Dicen que no existen indicios de que vinculen al taller de Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva con el accidente aéreo.
Jesús Rangel, dueño del taller que daba mantenimiento al LearJet 45 que se desplomó el 4 de noviembre y que fue suspendido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) interpuso un amparo en contra de esa acción. Su abogado, Víctor Montes, argumentó que no existen indicios de que vinculen al taller de Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva con el accidente aéreo.
“¿Por qué nos castigan como taller aeronáutico si nosotros no tocamos la aeronave por última vez?, le hicieron un servicio de mantenimiento mayor en Houston, Texas y el avión regresó en óptimas condiciones, le revisaron todo”, indicó en entrevista.
De acuerdo con el abogado, el 27 de noviembre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) notificó a la empresa su suspensión, la cual interpuso un recurso de revisión ante la SCT, que fue revocado a los cuatro días.
Por ello, la empresa que opera en el aeropuerto de Toluca no puede funcionar hasta que el juez no defina si la suspensión que ordenó la dependencia es legal.
Los documentos presentados muestran que los motivos por los que cancelaron su funcionamiento están relacionados con que ésta ofrecía servicios no autorizados por la SCT vinculados al despacho y control del vuelos así como de asignación de la tripulación.
Sin embargo, afirmó el abogado, el taller notificó a la SCT una vez que ganó la licitación en 2007 para brindarle mantenimiento al LearJet 45.
“Ellos nos contestaron que por lo que hace al mantenimiento de la aeronave no tenían ningún inconveniente y por lo referente a las cuestiones administrativas y de tripulación no se analizó porque no somos competentes en la materia”, dijo.
Además, argumentó, en relación a los pilotos que manejaban el avión la empresa no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a su capacitación porque es la SCT y la DGAC las autoridades que expiden sus licencias.
“No puedo cuestionar un documento público, si a mí los señores llegan y me acreditan con documentos de la SCT que tienen licencia para volar una aeronave de ese tipo y además me entregan sus certificaciones por una escuela validada por la misma Secretaría, yo no tengo por qué poner en duda los documentos que ellos entregan”, afirmó.
Señaló que la suspensión es ilegal porque la Ley de Aviación Civil en su Artículo 81 establece que en el caso de una investigación sobre un accidente aéreo se sancionará hasta que hayan concluido las investigaciones y éstas siguen en curso.
Rangel indicó que su empresa había sido supervisada por la DGAC en ocasiones repetidas y que incluso el 27 de septiembre de este año les habían extendido el permiso para ofrecer más servicios.
Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva ganó la licitación de la SEGOB para operar el LearJet en 2006, la perdió en 2007 y en 2008 la recuperó.
Lamentó que se trate de culpar a los pilotos del accidente cuando ellos están muertos.
