Un desorden generalizado en cuanto al otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia en materia de seguridad y Protección Civil originaron el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores, en junio de 2009.
Un desorden generalizado en cuanto al otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia en materia de seguridad y Protección Civil originaron el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores, en junio de 2009.
La Comisión Investigadora del caso, creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concluyó además que el fuego se originó en una bodega contigua a la guardería que era utilizada por la Secretaría de Hacienda para almacenar documentación y placas de automóvil.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, integrantes de la Comisión presentaron al pleno de la Corte su informe preliminar sobre las indagatorias que encabezaron, señalaron que en los hechos hay involucrados funcionarios del IMSS, del gobierno de Sonora, y del municipio de Hermosillo.
Asimismo, revelaron que el IMSS no tiene la facultad legal para otorgar contratos para la prestación del servicio de guardería, los cuales durante 26 años se han concedido con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y acuerdos del Consejo Técnico.
Subrayaron que el hecho de que el Consejo haya expedido disposiciones que permitan que terceros ajenos a la relación laboral otorguen el servicio de guardería a hijos de derechohabientes, es una interpretación distinta a dichas normas.
Esta situación, consideraron los comisionados, puede obedecer a la carencia de recursos económicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para instalar y operar sus propias guarderías y a la urgente necesidad de proporcionar el servicio a cientos de miles de niños anualmente.
En este sentido, indicaron que la circunstancia de que sólo estén en operación 11 guarderías de patrones, 'es decir, de las verdaderamente subrogadas', es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable, apuntaron.
La Comisión determinó que sólo 14 contratos de guarderías de un total de mil 480 cuentan con los requisitos que establece la normatividad, y que 11 contratos se regularizaron después de su suscripción, y que en los demás existe ausencia por lo menos de un requisito documental.
Estas cifras, puntualizaron los integrantes de la Comisión prueba 'la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado'.
Añadieron que 'la operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el punto tres por ciento de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento'.
De igual manera, señalaron que 'la supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo', se cumple sólo en el 88.7 por ciento del universo, lo que equivale a mil 298 guarderías.
Los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzon Sevilla informaron que en el caso de la guardería ABC donde también resultaron lesionados 75 niños, la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como 'cooler', en la bodega de la Secretaría de Hacienda del estado.
En la nave, contigua a la guardería, se propagaron las llamas hacia cajas de cartón, y ante la inexistencia de un muro cortafuegos, que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, permitió la concentración de grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor en el inmueble donde se encontraban los niños.
Agregaron que cuando el cielo raso ya no resistió el calor, cayó, lo que permitió que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.
Recalcaron que la evidencia demuestra que en la bodega no había detectores de humo o extinguidores, y tampoco sistemas contra incendios, a los que estaba obligada por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que almacenaba.
De igual manera, expusieron ante los ministros de la Corte que 'no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil'.
