El Gobierno de Coahuila pidió ayuda al Consulado de Estados Unidos en Monterrey para equipar y capacitar a policías estatales, y a cambio la sede diplomática solicitó acceso a información sobre actividades criminales en la entidad, revela un cable difundido por Wikileaks.
En el cable marcado con el número 214222, el cónsul Bruce Williamson reportó a Washington que a mediados de 2009 se reunió con el entonces gobernador Humberto Moreira para discutir el tema de seguridad en Coahuila.
En la reunión, Moreira presentó a nueve militares retirados (siete generales y dos coroneles) que se habían incorporado como jefes en la Policía Estatal y varias policías municipales, y pidió al cónsul ayuda para equipo y capacitación.
En respuesta, Williamson solicitó acceso al Centro de Control de Crisis del Estado y a información de inteligencia. Sin embargo, el cónsul reportó al Departamento de Estado que los resultados de la reunión fueron "pasitos de bebé" para la colaboración con el Gobierno coahuilense.
Un año después, 15 agentes de la Fiscalía General del Estado fueron entrenados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el combate a secuestros.
En otro cable (el 233709), Williamson reportó ataques contra dos militares retirados que dirigían policías municipales en Coahuila.
El cable enviado a fines de 2009 informó sobre el asesinato del coronel retirado Arturo Navarro, quien era jefe de la Policía de Piedras Negras, ocurrido en abril de 2009.
También reportó el atentado contra el general retirado Juan Carlos Pacheco, jefe de Policía en Monclova, en agosto de ese mismo año, en el que murieron tres escoltas de Pacheco.
Williamson señaló que esos ataques, junto con otros cometidos contra soldados en Nuevo León, eran indicios de que los militares se habían convertido en blanco de organizaciones criminales en el norte del país.
La información sobre Coahuila está contenida en cables en los que el Consulado en Monterrey advierte de una extendida presencia del crimen organizado en Nuevo León. Los cables fueron publicados por el diario La Jornada.
Los documentos también señalan presuntos vínculos de políticos de esa entidad con los cárteles.
