Desde su nacimiento el 18 de julio de 1993, Televisión Azteca una y otra vez ha desafiado al Estado. Lo ha hecho de muy diversas maneras: utilizando la pantalla de televisión para sus fines particulares; ocupando violenta e ilegalmente las instalaciones de Canal 40 para retransmitir su propia programación; ignorando las pautas de transmisión en los tiempos de Estado; y ahora violando claramente su título de concesión y prestando servicios no autorizados.
En el primer rubro, el primer incidente se vivió después de la detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando empezaron a surgir los vínculos financieros entre el “hermano incómodo” y Salinas Pliego. En su reacción la televisora dio cuenta del uso patrimonialista de la concesión: utilizó el bien público para la defensa de intereses estrictamente particulares; desde las pantallas televisivas fustigó incluso a los periodistas que daban cuenta de los hechos.
Posteriormente, el 7 de junio de 1999 el asesinato del conocido conductor de televisión Paco Stanley, quien en ese momento laboraba en la televisora, provocó un desmesurado mensaje del mismo Ricardo Salinas Pliego, en el que renegaba del régimen democrático.
También se recuerda la embestida que inició en abril de 2005, contra el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cuando la CNBV instauró un procedimiento para sancionarlos por lesionar los intereses de sus accionistas minoritarios, tal como sucedió en el vecino país del norte.
La práctica se ha repetido contra los Saba, cuando intentaron asociarse con Telemundo para iniciar en México una tercera cadena de televisión al inicio del sexenio; contra el dueño del grupo Reforma, cuando sus periódicos han difundido información sobre la televisora; contra el Senado de la República, cuando se discutía la reforma electoral de 2007.
La lista es interminable, el uso de la pantalla para la defensa de sus intereses personales y para agredir, en lo personal, a quienes consideran sus enemigos e, incluso, en algunos casos manifestándose clara y abiertamente en contra de las instituciones públicas mexicanas.
En el segundo rubro, es memorable la madrugada del viernes 27 de diciembre cuando un comando armado bajo las órdenes de altos funcionarios de TV Azteca, secuestraron las instalaciones de transmisión de CNI Canal 40, ubicadas en el Cerro del Chiquihuite en la Ciudad de México, para sacar del aire la programación de dicho canal y en su lugar transmitir la señal de Azteca 13. La ocupación ilegal se sostuvo durante un mes ante la inacción del Gobierno Federal.
En el tercer caso, basta recordar el enfrentamiento con el Instituto Federal Electoral en enero de este año al colocar una cortinilla y agrupar todos los spots publicitarios hasta en módulos de seis minutos, interrumpiendo la transmisión de eventos deportivos (el Súper Tazón, como el más recordado), para lograr que los televidentes repudiaran la recién inaugurada legislación electoral. El mismo Salinas Pliego declaró que todo fue una acción concertada entre las televisoras, aunque según él era para no perder audiencia.
Y a partir de enero de este año, simultáneamente con el otro desafío, el inicio de la prestación de un servicio para el que no está autorizado. TV Azteca y Proyecto 40 utilizan los canales espejo, que les fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para transmitir en vía digital la misma programación que transmiten en el canal analógico, para la prestación de un servicio de televisión de paga. Tal como denunció el 27 de enero de este año, Gabriel Sosa Platas, en su columna en el diario El Universal, TV Azteca “multiplexó sus canales digitales” para transmitir en lugar de dos señales, 10. El problema es que el marco jurídico no se lo permite.
Pero el inicio de este servicio fue la respuesta a una negativa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que el 27 de agosto de 2008, le negó la solicitud de prestar el servicio de “video en demanda” y de Internet a través de sus canales. Además de impugnar la resolución por la vía del amparo, también tomó la vía de los hechos, al iniciar la prestación del servicio de televisión restringida.
Así la historia es la misma: TV Azteca sistemáticamente desafía al Estado Mexicano, que también sistemáticamente actúa lenta y débilmente. En este caso se repite la historia: desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2007, la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, el m inistro Genaro Góngora, como señala Sosa Platas en su columna, “sugirió que el Poder Ejecutivo reformara el Acuerdo de Política de Televisión Digital, específicamente en la parte relativa a la prestación de servicios de telecomunicaciones en canales de tv, para adecuarla a la ley ante la expulsión del artículo 28.”
Pero ni la SCT ni la Cofetel han hecho nada al respecto, lo cual aprovechó –como siempre— TV Azteca para iniciar esta empresa. Y, luego, a pesar de que la televisora inicia con dicho servicio desde enero, tienen que pasar cuatro meses y medio, para que finalmente resuelvan iniciar un procedimiento sancionatorio. En este caso no hay duda cabe la máxima sanción: el retiro de la concesión y el decomiso de equipo e instalaciones.
Cofetel y la SCT nuevamente tienen la palabra y la oportunidad de frenar inmediata y definitivamente a este poder fáctico, que de lo contrario seguirá fortaleciéndose al amparo de la debilidad gubernamental.
