La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad al ex jefe del Gobierno de la Ciudad de México Óscar Espinosa Villarreal, que desde hace seis años ha enfrentado acusaciones de peculado, por que el se había dictado ya sentencia condenatoria. Pero según ese Tribunal, el ex regente debió ser procesado ante la justicia federal y no la capitalina, por lo que le concedió amparo que anula el resto de las actuaciones desde 2000. No lo eximió de culpa, que había quedado ya establecida, puesto que no entró a examinar el fondo del asunto, sino únicamente el tema competencial.
Espinosa Villarreal hizo una fulgurante carrera política, que en brevísimo tiempo lo llevó de la suplencia de una diputación local a altas responsabilidades en la administración financiera de México, bajo el salinato. Fue sucesivamente presidente de la Comisión Nacional de Valores y director de Nacional Financiera. De allí pasó a ser secretario de finanzas del PRI, durante la campaña de Ernesto Zedillo. Éste lo nombró jefe del Gobierno capitalino, donde sólo cumplió tres años, pues la reforma constitucional de 1996, que devolvió capacidades a los habitantes de la Ciudad de México, permitió la elección de un jefe de Gobierno, ya no designado por el presidente.
Espinosa Villarreal no estuvo un solo día fuera del presupuesto. Zedillo removió a la secretaria de Turismo Silvia Hernández, sin otra razón que la de ofrecer protección al ex regente. Se presumía que se avecinaban malos tiempos: sin mayoría priista en la Cámara, quizá la Contaduría Mayor de Hacienda (como se llamaba entonces el órgano superior de fiscalización) investigaría los quebrantos padecidos por Nafin. O el Gobierno elegido en el Distrito Federal examinaría con rigor las cuentas del último regente designado a dedo. Esto último fue lo que ocurrió, aunque no faltaba materia para aquella indagación sobre financiamientos a favoritos a través de uniones de crédito que implicaron grave daño patrimonial a Nacional Financiera.
Muy poco después de iniciado su Gobierno, el cinco de enero de 1995, Espinosa Villarreal autorizó a su oficial mayor Manuel Merino, a disponer irregularmente de 420 millones de pesos. Quizá se destinaron a cubrir adeudos de la campaña presidencial de 1994. O a la creación o incremento de un “fondo de reptiles” como se llamaba en España a la caja de donde se pagaba a la prensa venal. El caso es que, como confesión palmaria de que se distrajo el dinero, poco antes de entregar su responsabilidad el oficial mayor devolvió al erario capitalino 135 millones de pesos. Fue una confesión indudable, pues por un lado difícilmente un servidor público puede contar con cantidades de ese alcance como parte de su fortuna personal y menos se desharía de aquella suma si no la hubiera tomado indebidamente.
De allí que se iniciaran investigaciones, primero en el ámbito administrativo y luego en el penal. Nadie podrá decir que hubo apresuramiento en abordar el caso pues transcurrieron dos años entre la primera pesquisa y su culminación ministerial. Ésta consistió en el pedido de la Procuraduría capitalina a la Cámara de Diputados para desaforar al secretario de Turismo, provisto de inmunidad por ocupar ese cargo. Aunque llegó a formarse la Sección Instructora, el procedimiento no prosperó porque Zedillo, que había expresado plena solidaridad con quien manejó el dinero de su campaña presidencial, empezó a tirar lastre después de la derrota priista del dos de julio de 2000: el siete de agosto siguiente despidió al secretario de Turismo, aunque se simuló que pedía licencia para defenderse. Carente así de fuero, se sustrajo a la acción de la justicia. Meses después apareció en Nicaragua, de donde finalmente fue extraditado.
Libró a partir de entonces una onerosa batalla por su libertad. La ganó desde el principio porque consiguió no ser encarcelado ni un momento. En diversas instancias, incluidas las de amparo, fue hallado responsable de la distracción de fondos que se le imputó, y se le sentenció a cuatro años de prisión y a resarcir el daño infligido al erario capitalino. En ese punto radicaba el argumento de las autoridades ministeriales y judiciales del DF para someterlo a juicio: el patrimonio de la Ciudad de México había sido mermado y el Gobierno de esa propia urbe estaba obligado a buscar su resarcimiento y el castigo a quien cometió el delito respectivo.
Agotadas todas las posibilidades jurídicas para evitar que Espinosa Villarreal fuera aprehendido (en los meses recientes se esperaba que eso ocurriera de un momento a otro) su defensa retomó el argumento de la incompetencia de quienes juzgaron al ex regente. Era verdad que Espinosa Villarreal actuaba en la esfera federal, designado por el presidente de la República, en el momento en que cometió el delito. Luego entonces, alegó la defensa y fue oído su argumento por la Suprema Corte, debieron ser las autoridades federales las que lo enjuiciaran. Puesto que no fue así, la conclusión es que se le sometió a una jurisdicción inapropiada y por eso ha quedado en libertad.
En el mismo paquete el ex jefe del Gobierno capitalino recibió otro beneficio: se levantó la inhabilitación por cinco años que la Secretaría de la Función Pública le impuso por distraer diez millones de pesos. Como parte del equipo zedillista, una parte del cual resultó proclive a Calderón, Espinosa Villarreal podrá hallar oportunidades en el próximo Gobierno, si el PAN retiene la Presidencia.
