y pretensiones de los poderosos externos es
una buena política interna. Justo lo que no tenemos"— Lorenzo Meyer
Soberanía y Debilidad. Para un país en nuestra situación -a la defensiva frente al mundo-, la mejor política externa es una buena política interna. Justo lo que no tenemos.
Ex post facto y para la defensa de nuestra siempre relativa soberanía, el mal menor hubiera sido entregar a los norteamericanos al famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera vía la extradición.
Históricamente, la capacidad del Estado mexicano de preservar su autodeterminación frente a las acciones y exigencias de las grandes potencias ha sido muy relativa. Sin embargo, hubo épocas en que esa posibilidad fue mayor. Hoy, sostener la facultad del Estado mexicano para tomar por sí mismo algunas decisiones, sin requerir de la aquiescencia de ningún actor externo -esa es la esencia de la soberanía- es más difícil que en los años de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Las ataduras económicas con Estados Unidos -el TLCAN- son mayores que entonces pero, y sobre todo, también son mayores las debilidades institucionales, la mediocridad y la corrupción de la clase política. Y es que el carcoma de la corrupción pareciera un mal sin solución, un mal cada vez evidente y que, entre otras cosas, contribuye a debilitar la posición de México en su relación con Washington y con el mundo.
De "El Chapo" y la Legitimidad. La justicia norteamericana ha presentado cargos en media docena de sus cortes contra Guzmán Loera, hoy por hoy el narcotraficante más notorio del mundo y cuya base de operaciones -Sinaloa y regiones circunvecinas-, está a tiro de piedra (o de túnel) del mayor mercado de sustancias prohibidas: el norteamericano. Sin embargo, y en teoría, la justicia en México tiene prioridad. Como "El Chapo" fue recapturado en 2014 en Mazatlán -aunque con ayuda norteamericana-, en términos de soberanía su juicio en México tenía precedencia y de ser recapturados aquí deberá seguir teniéndola. Fue por ello que a inicios de este año el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que sólo se extraditaría a "El Chapo" a Estados Unidos tras cumplir sus sentencias en México: dentro de "unos 300 o 400 años". También debió de haber contado en esto el impedir que el capo pudiera acogerse en su juicio en Estados Unidos a beneficios a cambio de informar allá lo muchísimo que sabe sobre las cosas de acá, (Reforma, 21 de julio).
La posición del exprocurador era perfecta desde el punto de vista de la soberanía del Estado mexicano, como también lo fue la del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) cuando en entrevista con León Krauze apoyó a su procurador. Es más, ante la afirmación del periodista en el sentido que el 70 % del público mexicano sospechaba que el famoso prisionero se podría volver a fugar, un EPN muy seguro de sí mismo desestimó esa posibilidad que, de ocurrir, resultaría "imperdonable". Y es que, también en teoría, en pocos lugares es más contundente -y terrible- la fuerza del Estado que en sus penales de máxima seguridad. Pero resulta que en México ese no fue el caso sino todo lo contrario, situación que afecta negativamente la imagen y capacidad de acción del Estado mexicano frente a la potencia vecina del norte, donde, por cierto, también hay fugas incluso en cárceles de alta seguridad, (The Economist, 18 de julio, 2015).
Los Norteamericanos. Dentro de México, EPN y su partido pueden hacer que el concepto de "imperdonable" no signifique gran cosa y pretender que todo marcha como siempre. Sin embargo, no pueden actuar igual en relación con Estados Unidos, cuyas autoridades ya habían solicitado la extradición de "El Chapo". El New York Times (14 de julio) ha advertido que las relaciones de México con Washington se van a tensar como resultado de la espectacular fuga de Almoloya. El gobierno de EPN no se había mostrado tan obsequioso como el de Felipe Calderón con las autoridades norteamericanas y, entre otras cosas, había disminuido las deportaciones al país del norte. Además, la Secretaría de Gobernación se ha empeñado en centralizar y controlar la red de relaciones entre funcionarios con las agencias de seguridad norteamericanas que operan en México -CIA, DEA, FBI, ICE, DOD, Departamento de Estado, etc.- e impedir que cada una de ellas decidiera con quién y cómo actuar en el país. Sin embargo, con la fuga de Guzmán Loera, Washington tiene hoy mayores argumentos para forzar al gobierno mexicano a modificar sus conductas y actitudes.
Contra las Cuerdas. Si el capo sinaloense llegase a ser recapturado en territorio mexicano, la justicia mexicana seguiría teniendo prioridad en su juicio y castigo, pero Estados Unidos contaría con argumentos fuertes para dudar de esa justicia y de la capacidad de nuestras instituciones para retenerlo. Sin embargo, entregar a "El Chapo" a Washington equivaldría a aceptar que México no es soberano. De ahí que, para el gobierno de EPN lo mejor sería que el capo no fuera capturado o que fuera "abatido" como Arturo Beltrán Leyva (sin cubrir su cadáver con billetes) o Heriberto Lazcano (sin perder el cuerpo como sucedió con éste).
Finalmente. Lo fundamental no es tanto dar con Guzmán Loera y decidir donde se le juzgue. Lo esencial es tener una política interna que no presente flancos tan vulnerables y donde la corrupción puede mandar a la soberanía por un túnel y dejarnos en calidad de cuasi protectorado.
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