En la decisión gubernamental de aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas, la infracción a la ley ha corrido a cargo de los funcionarios que para lograr aquel objetivo ordenaron extinguir a Luz y Fuerza del Centro. En cambio la agrupación sindical ha privilegiado el apego a la legalidad. Aunque nadie sincero y sensato puede garantizar la primacía del derecho, en la desigual pugna entre ambas partes del conflicto, conviene a los trabajadores agotar las instancias legales en defensa de sus intereses y sus derechos. Proceder de otra manera, como lo propone la dirección sindical al instar a recuperar pacíficamente las instalaciones del organismo en liquidación, sería un error, útil no a los propósitos del SME sino a los de su enemigo el Gobierno.
En el mitin efectuado anteayer en la Plaza de la República, el secretario general del sindicato, Martín Esparza -título que le viene de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y del que no puede desposeerlo el abuso de la autoridad administrativa ni la abulia de la autoridad jurisdiccional, que no se atreve a emitir el laudo sobre el conflicto interno del sindicato- anunció que al cumplirse un mes del decreto que puso en liquidación a LyF, el próximo miércoles once de noviembre, las movilizaciones sindicales incluirán la toma de las instalaciones del organismo. Si bien recalcó que se trata de una acción pacífica, y salvo que sea también simbólica, es obvio que el intento será resistido por la Policía Federal, que resguarda los predios de la antigua compañía eléctrica.
Si los electricistas lograran su objetivo de volver a sus centros de trabajo podrían ser acusados por varios delitos, y con ellos su secretario general por haberlos instigado a cometerlos. Nada satisfaría tanto al Gobierno como tener una causa para aprehender a Esparza, sobre el que pesan amagos de esa naturaleza. El segmento autoritario de la sociedad aplaudiría rabiosamente su encarcelamiento, que sería entendido como la secuela necesaria tras la extinción del organismo cuyo deterioro ha sido atribuido por el Gobierno a los abusos del sindicato.
Es mejor que el SME persevere en utilizar los caminos de la ley en su lucha por preservar su fuente de trabajo, la vigencia del contrato colectivo y las existencia misma del sindicato. Aunque mañana viernes seis puede ser revertida esa decisión por la misma jueza que concedió la suspensión provisional, el primer lance de la vasta panoplia jurídica de que dispone el sindicato se resolvió a su favor. Merced a esa resolución judicial, hasta ahora la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha abstenido de dar por terminada la relación colectiva de trabajo. Si la pulcra actitud de la jueza federal Guillermina Coutiño Mata fuera modificada por presiones sobe la funcionaria, queda abierto el camino de la revisión.
Asimismo, el 28 de octubre el SME presentó una demanda de amparo contra el decreto que extingue a Luz y Fuerza del Centro. A ella se sumarán decenas de miles de demandas semejantes, suscritas por cada uno de los trabajadores que hayan antepuesto su dignidad a sus necesidades y se mantengan impasibles ante el vulgar señuelo con que el Gobierno busca comprar voluntades para minar la resistencia sindical Se buscará a través de esos juicios que se decrete la inconstitucionalidad de la medida presidencial, ya que se violaron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los trabajadores y su agrupación sindical. Se alega en las demandas, igualmente, la mala aplicación de la Ley federal de entidades paraestatales.
Otros medios de control constitucional serán desplegados, ya sea por la Cámara de Diputados o por otros cuerpos colegiados. Quizá hoy mismo el pleno en San Lázaro resolverá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad respecto del mismo decreto. Aun si ese órgano legislativo acordara no requerir el parecer de la Suprema Corte de Justicia, ésta será llamada a intervenir porque tanto la Asamblea legislativa del Distrito Federal como el ayuntamiento de Tetepango iniciarán sendas controversias constitucionales por la acción del Gobierno Federal que lesiona a los habitantes de la capital de la República y a los de ese municipio hidalguense.
Otras acciones legales, éstas concernientes a los derechos laborales, están igualmente en preparación. Por un lado, los electricistas iniciarán demandas individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. En ese terreno cabe también demandar que la Comisión Federal de Electricidad sea declarada patrón sustituto para caberse cargo de las obligaciones laborales del organismo público en liquidación.
En un entorno viciado por la frecuente vulneración del orden jurídico (alterado con tal frecuencia y hondura que es más bien un desorden jurídico) es difícil que los electricistas mantengan su esperanza en que la ley revierta la decisión que busca extinguir al SME al mismo tiempo que a LyF. Pero ya que han iniciado ese conjunto de apelaciones a la ley, los trabajadores deben esperar que sigan su curso. Es lícito y necesario, ciertamente, apuntalar la posición sindical mediante movilizaciones propias y de sectores que acudan en su apoyo. Pero instar a la recuperación de las instalaciones se aparta de ese camino y resultará contraproducente. Es un recurso extremo al que cabría considerar como necesario en otro momento de la lucha. El infractor es el Gobierno, no el SME.
