El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de 3 generales, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 3 mayores y 6 suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con “los desaparecidos de Soacha”.
Entre enero y marzo pasados, entre once y veinte jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como “muertos en combate”, pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el tres de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.
Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión “encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción”. El comunicado agrega que “esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad…”.
La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre quince y treinta mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos cuarenta años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.
Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual Administración federal la cifra llega a seiscientas personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuantas resultan de “levantones” practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.
Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna, pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.
Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el Gobierno Federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del Gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera “al objetivo esencial que la convoca”, que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la Administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: Arraigó durante noventa días a dos agentes de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.
El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...
