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La negación persistente

Períférico

ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La deuda de Coahuila tuvo en 2010 su mayor crecimiento, pero entonces muy pocos lo sabían. Los funcionarios encargados de las finanzas y el mismo gobernador en esa época sólo reconocían -y así fue hasta mayo de 2011- un monto de 7,400 millones de pesos. De acuerdo con investigaciones posteriores de la Auditoría Superior del Estado, en ese año se contrataron créditos por 20,000 millones de pesos. En junio, en el marco de la campaña electoral para renovar la gubernatura, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, reveló por primera vez que el pasivo bancario de la entidad rebasaba los 30,000 millones.

Luego del ocultamiento por meses, la primera reacción de las autoridades estatales al verse descubiertas fue la negación y la descalificación de quien dio la información atribuyéndole meros intereses partidistas. Posteriormente reconocieron sólo una parte de esa deuda, la mitad. Al final, la cifra rebasó los 33,000 millones de pesos, la deuda fue reestructurada y hoy supera los 36,000 millones. Insistentemente se ha cuestionado el destino de la totalidad de ese recurso, ya que sólo la mitad está explicada en las cuentas públicas de la pasada administración. Luego de cinco años de que fue destapado el escándalo financiero más grande de la historia del estado, la respuesta hasta hoy ha sido la opacidad.

El recordatorio del caso Coahuila se hace obligatorio en momentos en los que se ponen de relieve los problemas financieros que van a dejar los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo debido en buena parte al endeudamiento excesivo y opaco. Es decir, una historia muy parecida a la de Coahuila. Para la figura del presidente Enrique Peña Nieto en particular, y para el PRI en general, que estos cuatro estados se encuentren hoy sumidos en deudas y bajo acusaciones serias de malos manejos y falta de transparencia, representa un duro golpe para los ánimos de "renovación" y "lucha contra la corrupción" que se han querido mostrar.

En buena medida gracias a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, Peña Nieto es hoy titular del Ejecutivo federal. Su candidatura se consolidó cuando el exmandatario estatal tuvo el control de las riendas del comité nacional del partido tricolor. Ya en campaña, el entonces candidato ponderó en el programa de televisión Tercer Grado, en mayo de 2012, a Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge como los representantes del "nuevo PRI", es decir, como parte de la generación de políticos que le estaban dando una imagen distinta al partido. Cuatro años después, Veracruz es un desastre en todos los sentidos con una deuda que rebasa los 46,000 millones de pesos -un aumento de 114 por ciento en seis años-; Chihuahua no se queda atrás, con más de 42,000 millones -un incremento de 241 por ciento-, y Quintana Roo les hace buen tercio con sus arriba de 22,000 millones de pesos de deuda -124 por ciento más que en 2010.

Pero el mal ejemplo de la negación persistente, las descalificaciones y el mal manejo financiero no sólo ha cundido en otros gobiernos estatales. También en los municipios es posible observarlo. Valga en este espacio citar sólo dos ejemplos expuestos en estos días. Uno de ellos tiene que ver con el incumplimiento de los planes de austeridad anunciados desde mediados de 2015 como consecuencia de los recortes presupuestales federales obligados por la caída de los precios del petróleo. A pesar de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el propio presidente de la República, han instado a todos los niveles de gobierno a bajarle al gasto burocrático sin sacrificar la inversión en beneficio de la población, los municipios principales de La Laguna, entre otros, han desoído el llamado.

Una investigación publicada la semana pasada en El Siglo de Torreón arroja que el ayuntamiento de Torreón, a pesar de las constantes promesas del alcalde Miguel Ángel Riquelme de bajar la nómina, subió en el primer trimestre de 2016 el gasto por servicios personales en 12 por ciento en comparación con el mismo período de 2015. Algo similar ocurre con Gómez Palacio, en donde también el alcalde José Miguel Campillo ha prometido disminuir la nómina. En este municipio el aumento de un año a otro fue de 4 por ciento.

Las "explicaciones" rayan en lo incomprensible, como en el caso de Torreón, en donde mes con mes sigue creciendo la nómina porque a pesar de las promesas continúan contratando personal, y la Tesorería se escuda diciendo que el incremento más reciente se debió a la entrega de "Ayuda escolar", prestación a empleados y funcionarios, como si se tratara de un gasto no programado. O simplemente no llegan, como en el caso de Gómez Palacio, en donde hasta ahora la Tesorería se ha negado a aclarar el asunto.

El otro ejemplo se publica hoy en la portada de El Siglo de Torreón, en donde se expone que, de acuerdo a un análisis de la Auditoría Superior del Estado, 21 de los 38 municipios de Coahuila están en aprietos financieros por la falta de liquidez para hacer frente a sus pasivos. Entre ellos destaca el caso de Torreón, el cual no sólo presentaba al cierre de 2015 la deuda a corto plazo más elevada de la entidad, 442 millones de pesos, sino la capacidad de cobertura más baja, 1 por ciento, debido a una disponibilidad de efectivo de apenas 6 millones de pesos.

La respuesta del tesorero Enrique Mota es que la evaluación de la Auditoría es incompleta y afirma: "yo no tengo conocimiento de un municipio que lo que debe lo tenga inmediatamente para pagar en banco". Pero que él no tenga conocimiento no es sinónimo de que no exista. El análisis de la Auditoría lo dice muy claramente: 17 municipios de la entidad sí cuentan con liquidez y hay otros, como Monclova y Arteaga, mucho menos comprometidos que el ayuntamiento de Torreón.

El caso de la deuda de Coahuila dejó como lección que negar persistentemente los problemas financieros, no atender a las recomendaciones en entornos económicos complicados y operar con opacidad y sólo descalificando burdamente a la crítica, no pueden llevar a buen puerto los manejos de los recursos públicos. En vez de mirarse en el espejo del desastre para evitar reproducirlo, estados y municipios terminan por replicar el mal ejemplo.

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