Otra masacre en el Distrito Federal. Ahora fueron cinco, entre ellas una persona defensora de derechos humanos, Nadia Vera, y un fotoperiodista de Veracruz, Rubén Espinosa. Me detengo en el periodista porque tengo más información sobre él.
Mueren tantos periodistas por una desigualdad estructural. Hay informadores más vulnerables que otros. Los más expuestos son quienes trabajan en estados como Veracruz, asolado por el crimen organizado y, según voces confiables, por Javier Duarte, un gobernador que ha establecido una maquinaria de espionaje y vigilancia para cooptar o acallar periodistas y activistas. Lo ha hecho amparado en la protección del partido (PRI) y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
También fue importante la displiscencia de algunas dependencias estatales. Rubén Espinosa y otros tres periodistas denunciaron la agresión hecha por policías estatales el 14 de septiembre de 2013. Sobre ellos cayó la furia del gobierno estatal y Rubén se refugió en el Distrito Federal. Sé que ya estaba en pláticas con el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas incorporado a la Secretaría de Gobernación, pero ignoro la consideración que le dieron.
Quien sí lo atendió fue la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República. Durante años la presidió la abogada queretana Laura Borbolla que despierta opiniones encontradas. Estoy entre quienes tienen una buena opinión de su trabajo porque investigué el engranaje y las limitaciones a las que se enfrentaba. Reconozco, eso sí, que la FEADLE no le dio al caso de Rubén Espinosa el seguimiento requerido. En todo caso, la procuradora decidió remover a Laura Borbolla del cargo la semana pasada. Uno hubiera esperado que su relevo fuera alguien con mayor experiencia en la defensa de periodistas. Esperanza inútil.
En la noche del viernes 31 de julio un comando masacró a Rubén, Nadia y otras tres mujeres. Al día siguiente, 1º de agosto, fue nombrado en la FEADLE Ricardo Nájera Herrera, un abogado con experiencia en la vocería de comunicación social de la Procuraduría. En lugar de atraer el caso para demostrar su temple, Nájera se hizo a un lado para que lo tomara el fuero común del Distrito Federal.
El primer impulso del procurador capitalino fue evadir el ángulo de que el gobierno de Veracruz persigue a periodistas y defensores. Ya se sabe que Miguel Ángel Mancera se empeña en negar que la inseguridad y el miedo siguen avanzando en la capital. La indignación por el caso los hizo dar marcha atrás. Esperemos que exploren la línea veracruzana y aclaren la autoría y los motivos. Aun cuando los crímenes tuvieran otras motivaciones es indispensable que la FEADLE, el mecanismo o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan un diagnóstico sobre la situación en Veracruz.
El gremio del cual formo parte tiene su cuota de responsabilidad. Durante su exilio, Rubén no gozó de respaldo financiero. Ocupaba el lugar más bajo de la escala salarial: la de los "free lance" que carecen de seguridad social y cuyos ingresos, minúsculos, dependen de las fotos compradas por los medios. Esta masacre es un recordatorio de la desigualdad estructural que hay entre periodistas. No es lo mismo trabajar en la capital que en estados donde informar con independencia expone a los caprichos del jefe de plaza o del político prepotente. Es momento para que, quienes tenemos un mayor nivel de visibilidad y protección (bastante relativa por cierto), reconozcamos la indefensión estructural que facilita la ejecución y hostigamiento de tantos informadores.
México tiene una burocracia grande y rica encargada de la defensa de periodistas y defensores en riesgo. Debemos, por supuesto, exigirles mejores resultados. Resulta preocupante la opinión expresada por Rubén Espinosa a Rompeviento: "No confío en ninguna institución del Estado".
Sin embargo, es responsabilidad del gremio ocuparse más por los periodistas desprotegidos. La situación de los jornaleros de la noticia debe recibir la visibilidad que se merece. Por mi parte, buscaré a colegas de medios independientes del Estado de México para conocer y difundir la experiencia de ejercer la libertad de expresión en tierra de capos y caciques.
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Colaboró Maura Álvarez Roldán. Agradezco las ideas e información proporcionada por Pilar Tavera, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, organismo que defiende periodistas y defensores amenazados.
