Francamente corrido a la derecha, el jefe nacional panista Germán Martínez anunció en León que se propone “guanajuatizar” a México. Es, según el destinatario, una promesa o una amenaza. Aun como oferta, transformar al país entero en una réplica de Guanajuato indicaría, en el mejor de los casos, el retorno al tiempo del partido único, del carro completo y, muy probablemente, de la manipulación electoral.
Después de que el Gobierno de Salinas impidió a Vicente Fox ser gobernador, pero compensó al PAN con un interinato, el partido ganó los comicios en 1995, 2000 y 2006. En este último año, por si fuera poco, prácticamente arrojó de la escena a sus contendientes, pues obtuvo las senadurías de mayoría y las 14 diputaciones federales, así como la gubernatura, 36 de los 46 ayuntamientos y 23 de las 36 curules del Congreso local. Pero tal vez no ganó tan limpiamente.
Cuando pareció que trataba de realmente determinar la calidad de la elección y ordenó abrir paquetes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación, se encontró que en buen número de casos las actas no reflejaban los resultados, sino que al PAN se le anotaron votos de más. Esa irregularidad “se dio con mayor intensidad en el estado de Guanajuato”, apuntó en un estudio sobre los paquetes reabiertos el experto Hugo Almada, del Comité conciudadano para el seguimiento del proceso electoral: “El 42 por ciento de toda la diferencia que arroja el recuento, a favor de la Coalición, proviene sólo del ajuste en los 316 paquetes que se abrieron en Guanajuato, a pesar de que éstos son sólo el 2.7 por ciento de los que se abrieron en todo el país. Mientras el saldo promedio por casilla a nivel nacional fue de 1.14 votos y en ningún estado llegó a dos votos, en Guanajuato este promedio arroja ¡17.59 votos por casilla!”.
Al detenerse a examinar casos específicos en los distritos tres, cinco y seis, todos con cabecera en León, Almada halló en los dos primeros “un patrón muy claro: en todas se le habían puesto votos de más al PAN”. Por eso consideró “imprescindible que el Tribunal aclare lo que pasó. Mínimamente es necesario completar estos distritos y abrir todo Guanajuato”. El Tribunal, sin embargo, no lo hizo y nos quedamos sólo sospechando “si la misma alteración se presenta, y en qué medida, en algunos de los once distritos restantes”.
De esa elección surgió un Gobierno que el principal periódico local, AM, ha acusado de autoritario y represor, además de falto de autonomía, porque está dominado por la secta política conocida como El Yunque. Uno de sus líderes, Gerardo Mosqueda, es el secretario de Gobierno y da la apariencia no de que depende del gobernador Juan Manuel Oliva, sino de lo contrario. El once de mayo del año pasado abrió a plena conciencia un frente contra la prensa local. En un discurso de 18 minutos ante delegados federales lanzó una filípica contra Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar, directores respectivamente de AM y Correo. Cuando, sorprendidos por el insólito comportamiento del segundo del gobernador los afectados acudieron a éste, su respuesta fue solidaria con Mosqueda que, le dijo, “tendrá sus razones para hacerlo”.
Gómez Orozco acudió ante la procuraduría local de derechos humanos y la Comisión nacional, que atrajo el caso. Ambos organismos emitieron recomendaciones al gobernador para que instruyera al secretario a pedir públicamente ser disculpado por los directores ofendidos. Mosqueda se burló de los agraviados y de todos al ofrecer una disculpa en que ni siquiera los mencionó y extendiendo su petición a su propia familia, porque lo apoya. Después, francamente el gobernador rechazó las recomendaciones.
Si bien las indagaciones de Álvaro han arrojado pistas claras sobre El Yunque y el papel relevante de Mosqueda en esa organización secreta, una investigación publicada por AM el dos de junio, realizada en el terreno mismo en que se mueven los secreteros y con información de primera mano hizo concluir a ese diario que “una secta fanática manda desde las sombras por encima de los funcionarios electos”
El Gobierno fue más allá de los insultos. Dispuso un boicot informativo contra los diarios de los directores ofendidos y la cancelación de los anuncios gubernamentales en sus páginas. Luego extendió la orden a los alcaldes. El de León quiso resistir, pero al final cedió a la instrucción y confesó a Gómez Orozco que lo habían forzado a hacerlo. Por todo ello, los diarios AM hicieron publicar el 7 de junio una denuncia con los hechos narrados, que apareció en sus páginas y en las de los periódicos más relevantes de una decena de ciudades. El 16 de junio siguiente la Sociedad Interamericana de Prensa se dirigió al gobernador preocupada por esos actos persecutorios, cuyos efectos trascienden a los interesados. Por ejemplo, AM informó que los anuncios gubernamentales, ahora ausentes de sus páginas, significan sólo el tres por ciento de sus ingresos. Pero no es lícito, recordó la organización periodística continental utilizar los recursos públicos como medio de represión.
Gómez Orozco se ha preguntado “¿qué sería de México sometido a un Gobierno autoritario, fanático e intolerante?” como el que está asentado en Guanajuato. Germán Martínez se propone responder a esa pregunta con su ufana promesa de guanajuatizar a México, es decir establecer en el país un Gobierno como el descrito y sufrido por el director de AM. Con Policía como la de León, además, a la que se enseña a torturar.
