Demanda ciudadana Dos mantas con la leyenda “¡Exige seguridad!” fueron colocadas en la Torre Latinoamericana, a unos días de que se lleve a cabo la marcha para protestar contra la inseguridad en el país. (El Universal)
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el pasado 21 de agosto entre los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, los sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, el cual incluye 75 compromisos cuyo tiempo de ejecución va de un mes a dos años.
En el primer punto del Acuerdo que se incluye en el Diario Oficial de la Federación se menciona el compromiso del presidente Felipe Calderón de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza, que tiene un plazo de cuatro meses para su cumplimiento.
El punto de mayor celeridad que se incluye en el Acuerdo es la agilización de los procesos judiciales relativos a personas acusadas de narcotráfico y delincuencia organizada “minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos”.
El plazo establecido es de 30 días
En el otro extremo, los compromisos que demandan un máximo de dos años para su ejecución son el establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos para perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, promoción y retiro de los MP; el fortalecimiento del Sistema de Aduana; y la sistematización de la información judicial “para una mejor coordinación entre autoridades”.
El documento incluido en el Diario Oficial de la Federación aclara que los compromisos adquiridos entraron en vigor a partir de la suscripción del Acuerdo, el pasado jueves 21 de agosto.
En el caso de los medios de comunicación, el pacto detalla los siguientes puntos: Evitar hacer apología del delito, respete integralmente la dignidad de las víctimas, evitar la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas; y establecer criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad.
