A L no haber renunciado inmediatamente después de su dudoso informe de resultados de la investigación sobre la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, ni ser despedido en las horas siguientes por su jefe, el gobernador del Estado de México, el procurador Alberto Bazbaz y el propio Ejecutivo aportaron un elemento de certidumbre sobre el triste destino que padecerá México si en julio de 2012 Enrique Peña Nieto es elegido presidente de la república.
Pero no. Me detengo antes de incurrir en una apreciación injusta. Tal vez ocurrirá lo contrario si el documento leído el viernes por el jefe del Ministerio Público mexiquense contiene los elementos puntuales de un nuevo modo de trabajar de la Procuraduría. Si la averiguación previa sobre ese caso es el ejemplo al que a partir de ahora apegarán los procedimientos correspondientes en los hechos denunciados ante esa oficina, la procuración de justicia habrá dado un gran salto adelante. Si en vez de la negligencia, el abandono, la corrupción, la ineficacia que caracterizan el trabajo en esa dependencia, se aplica el modelo de la indagación Paulette, como habría que llamarla, entonces no se producirá ningún daño a nuestro país con la elección de Peña Nieto, pues si ese procedimiento se torna paradigma constituirá, más que una promesa de campaña, el anticipo de cómo funcionará la PGR en el sexenio que por primera vez será realmente encabezado por un mexiquense. Hasta adelanto que yo mismo, independientemente de quiénes sean los contendientes de Peña Nieto, sufragaré en su favor.
Vea usted algunos números reveladores del escrúpulo ministerial: se recibieron 83 declaraciones y 85 dictámenes, se realizaron 20 inspecciones y 14 veces se reconstruyeron los hechos. Se solicitó el auxilio de otras procuradurías, del legendario FBI y en el colmo de la exquisitez, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Imaginemos la diáfana condición que a partir de ahora tendrán las conclusiones del Ministerio Público mexiquense, sean acusatorias o no lo sean, como en el caso de la infortunada niña. Tan contundentes fueron las declaraciones, los dictámenes, las inspecciones y la repetida reconstrucción de hechos, que hicieron transitar el ánimo del procurador de su creencia de que se trataba de un asesinato (de donde se derivó la consecuencia práctica de poner bajo arraigo a cuatro personas) a la convicción, igualmente firme, de que no hay delito qué perseguir porque la chiquita se murió sin que nadie, con nada, contribuyera a ese desenlace.
Es de felicitar a la pareja que procreó a la pequeña, y a sus dos nanas, que del arraigo, pudieron ser consignadas y sufrir una sentencia que las hundiera en prisión por quién sabe cuánto tiempo. De ahora en adelante la averiguación modelo Paulette garantiza a todo gobernado que nadie que sea inocente de un ilícito quedará en riesgo de padecer prisión injusta.
El futuro en esta materia, sin embargo, no será paradisíaco porque el presente no lo es. La comprobada ineptitud de Bazbaz, que no investiga la mayor parte de los delitos de sangre denunciados, con lo que contribuye a su multiplicación, quedó cabalmente demostrada por su informe del viernes. Presentó las conclusiones no de su oficina, como legalmente es exigible, sino las de la Procuraduría General de la República, que no es autoridad competente ni inició la averiguación. Expresamente Bazbaz enumeró nueve conclusiones ajenas, sin siquiera declarar que las hiciera suyas. Si acudió a lo dicho por la PGR es porque tal vez su propia averiguación no es cabal ni suficiente, o clara o rotunda como se pretenda que lo son las conclusiones de la Procuraduría federal.
El funcionario mexiquense reconoció que su indagación, que no se atreve a presentar por lo que se parapeta tras un documento de otros, fue deficiente "al no haber revisado pericialmente en forma plena la cama y la habitación". Alega en su descargo que esa deficiencia (y su propia mala comunicación sobre el curso de la averiguación) "no afectan en nada el resultado último de esta investigación" Si la escena de los acontecimientos a investigar se desplegara en un espacio extenso, como las inmediaciones del rancho La Cabaña en cuya entrada fue capturado Diego Fernández de Cevallos, sería admisible como una deficiencia inocua no haber realizado a derechas ese tipo de peritajes. Pero como se trataba de examinar un espacio brevísimo, susceptible de ser explorado milímetro a milímetro, la "deficiencia" no tiene excusa.
Bazbaz asumió plenamente la responsabilidad que le corresponde como cabeza del Ministerio → Público. Nadie se las imputará porque a nadie se acusará, haya o no elementos para hacerlo. Una vasta corriente doctrinal y de la opinión pública, a la que me sumo, juzga preferible que haya un culpable en la calle a un inocente en la cárcel. Por tanto, no reprocho la conclusión no acusatoria. Lo que reviste gravedad es el esmero privilegiante con que se realizó esta investigación, en los aspectos que legalmente haya realizado la procuraduría local y en las porciones en que hizo descansar sus responsabilidades en otras dependencias.
Ese es el defecto de Bazbaz, ese es el defecto de su jefe. Han abordado este caso desde un mirador estrecho, el que concierne a sus amigos, a los intereses de sus amigos. Mientras multitudes claman por los casos no atendidos o resueltos, en los que no se ha posado jamás la mirada del procurador, este caso se irá al archivo dejando a (casi) todos muy satisfechos.
