La justicia electoral es un fenómeno político y un conjunto de instituciones y procedimientos jurídicos que, salvo lagunas deplorables en algunas entidades atadas al pasado en esa y otras materias, se ha consolidado ya en nuestro país. La existencia del Tribunal Federal y los locales, y su oportuna y adecuada actuación han contado entre los factores que permitieron asegurar el cumplimiento de las leyes comiciales. Es necesario y es útil observar su funcionamiento y su evolución.
Por eso importa que el Tribunal Electoral del Distrito Federal haya consumado con éxito el nombramiento de su segundo presidente. La legislación electoral capitalina es la más reciente de cuantas rigen en todo el país. El código respectivo fue apenas promulgado en diciembre de 1998, ya realizada la elección del primer jefe de gobierno capitalino por el cual los ciudadanos del Distrito Federal tuvieron oportunidad de votar. Inmediatamente después, en enero siguiente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también integrada conforme a ordenamientos anteriores a la vigencia del actual Código, integró los dos órganos responsables de la función electoral, el Instituto y el Tribunal. Es último es, según el artículo 222 de esa ley, “órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito Federal se sujeten al principio de legalidad”.
Ni más ni menos. El tribunal está compuesto por cinco magistrados numerarios y cuatro supernumerarios. Su nombramiento resulta de una saludable colaboración de poderes, excluido el Ejecutivo: el Tribunal Superior de Justicia propone una lista de por lo menos dos candidatos por cada cargo, y la Asamblea Legislativa hace los nombramientos respectivos con el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Ya que se trataba del acto inaugural, al designar a los magistrados la Asamblea eligió, por una sola vez, al presidente del tribunal. Cuatro años después, concluido el periodo inicial, han sido los propios magistrados quienes escogieron al segundo presidente. Con buenas maneras que van más allá de la cortesía, sino que reflejan una opinión general, el nuevo presidente del Tribunal, Herminio Herrejón, dijo que la Asamblea “acertó en 1999 cuando, en cumplimiento de la ley, eligió a nuestro presidente saliente, Raciel Garrido Maldonado, cuya atinada labor permitió la organización del tribunal y el cumplimiento de sus funciones en un proceso electoral y en dos procesos de participación ciudadana”. Ese proceso, el del 2000, fue especialmente complicado en la capital, porque fueron elegidos no sólo los integrantes de la Asamblea, como viene ocurriendo desde 1988, y el jefe de gobierno (por segunda vez en este caso), sino también los 16 jefes delegacionales.
Las solas formas escogidas por los partidos participantes introdujeron complicaciones relevantes, algunas de las cuales fueron resueltas en último término por el tribunal. Para empezar, los jueces electorales capitalinos debieron pronunciarse sobre la elegibilidad de Andrés Manuel López Obrador, puesta en duda aun dentro de su partido, pero claramente apegada a la ley como lo resolvió el tribunal.
Y luego, el hecho de que uno de los candidatos haya sido presentado por una coalición de partidos y el otro también por varias de esas formaciones pero a través de la candidatura común, obligó a la emisión de sentencias decisorias del proceso político capitalino, como también ocurrió en la distribución de las curules de la Asamblea legislativa. El tribunal local, como había ocurrido en 1996 con el federal, se integró, salvo excepciones, con magistrados cuya experiencia previa había transcurrido en el ámbito de la justicia del fuero común o federal, y con quienes trabajaron en instancias electorales. Así, Garrido Maldonado había laborado en el Tribunal superior de justicia; Juan Martínez Veloz había sido funcionario distrital del IFE; Rodolfo Terrazas Salgado ganó experiencia en dos épocas del tribunal electoral federal; Carlos César Cárdenas Márquez fue asesor jurídico en el IFE; Anastasio Cortés Galindo fue juez civil y secretario en el Trife; María del Pilar Hernández Martínez y Pedro Rivas Monroy desarrollaron tareas académicas.
También fue designado en 1999 Estuardo Mario Bermúdez Molina, que pidió licencia en abril de 2001, para hacerse cargo de la malograda Feads, de cuya corrupción se le ha declarado al margen.
El nuevo presidente, Herrejón Silva, sobresalía desde entonces por una hoja de servicios en que se combinaba el saber jurídico con una sostenida e importante práctica en materia electoral, desarrollada en el Instituto Federal respectivo.
En efecto, tan pronto se organizó el IFE en 1990, Herrejón Silva fue designado director de prerrogativas y financiamiento, dentro de la crucial Dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, que después de las elecciones de 1994 quedó vacante por renuncia de Juan Molinar Horcasitas, que en ese cargo perfeccionó las condiciones que lo hicieron consejero electoral en 1996, por decisión de la Cámara de Diputados.
Durante dos años, Herrejón Silva atendió responsabilidades mayores que las de su ubicación formal con atingencia y escrúpulo que fueron reconocidos aun por los representantes de los partidos que prefieran mantener una situación provisional en espera de que los nuevos comicios fueran atendidos por personal nuevo, como ocurrió.
