Avalan control de Ejército
Luego de un año en la "congeladora legislativa", el Senado aprobó ayer la Ley de Seguridad Nacional, que regula las tareas del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y abre la puerta para que militares sean juzgados por tribunales civiles en ciertos casos.
La Ley fue avalada por 105 senadores del PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Convergencia, a tres días de que termine el periodo de sesiones. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados que deberá aprobarla antes del viernes, pues de lo contrario tendrá que ser retomada hasta septiembre o en periodo extraordinario.
La Ley establece los pasos para que el presidente de la República autorice tropas en labores contra el crimen, pero prohíbe la suspensión de garantías, el estado de excepción o el uso del Ejército para sofocar movimientos sociales o conflictos electorales.
Bajo el nuevo esquema, los gobernadores o los congresos de los estados deberán solicitar a la Federación el despliegue de tropas en el combate al crimen.
Las solicitudes serán revisadas por el Consejo de Seguridad Nacional y por el Senado antes de que el presidente pueda autorizar el envío de soldados mediante una "declaratoria de afectación a la seguridad interior".
Aunque los senadores dejaron pendiente la reforma al fuero militar, la Ley contempla que soldados y marinos sean juzgados en tribunales civiles por delitos que afecten a la población civil, de acuerdo con tratados internacionales suscritos por México.
La Ley también dejó pendiente la regulación de retenes, pero impuso plazo de un año para aprobar reglas "sobre el uso legítimo de fuerza".
Desde hace más de un año, el Ejército había pedido la aprobación de esta Ley para dar certeza jurídica a su participación en la lucha contra el crimen, pero los legisladores no habían avanzado hasta hace unas semanas.
[NACIONAL 3A]
Reglas
⇒ Los gobernadores o los congresos de los estados deberán pedir a la Federación el despliegue de tropas para combatir al crimen organizado.
⇒ La solicitud debe ser revisada por el Senado antes de que la autorice el presidente.
⇒ Se prohíbe el "estado de excepción" y el uso del Ejército para sofocar movimientos sociales o conflictos electorales.