“Estoy cansado de escuchar acerca de las
víctimas inocentes… No hay víctimas
inocentes. Si naciste en el mundo, eres culpable”.
George Carlin
Jennifer Ertman tenía 14 años de edad; Elizabeth Peña, 16. Ambas eran estudiantes de la Waltrip High School de Houston. Una era anglo y la otra mexicano-estadounidense. No era esto un obstáculo para su amistad.
El 24 de junio de 1993 por la noche caminaban de regreso a sus hogares desde el apartamento de una amiga cuando se toparon con un grupo de cinco jóvenes, miembros de una pandilla llamada los Black and Whites. Éstos habían estado bebiendo y llevando a cabo una ceremonia de iniciación de un nuevo miembro. Los acompañaban tres hermanos que no formaban parte de la pandilla.
Los pandilleros detuvieron a las niñas por la fuerza. En un principio Jennifer logró zafarse y corrió, pero su amiga Elizabeth le pidió auxilio a gritos por lo que regresó. Los jóvenes aseguraron así a las dos y empezaron a violarlas. Algunos policías que más tarde investigaron el caso describirían las tumultuarias violaciones, por las heridas que los pandilleros dejaron en los cuerpos de las víctimas, como las más violentas que jamás habían visto.
En ningún momento hubo menos de dos pandilleros sobre cada una de las niñas. Las violaciones fueron orales, anales y vaginales. Uno de los pandilleros se vanagloriaba de haber sacado “sangre virgen”. Las niñas fueron salvaje y repetidamente golpeadas por los pandilleros. A Jennifer le tiraron dos dientes de los golpes.
La violación terminó después de una hora por agotamiento de los pandilleros. Las víctimas estaban convertidas en verdaderas piltrafas. Pero la pesadilla no terminó. Dos de los agresores empezaron a estrangular a Jennifer con un cinturón: cada uno tiraba de un extremo. Como el cinturón se rompió, utilizaron las agujetas de ella para terminar su labor. “La puta no se moría”, declaró posteriormente Joe Medellín, uno de los asesinos. Elizabeth suplicó después que no la mataran, pero también la estrangularon con sus agujetas.
Los pandilleros siguieron pateando y pisoteando a las niñas para asegurarse que estuvieran muertas. A Jennifer le rompieron dos costillas a patadas, pero la necropsia revelaría que ya para entonces no estaba sufriendo.
El hermano de uno de los asesinos proporcionó la primera pista que permitió que la Policía los localizara y los detuviera. Una vez que se les aprehendió, confesaron su crimen. Nunca hubo dudas de la autoría. El hermano de Medellín, que tenía 14 años de edad, que no participó en el doble homicidio, pero sí violó a Jennifer, fue condenado a prisión. Los cinco que participaron en los homicidios, entre ellos Medellín, nacido en México, pero residente en los Estados Unidos desde los seis años, fueron condenados a muerte.
Quince años después sólo uno ha sido ejecutado. Se trata de Sean O’Brien, quien murió por inyección letal, una muerte supuestamente diseñada para no producir dolor, el 11 de julio de 2006. Los otros han litigado en los tribunales durante años para evitar ser ejecutados.
Medellín ha obtenido el apoyo del Gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país argumenta que se le debe juzgar nuevamente porque no se le dijo que tenía derecho a obtener apoyo del consulado. Él nunca lo solicitó porque, al parecer, se consideraba estadounidense. Desde un principio, de hecho, confesó su participación en la violación, tortura y homicidio de las niñas.
El Gobierno de México llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la cual le dio la razón a nuestro país. El juicio de Medellín debía declararse inválido ya que las autoridades texanas no habían informado al acusado que podía pedir el apoyo del consulado mexicano de conformidad con la Convención de Viena sobre derechos consulares. El propio presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, recomendó a los tribunales estadounidenses que aceptaran el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana determinó que el juicio de Medellín había sido justo y que la decisión de la Corte Internacional no tenía por qué ser obedecida por los tribunales de Texas. Todavía ayer, la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, cuestionó públicamente la decisión de la Suprema Corte.
Y es muy claro que se violaron los derechos consulares de Medellín. Pero no deja de ser indignante que mientras la canciller Espinoza defiende a Medellín a nadie se le ocurre recordar los hechos de la noche del 24 de junio de 1993. A Jennifer y a Elizabeth tampoco les leyeron sus derechos… ni consulares ni de ningún otro tipo.
NO ES DEFENSA LA VERDAD
La verdad no es defensa en nuestro país en los juicios por daño moral. Santiago Pando y su esposa Maritza Pérez Aguilar afirmaron que el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos había detenido injustamente a la madre de ella, Artemisa Aguilar Moreno, por supuesto tráfico de personas. La afirmación de la pareja era tan cierta que el 3 de noviembre de 2005 Artemisa fue absuelta después de pasar 19 meses en la cárcel (un ejemplo más de este sistema de justicia nuestro, no modificado pese a lo que dicen los diputados en sus anuncios, que nos considera a todos culpables mientras no demostremos lo contrario). El que las afirmaciones de Pando y Pérez Aguilar hayan sido ciertas, sin embargo, no impidió que un juez de amparo fallara en su contra en un juicio por “daño moral” promovido por Santiago Vasconcelos.
