no sea tanto el diferencial entre lo que ofrezcan los empresarios y lo que piden los jornaleros. Nunca pudo, sin embargo, explicar qué objetivo persigue el gobierno al hacerlo. ¿Se trata de impedir a toda costa la huelga de los jornaleros? ¿O de evitar que se conforme una verdadera organización sindical, nacional y fuerte, que represente a los jornaleros? ¿Son conscientes de que a quienes benefician con este subsidio es a unos cuantos productores y no a los jornaleros? ¿Lo va a hacer cada vez que los factores de la producción no se pongan de acuerdo? ¿Se podrán seguir exportando dentro del TLC productos con este tipo de subsidio?
Lo único que quedó claro en la entrevista es que se hizo "para destrabar el conflicto". Y el señor Garay nos confirma así que la única brújula con que cuentan esta escuela de negociadores es la de que apagar fuegos al costo que sea. No hay una concepción de cómo deben ser las relaciones laborales, ni de cuáles son las obligaciones y derechos de cada parte, que es lo deseable, nada. El reflejo es recurrir a la cartera y sosegar los ánimos.
El costo para el país es alto y no es sólo económico.
