D Urante 17 días, al final de noviembre y principio de diciembre de 2009, varias mujeres trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro, así como compañeros suyos que se agregaron a la decisión de las electricistas, emprendieron una huelga de hambre que concluyó ante el anuncio de que el Gobierno Federal establecería una mesa de negociación con el SME. Reticente en el fondo a hacerlo, el Gobierno dio largas al asunto y es la fecha en que las partes sentadas a la frágil mesa no llegan a acuerdos ni siquiera respecto de asuntos laterales, pero importantes para los miembros de ese sindicato.
Con ese motivo y sin perjuicio de otras acciones en curso, la organización gremial ha resuelto iniciar una nueva huelga de hambre, recurso extremo de lucha social y política, al que han llegado otra vez los electricistas ante la cruel impasibilidad gubernamental.
Ahora la modalidad de esta forma de lucha se dirige a hacer que la presión que significa este instrumento sea duradera. Cada día a partir del domingo se sumarán al campamento del ayuno diez miembros del SME, de tal modo que este martes por la mañana habrá ya allí treinta y la cifra se incrementará hasta un límite no establecido. Para evitar riesgos innecesarios, aunque el principal lo constituye principalmente la posibilidad de que los ayunantes sean afectados en su salud, la selección de los ayunantes se hizo en varias etapas. Primero se abrió una lista de solicitantes en la que quedaron inscritos cinco mil trabajadoras y trabajadores, la tercera parte de quienes actualmente integran el sindicato. Luego, un número menor fue sometido a exámenes médicos para medir la viabilidad de su participación y hay más de quinientos sindicalistas que están en situación de engrosar diariamente el número de los que de ese modo protestan contra el Gobierno.
El reinicio de la huelga de hambre puede ser leído como un gesto de desesperación ante la clausura de las otras salidas, o la dilación que padecen las que están en curso. Pero también puede ser visto como un acto de vitalidad de los miembros del SME que hasta ahora han hecho fracasar los intentos gubernamentales por acabar con el sindicato.
En efecto, junto a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y en el mismo nivel de prioridad el Gobierno se propuso eliminar de la escena laboral mexicana al sindicato de electricistas. Era evidente este propósito no expreso por las agresiones de las autoridades laborales -Secretaría del Trabajo, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje-, ya que en los meses anteriores al decreto de extinción se buscó acentuar el desprestigio del sindicato y del organismo público, mediante una campaña a cuyo término muchos aliviados usuarios creyeron entrar en una idílica nueva etapa de relación con la empresa suministradora del fluido eléctrico en el centro mismo del país.
En un asalto con fuerzas policiacas y militares y cometido con nocturnidad que fue mantenido rigurosamente en secreto, el 10 de octubre, el Gobierno Federal tomó las instalaciones de esa empresa eléctrica e impidió el acceso de los trabajadores. La acción se realizó tan eficazmente desde la posición gubernamental, que los electricistas no pudieron a partir de entonces recuperar sus pertenencias guardadas en sus áreas de trabajo, como algunas herramientas que el personal adquirió por su cuenta ante el desdén con que las autoridades veían su funcionamiento.
El curso de las acciones oficiales para enfrentar las consecuencias de un decreto de extinción que en la práctica entró en vigor antes de que el documento correspondiente cobrara vigencia, incluyó el pago de una indemnización muy por encima del contenido de la ley federal y del contrato colectivo de trabajo. En apariencia un hecho justiciero para enfrentar la reacción pública frente a la pérdida del empleo de 44,000 miembros del sindicato, mostró ser en la realidad un medio de manipulación especialmente cruel porque puso a los electricistas frente a dilemas extremadamente difíciles y que sólo cada uno en su fuero íntimo pudo resolver. De esta manera, más de dos tercios de la planta laboral recibió la indemnización enriquecida con la oferta vil -porque implicaba una compra de conciencias- y quedó de esa manera fuera del sindicato. Y burlados, porque junto a su dinero recibieron también anuncios de recontratación o de auxilio para integrar pequeñas empresas que proveyeran bienes y servicios al órgano que reemplazara al extinguido en octubre, nada de lo cual se ha concretado.
El sindicato ha intentado todas las vías jurídicas para revocar el decreto de extinción de L.F.C. Incluso, alguno de ellos implica aceptar la liquidación del organismo, pero no la del sindicato. Se trata de aplicar la figura jurídica de patrono sustituto, el que el adquiriente por cualquier título de una empresa se hace titular de las obligaciones del patrón anterior. Un abordamiento racional del problema supone un acuerdo conciliatorio en que el Gobierno mantiene la validez del decreto de extinción expedido por el presidente Calderón, y cesan sobre el SME los amagos que se han cernido sobre él.
A eso debería orientarse la tarea de la mesa de negociación con un refuerzo como el de la junta de personas interesadas en contribuir a resolver el problema, como la que tuvo vida efímera en diciembre y enero pasados y de la que formaban parte, además de los líderes senatoriales, el doctor Enrique Villa, ahora ex director del Instituto Politécnico Nacional y el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles.
