A L mediodía del martes 18 sigue sin saberse qué es de Diego Fernández de Cevallos. Quienes se lo llevaron al filo de la medianoche del viernes (o en las primeras horas del sábado) no se han manifestado. Ha sido necesario que la familia del eminente desaparecido los llame a comunicarse. Da por sentado que se trata de un secuestro mercenario y pide conocer las condiciones para negociar. Al mismo tiempo, el Ejército Popular Revolucionario se declaró ajeno al grave suceso. Además de negar que hayan capturado a Fernández de Cevallos, los guerrilleros se conduelen con sus deudos, por tener la experiencia viva de un pesar de igual naturaleza: el lunes hará tres años que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes de esa organización, fueron detenidos-desaparecidos.
Fue oportuno el deslinde eperrista. No sólo aligera las investigaciones, con la eliminación de una conjetura que había que explorar. También ratifica, sin tener que decirlo, su compromiso de no ejercer acción armada alguna mientras la Comisión de mediación formada a instancia suya intente cumplir el objetivo de hacer que los dos militantes sean presentados con vida, que es el propósito que también, por nuestra parte, expresamos respecto de Diego Fernández de Cevallos.
Por otra parte, es incomprensible que la Procuraduría General de la República no haya tomado directamente bajo su responsabilidad la indagación, en vez de parapetarse tras el Ministerio Público local. Es indudable que hayan participado en la captura dos, tres personas o más. Una sola quizá no hubiera podido reducir a su víctima, pues Fernández de Cevallos lo habría encarado, iracundo, vehemente como es, y otro sería el resultado. Así, por tratarse de un acto de delincuencia organizada, cae en la competencia de la Procuraduría nacional. Acaso con esa omisión o tardanza se pretenda dejar el espacio que corresponde a las autoridades federales, a la Secretaría de Seguridad Pública: ya ha llegado al teatro de los acontecimientos Luis Cárdenas Palomino, lugarteniente de Genaro García Luna, que suele encargarse de los asuntos "de alto impacto".
Mientras el sector participante de la sociedad espera en vilo noticias sobre el ex candidato presidencial panista, será útil que esa porción social, y los mexicanos en general, reflexionen -lo sugerimos ayer-sobre las desapariciones súbitas, inexplicadas, cuyas víctimas se esfuman, se vuelven tan inasibles como si las hubiera tragado la tierra, y también sobre la desaparición forzada de personas. Unas y otras se suceden con tanta frecuencia, que justamente en vísperas de lo acontecido a Diego, la Secretaría de Gobernación recibió un pormenorizado informe sobre la pérdida de la libertad de 35 personas, ocurrida en el Estado de Coahuila durante 2009. La cifra se abultaría si se incluyera únicamente los dos años anteriores. Para no ir más lejos, en diciembre de 2008 desapareció Félix Batista, un consultor norteamericano en materia de secuestros, llegado a Saltillo en ejercicio de su profesión, subido voluntariamente a un vehículo -lo que sugiere que eran conocidos suyos quienes iban a bordo-y del que no se sabe más a partir de entonces, para angustia de su familia radicada en Miami.
Los familiares de los desaparecidos recientemente en Coahuila se reunieron en la Ciudad de México el 12 de mayo para protestar por la abulia gubernamental en torno a los suyos, cuyo paradero ignoran; y al día siguiente entregaron en Bucareli un documentado informe sobre esos lamentables hechos. Entre ellos hay uno que sorprende por sus dimensiones. El 21 de marzo de 2009 desaparecieron doce personas, procedentes del Estado de México, dedicadas a la venta de pintura. Viajaban en dos vehículos y en Piedras Negras realizaron su trabajo. "Alrededor de las 15:30 horas del día 21 -reza el apartado respectivo en el informe citado-los tripulantes de una de las camionetas se reportan con otros compañeros que se quedaron en Monclova e informan que no saben de sus compañeros que se encontraban en la otra camioneta. Después de esa llamada no se volvió a tener comunicación con los tripulantes de ambos vehículos".
Otro caso asombroso, enigmático es quizá más grave aún, si es que en estos acontecimientos cabe gradación alguna. El 14 de mayo de 2007 desapareció en Cadereyta, Hilario Vega Zamarripa. Él era trabajador de la refinería de Pemex en ese municipio de Nuevo León. Dirigía, por si fuera poco, la sección sindical, la número 49, del sindicato petrolero. Su hermano David sufrió igual suerte poco después y así, en las siguientes horas y días, fueron privadas de su libertad, no se sabe por quién ni por qué causa, otros parientes de los Vega Zamarripa y otros petroleros, hasta sumar 37. El suceso no mereció nunca, en más de tres años, ya no digamos una denuncia judicial sino ni siquiera un comentario a los medios del sindicato de Carlos Romero Deschamps ni de Petróleos Mexicanos en lo que toca a su personal afectado.
Vega Zamarripa no era un disidente, un opositor al cacicazgo sindical que se hubiera ganado inquinas de un poder capaz de hacerlo desaparecer. Al contrario, en los días en que Romero Deschamps estuvo en riesgo de ser detenido durante el proces penal derivado del Pemexgate, el dirigente seccional le garantizó refugio en Cadereyta.
Nadie en sus cabales puede alegrarse de lo que ha ocurrido a Diego Fernández de Cevallos. Mientras se le rescata, sea propicia la ocasión para afirmar que nadie merece simplemente ser esfumado.
