CIDH. De izquierda a derecha, los miembros de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, Rodrigo Escobar Gil y Felipe González.
Una delegación del gobierno mexicano defendió "la necesidad y eficacia" de la guerra contra el narcotráfico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y admitió que aún quedan "meses de lucha cruenta".
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mexicana, Felipe de Jesús Zamora, aseguró que la estrategia nacional contra la delincuencia organizada se ha aplicado "en estricto respeto a los derechos humanos", frente a las denuncias en este sentido que llevaron hoy 18 organizaciones no gubernamentales (ONGs) ante la CIDH.
Este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró su segunda jornada de audiencias públicas en el marco del 141 período de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y se prolongará hasta el próximo 1 de abril.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos reprocharon al Estado mexicano que la guerra contra el narcotráfico, emprendida por la Administración de Felipe Calderón, ha sido contraproducente, ya que ha "disparado la violencia, el índice de homicidios y la inseguridad ciudadana", esgrimió Carlos Karín Zazueta, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Estas denuncias, junto a las de detenciones arbitrarias, torturas y hostigamientos cometidos por las fuerzas del Estado, fueron rechazadas de plano por Zamora, quien señaló que la lucha por la seguridad es en sí misma "una lucha por los derechos humanos".
La delegación de México en la audiencia concentró sus esfuerzos en justificar que la guerra contra el narcotráfico era "necesaria" para frenar el avance de la delincuencia organizada, y defendió su efectividad sin discutir datos o cifras concretas.
Zamora reconoció que los resultados de esta estrategia no se verán a corto plazo y que cuando se intensifica la represión aumenta la violencia "en un primer momento", pero "más tarde desciende, y descenderá", vaticinó.
Se calcula que unas 35 mil personas han muerto en México desde que el actual presidente Felipe Calderón desplegó las fuerzas militares en 2006 en los estados más afectados por el narcotráfico.
