“La justicia no es más que una mercancía pública, y el caballero que preside
el tribunal ratifica las transacciones”.
Petronio
La falta de confianza en la aplicación de la justicia es una de las razones que han afectado negativamente la inversión productiva —nacional y extranjera— en nuestro país. Los juicios penales de la empresa de fertilizantes Fertinal en contra de la aseguradora ING pueden tener consecuencias desastrosas ya que subrayan la falta de un real estado de derecho en México.
La disputa se inició en septiembre del 2001 después de que el huracán Juliette inundó una mina de roca fosfórica de Fertinal en Baja California Sur. Fertinal tenía una póliza con ING que establecía un pago máximo de 300 millones de dólares por daños en todas las instalaciones de Fertinal en el país. Para el avalúo del daño ING aceptó la propuesta de Fertinal de designar a la firma Almaraz Ajustadores.
Almaraz hizo una estimación previa original del daño por 22 millones de dólares y pidió a Fertinal que sometiera documentación para llegar a una cifra definitiva. Fertinal, al parecer inconforme con la estimación inicial, se resistió a cooperar con la ajustadora, la cual, con la documentación que obtuvo, determinó un daño por 13 millones de dólares.
ING informó a Fertinal que tenía esos 13 millones de dólares disponibles, pero varias empresas se presentaron ante ING para argumentar que eran “acreedores preferentes” de Fertinal y que por lo tanto el dinero se le debía entregar a ellas. Como ING no podía determinar quién tenía derecho a recibir el monto, lo depositó en un juzgado civil y emplazó a Fertinal a aportar pruebas en caso de que no estuviera conforme con la decisión del ajustador.
Fertinal decidió no recurrir a la decisión del ajustador por la vía mercantil, pero en cambio empezó una ofensiva penal. Trató primero de acusar por fraude ante la justicia federal a varios ejecutivos de ING, pero la PGR se declaró incompetente. Después logró que de manera subrepticia —sin que se respetaran las garantías de audiencia o de defensa de los acusados— un juez de Baja California Sur girara órdenes de aprehensión en contra de diez ejecutivos de ING, dos de los cuales fueron detenidos físicamente. Meses después un juez federal echó para atrás las diez órdenes de aprehensión.
Fertinal inició un nuevo e igual proceso, ahora en Michoacán, donde tiene instalaciones de producción de fertilizantes; pero el juez local determinó que no había elementos para girar las órdenes de aprehensión. La empresa cambió entonces su domicilio fiscal del Distrito Federal a Morelos, donde inicio un nuevo juicio y consiguió que un juez girara órdenes aprehensión en contra de 21 personas —entre las que se contaban varios ejecutivos de ING y el ajustador— y que embargara 300 millones de dólares en cuentas bancarias de ING para cubrir el monto del supuesto fraude.
Ahora bien, yo no sé si el monto del daño de la mina es de 13 millones, 22 millones o 300 millones de dólares. Pero precisamente para determinar la cantidad se realiza el ajuste, el cual puede ser recurrido en los tribunales mercantiles. Lo inquietante de este caso es que Fertinal —que se encuentra claramente en dificultades financieras— parece estar usando el deficiente sistema penal de nuestro país como un arma de chantaje para obligar a ING a aceptar un monto de indemnización que no base en ningún ajuste profesional por el daño incurrido en la mina de Baja California Sur.
La determinación del juez cuarto penal de Xochitepec, Morelos, José Bernabé García, ha sido tan sorprendente desde el punto de vista legal que ha generado suspicacias. No sólo giró el juez órdenes de aprehensión en lo personal contra ejecutivos por una disputa mercantil de su empresa, sino que ha ordenado el aseguramiento no de sus bienes personales y de los de un tercero: la empresa ING. Las irregularidades, de hecho, parecen ser la razón por la cual se ha reemplazado al juez, por lo que ahora tocará a uno nuevo concluir el proceso.
El daño, sin embargo, ya está hecho. Una empresa que ha invertido 3,000 millones de dólares en México, y que tiene 9,000 empleados en nuestro país, se da cuenta de que sus ejecutivos pueden ser tratados como criminales y sus activos asegurados debido a que otra empresa quiere resolver sus problemas financieros con un chantaje.
Gastos médicos
El periódico La Crónica nos señala otro ejemplo de la injusta justicia mexicana. Un juez ha condenado a pagar 160 mil pesos de gastos médicos a una profesora universitaria, Sol Elisa Casas Moreno, por una extirpación de ovarios y útero realizada sin su consentimiento y sin estar enferma por la doctora María del Carmen Peraza Briones.
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