En diez años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 41 denuncias de hechos contra funcionarios federales y locales por un monto total de 3 mil 895 millones de pesos. Pero pocas han prosperado.
Y es que, en la mayoría de los casos la Procuraduría General de la República (PGR), que recibió los expedientes a través del Ministerio Público federal, ha dilatado las investigaciones, y aunque pasaron a veces nueve años desde la presentación de las pruebas, aún no ha terminado de integrar las averiguaciones previas.
De acuerdo con información de la ASF, sólo tres de las 41 denuncias fueron "consignadas" a un juez, mientras que 24 de ellas siguen "en integración"; cinco han sido "acumuladas" y seis están "en reserva". Incluso, en tres de ellas se declaró el no-ejercicio de la acción penal.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, admitió que el panorama no es muy alentador al ser cuestionado sobre la impunidad de funcionarios que desvían recursos públicos. "No ha pasado nada. Es muy difícil", dijo en entrevista.
Portal dijo que espera reunirse próximamente con el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, "para que esto camine".
Las tres denuncias consignadas ante un juez corresponden a irregularidades cometidas por servidores públicos del ISSSTE en Morelos, en 1998, por 4 millones 836 mil pesos; de la Lotería Nacional en 1999, por 4 millones 63 mil pesos, y la tercera es de directivos de Pemex que desviaron recursos hacia el sindicato petrolero en 2000 por mil 421 millones de pesos.
Además, la PGR no ejerció acción penal contra funcionarios de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (1998), de Fortamun DF-Tenabo, en Campeche (1999) y de la Secretaría de Turismo (1999).
En el caso de Sectur, se detectaron pagos indebidos a trabajadores de la entidad como complemento del salario, sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda, por un monto de 3 millones 179 mil 370 pesos. La PGR no halló elementos suficientes para proceder penalmente.
EN LISTA DE ESPERA La PGR sigue integrando las averiguaciones previas sobre 24 denuncias. Tres de ellas implican a funcionarios del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como de Pemex Corporativo y Pemex Refinación, todas por irregularidades cometidas en 2005.
En el SAE se constató que servidores públicos enajenaron inmuebles del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a un valor inferior al valor catastral y comercial, por casi 11 millones de pesos.
La Procuraduría sigue sin definir si consigna a Luis Ramírez Corzo, ex director general de Pemex por disponer de mil 724 millones comprometidos de ejercicios presupuestales anteriores y entregados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
En el caso de Pemex Refinación, la acusación es contra mandos que adjudicaron un contrato de fletamento, por tiempo, de un buque-tanque a precios superiores a los ofertados en el mercado. El monto de recursos federales en juego alcanzó 53 millones de pesos.
Otras dos denuncias, en proceso de integración, fueron presentadas contra funcionarios del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE hace ya nueve años, y quienes presuntamente cometieron irregularidades por más de 21 millones de pesos al justificar, con datos falsos y documentación apócrifa, dos contratos; además de no ejecutar las garantías de complimiento ni demandado los daños y perjuicios al proveedor.
Funcionarios de la delegación de SCT en Oaxaca también fueron denunciados por permitir, en 2006, que una empresa contratista distrajera el anticipo otorgado para la compra de materiales para construir un tramo de carretera que finalmente no hicieron.
Como en el resto de las denuncias, la PGR no ha concluido las investigaciones.
En el caso de las denuncias "en reserva" -que no se han cerrado porque aunque las pruebas no resultan suficientes para acreditar el cuerpo del delito se estima que con posterioridad pueden aparecer nuevos elementos- es notorio el del Comité Nacional Pro-Vida.
En mayo de 2005, la ASF presentó una denuncia tras detectar que la asociación que encabeza Jorge Serrano Limón usó recursos federales para gastos ajenos al Programa de Centros de Ayuda a la mujer por casi 31 millones de pesos.
Durante la revisión de los resultados de la Cuenta Pública de 2008, la ASF presentó ya de diez denuncias, las cuales se encuentran todas en integración.
Funcionarios del SAT, de la paraestatal Fideicomiso de Riesgo Compartido en Jalisco; de los municipios guerrerenses de Ayutla, Iguala y Acatepec; de la Secretaría de Transportes en Chiapas están en el banquillo de los acusados desvíos que suman alrededor de 251 millones de pesos.
4 MDP Se presume que se desviaron en el ISSSTE. Mil MDP Se desviaron al sindicato de Pemex.
