El 13 de febrero, apenas a los ocho años de edad, Miguel Ángel López Rocha falleció en el Hospital General de Occidente, en Guadalajara. Vecino del fraccionamiento La Azucena, en el municipio de El Salto, cayó el 26 de febrero al río Santiago. Fue sacado con vida de las aguas, e internado de inmediato en aquel hospital pues quedó en estado de coma que concluyó con su muerte 19 días después. Murió envenenado: oficialmente se admitió que la sangre del pequeño contenía niveles de arsénico cuatrocientas veces más altas que el máximo permisible.
La desgracia de la familia López Rocha podría ser anunciadora de la que pueden padecer cientos de miles de personas en la capital de Jalisco, porque el río Santiago, en cuyas aguas Miguel Ángel bebió la muerte, surtirá la presa Arcediano, un ya viejo y polémico proyecto del Gobierno de Jalisco, que está en construcción y servirá para llevar agua potable a Guadalajara. Se discute si es posible limpiar el líquido, aunque sea a un alto costo, o si la alta concentración de metales, producto de desechos industriales impide su adecuado tratamiento. De ser verdad esta última afirmación, servir esa agua a los tapatíos significaría someterlos a un proceso de muerte lenta, pero segura.
Ya ahora mismo, en los municipios ribereños de El Salto y Juanacatlán, los malos olores que esparce la corriente que los surca evidencian la causa de los padecimientos de salud que agobian a buena parte de la población.
Proyecto antiguo, cuya intención original data de la época de los últimos gobiernos priistas (los de Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves), el de Arcediano se concretó durante la Administración de Alberto Cárdenas, y sólo pudo iniciarse en el siguiente periodo, el de Francisco Ramírez Acuña, tras vencer la resistencia de la oposición en el Congreso. El tema de su antagonismo no era tanto la suciedad de las aguas sino el financiamiento para la obra, de siete mil millones de pesos pagaderos en 25 años. De ellos sólo una porción se destinaba al saneamiento del río, y el resto a la construcción, en términos semejantes en que se distribuía la parte aportada por la Comisión Nacional del Agua. Todavía convencido de la bondad de su proyecto, se atribuye a Cárdenas, cuando ya era secretario del Medio Ambiente, haber calificado de “piojez mental y actitud méndiga” la que sustentan quienes objetan la construcción de la presa y el destino de su contenido.
Como primera providencia se procedió a desplazar a los habitantes del poblado Arcediano, principal núcleo afectado por la obra a realizar en la barranca Oblatos-Huextitán. Casi todos los interesados aceptaron la indemnización y el traslado, excepto tres familias que demandaron amparo, de las cuales sólo persiste en su defensa la de la señora María Guadalupe Lara Lara, a la que importa menos el dinero que el respeto al medio ambiente. Y es que, aparte el eventual daño que pueda causarse, llegado el caso, a los tapatíos consumidores de agua, la presa misma alterará el equilibrio ambiental en la zona, como ya empezó a dañar su patrimonio cultural. Ya fue destruido un puente colgante que databa de 1894.
Con motivo de la muerte del niño López Rocha, el licenciado Pedro León, abogado del Instituto de Derecho Ambiental y de la señora Lara Lara acudió a la Cámara de Diputados a solicitar que el Poder Legislativo actúe sobre la situación. Pidió a los legisladores que a su vez soliciten a la Presidencia de la República que a través del Consejo General de Salubridad se emitan “medidas urgentes para prevenir y combatir la contaminación ambiental y garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, toda vez que la grave contaminación del río Santiago y en general de la cuenca rebasan la capacidad del estado de Jalisco para su inmediata atención”. Igualmente pidió exhortar al gobernador de esa entidad para que en su carácter de presidente de la junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua ordene la suspensión de las obras de la presa.
La solicitud a los legisladores cita la abundante evidencia documental que da base a su petición: En 2005, investigadores de la Universidad de Guadalajara estudiaron la calidad de agua y sedimentos de los ríos Verde y Santiago, y hallaron inadmisible la del segundo. En sentido semejante se manifestó en ese mismo año la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio. Hizo lo mismo el Tribunal latinoamericano del agua en marzo de 2006 y octubre de 2007. Y en febrero de ese último año la Organización Panamericana de la Salud realizó una “Evaluación de riesgos e impactos a la salud de la población en la zona conurbada de Guadalajara por la construcción de la presa Arcediano”. Basado en un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el organismo internacional menciona las descargas que diversas actividades de 28 municipios lanzan sobre los ríos Zula, Santiago y Verde. Sobre el sector industrial, el Imta localizó 94 industrias en 12 municipios. Setenta y uno por ciento descarga sobre el río Santiago. De esa cifra, casi el 50 por ciento corresponde a plantas químicas y petroquímicas, 15 por ciento a la industria metalmecánica y metalúrgica. El resto lo aportan otros giros como textiles, automotriz y electrónico.
El Gobierno jalisciense y los sectores empresariales de la entidad no ignoran la gravedad del caso, pero privilegian el desarrollo sobre la calidad de la vida. Tienen razones, pero no razón.
