Para los tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, presos en el Penal del Altiplano, la justicia en México impide sancionar a funcionarios que violan los derechos humanos, por lo que sugieren a la Suprema Corte dar vista a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el expediente que analizarán a partir de hoy.
Mediante una carta fechada el 31 de enero, el abogado Héctor Galindo -quien junto a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez enfrentan condenas por secuestro equiparado y están presos en ese penal- solicitó a los ministros de la Corte enviar al Comité de Derechos Humanos de la ONU la investigación sobre los abusos policiacos cometidos durante las incursiones en Atenco y Texcoco, en mayo de 2006.
"Debido a que la impunidad reinante en México, obstruye el acceso a la justicia, el procesamiento y sentencia de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, entonces (solicito) se le dé vista al Comité de Derechos Humanos de la ONU...
"Para que los servidores públicos mexicanos, corresponsables de la aborrecible política represiva, sean declarados 'criminales en libertad', sus nombres sean publicados en la lista de delincuentes buscados, posteriormente puedan ser apresados y juzgados por los tribunales de cualquier Estado miembro o principalmente por el Tribunal Internacional correspondiente", demanda el documento.
La petición será entregada formalmente a la Corte esta semana, cuando los ministros comiencen el análisis de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes federales, del Edomex y de Texcoco en las movilizaciones.
En la misiva, también se solicita al pleno de ministros responsabilizar a todos los servidores públicos que participaron en los hechos, y ordenar la emisión de protocolos para el uso de la fuerza pública contra civiles y para la reparación de los daños que sufrieron quienes se vieron envueltos en los operativos.
En opinión de Galindo, la discusión evidenciará de qué lado está la Suprema Corte.
"En su calidad de órgano de control constitucional, su esencia es clara: defender al ciudadano del abuso del poder, del presidente, de los gobernadores, de policías y militares".
