Uno de los funcionarios de Gobernación suspendidos era responsable de la aeronave donde viajaba el extinto secretario Juan Camilo Mouriño, el pasado 4 de noviembre. (El Universal)
Un ex vendedor de puertas y un ex directivo bancario son investigados por su responsabilidad en el accidente.
Francisco González Muñoz, ex vendedor de puertas y Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, ex directivo bancario, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron suspendidos temporalmente de sus cargos para ser investigados por presuntas irregularidades en la licitación y mantenimiento del LaerJet 45, en calidad de presuntos responsables.
De acuerdo a datos del expediente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ambos servidores públicos fueron contratados durante el Gobierno del ex presidente Vicente Fox y en caso de ser encontrados culpables, pueden alcanzar 10 años de inhabilitación más sanciones penales aún por determinarse.
González Muñoz, se desempeña como director general adjunto de Seguridad y Aeronaves en la Segob, incluida la que trasladaba al ex secretario Juan Camilo Mouriño, fue gerente de ventas en Premdor, México, antes de llegar a esa dependencia en julio de 2001.
Juraidini Rumilla, quien es todavía director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, cargo considerado en la Administración pública como menor, el cual asumió en enero de 2004, aunque ingresó como director de Operación y Servicios en noviembre de 2001 de la Segob. Antes, se desempeñó como subdirector de adquisiciones y servicios generales en Bancomer.
De acuerdo a la investigación de la SFP en coordinación con la Contraloría Interna de la Segob, se han reunido elementos suficientes para investigar la presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios por actos donde hubo omisiones, ante lo que se determinó su separación del cargo para asegurar la conducción y continuación de las indagatorias, impedir su obstaculización y la posible alteración de documentos.
Sin embargo, con base en el Artículo 21 de la Ley Federal de Servidores Públicos, en el caso de no encontrarse ninguna responsabilidad en el accidente ocurrido el 4 de noviembre, la legislación establece que si se dicta un fallo en este sentido, se les deberán rembolsar sus “salarios caídos” e incluso, su cargo.
Cabe subrayar que tanto González Muñoz como Juraidini Rumilla, están en calidad de presuntos responsables, lo que establece que si bien hay suspensión temporal de sus funciones, dicho estatus, no prejuzga sobre su responsabilidad en las presuntas irregularidades.
Funcionarios de la SFP explicaron que la inhabilitación terminará cuando así lo decida esta dependencia en acuerdo con el contralor interno de la Segob. A partir del 16 de diciembre pasado, fecha en la que fueron inhabilitados dichos funcionarios, “se suspenden los efectos que hayan dado origen a la ocupación del empleo, por lo que no pueden ser asignados a otra función”, además de que si son declarados culpables, pueden alcanzar unos 10 años de inhabilitación como funcionarios y sanciones penales aún por determinarse.
Las autoridades de la SFP subrayaron que aún continúan las diligencias sobre el avión adquirido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 2003, mientras que la licitación se hizo a partir de 2008 para mantenimiento, permisos aeronáuticos y de tripulación.
González Muñoz, quien era el responsable de elaborar la ficha técnica de las bases de licitación de la aeronave, antes había trabajado en la Iniciativa Privada como gerente de ventas en Premdor, México, especialista en el diseño y fabricación de puertas, marcos y accesorios, gerente de ventas, y más atrás estuvo en Printer SA, codirector de recursos materiales, en 2000.
En la página de Internet de Premdor, México se destaca que dicha empresa adquirió a Masonite, Corporation en agosto de 2001, es decir, un mes después del arribo de González Muñoz a la Segob, “convirtiéndose en el líder manufacturero y comercializador de puertas en el mundo”.
