Una vez más, la tragedia descendió sobre la Región Carbonífera de Coahuila con la explosión en una mina que mató a 14 trabajadores. A diferencia de Pasta de Conchos hace cinco años, la respuesta del Gobierno Federal fue mucho más rápida y efectiva, quizá porque el secretario del Trabajo, Javier Lozano, vio cómo la tragedia de hace un lustro hundió la carrera política de su antecesor, Francisco Javier Salazar. En esta ocasión, también se evitaron los pleitos que en su momento el gober Humberto Moreira se aventó con la Federación en su debut mediático y hasta ahora tanto don Javier como el nuevo gober Jorge Torres, han evitado politizar la tragedia. Pero mientras la atención está enfocada sobre la seguridad de la mina, incluyendo el hecho de que uno de los trabajadores heridos tiene 14 años, sigue sin atenderse el problema de fondo, que es la indiferencia de los compradores del carbón a la seguridad de la misma, y aquí hay una responsabilidad de las autoridades federales y estatales. El mineral extraído en Sabinas es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su planta de Nava y hasta ahora la paraestatal ha sido indiferente a la forma en que trabajan sus proveedores. Por otro lado, parte del carbón que compra la CFE es comercializado por un organismo del gobierno de Coahuila, la Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), que vende el mineral extraído en las minas pequeñas, los llamados “pocitos”, que tienen las peores medidas de protección. Hasta ahora no se sabe si Binsa, la empresa dueña de la mina siniestrada, le vendía el carbón a Prodemi directamente o a través de un intermediario, porque a la Promotora no se le da mucho eso de la transparencia. La solución de fondo al problema de la inseguridad en las minas de carbón está en manos de CFE y del gobierno de Coahuila, pues si no ponen condiciones estrictas a los dueños de las concesiones, éstos seguirán pasándose por el “arco del triunfo” los requisitos de seguridad laboral y física de sus trabajadores, y pronto volverá la tragedia a la zona carbonífera, donde al parecer para las autoridades, como dice la canción, la vida no vale nada.
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Siguen los ecos de la visita del secretario de Gobernación, Francisco Blake a La Laguna para lanzar una nueva estrategia de seguridad. Pero mientras la atención va sobre el anuncio que hizo don Francisco de un coordinador regional de fuerzas policiacas y del envío de más refuerzos del Ejército y la Policía Federal, por ahí escapó un punto de sus declaraciones públicas sobre el descubrimiento de fosas clandestinas en la ciudad de Durango, donde han aparecido más de cien cadáveres. Resulta que don Francisco le paró sutilmente las cabras al gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, al declarar que la Procuraduría General de la República iba a “apoyar” en la investigación de las fosas y la identificación de los cadáveres, en lugar de señalar que se iba a hacer cargo. (no dejará.) Y es que durante la semana previa a la visita, cuando la revelación de las fosas indicaba el escandaloso nivel de inseguridad al que ha llegado Durango, el gober Herrera y sus huestes se la pasaron declarando que la PGR debía hacerse cargo de las indagatorias. Nuestros subagentes comentan que el tema se trató en la reunión privada que el jefazo de Gobernación tuvo con autoridades locales y dicen que don Jorge nomás se removía en su silla cada vez que mencionaban las fosas. Al parecer a don Francisco no le cayó bien el detalle de que el Estado buscara escurrir el bulto y dejó claro que debía ser el gobierno estatal el que se encargara del asunto. Claro que eso equivale a condenar el asunto de las fosas al olvido burocrático, pues ya se sabe que en la Fiscalía de Durango no se les da mucho en eso de investigar delitos.
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Con el nombramiento del general Marco Antonio González Barreda como coordinador de las acciones regionales que se realizarán para el combate a los elevados índices delictivos que se registran actualmente y en los cuales crece la llamada “cifra negra’’, sobre todo con los secuestros “exprés”, surge ahora el cuestionamiento, quién implementará la estrategia, la logística, la coordinación para las dos fiscalías, las corporaciones estatales para que se vean los resultados. De entrada, la experiencia del alto militar habla bien del don de mando y prudencia que puede ser factor de verdadera coordinación de manera que se acaben los desfiles por la ciudad y ahora sí se den operativos con estrategia. En un mes lo veremos.
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Apenas lleva cuatro meses en la chamba de director de Desarrollo Urbano y a Arturo Lozano ya se le descompusieron los semáforos. Las condiciones de los aparatos por todo Torreón son verdaderamente lamentables y va desde semáforos en cruceros conflictivos que pasan días apagados sin que nadie se dé cuenta, hasta la descompostura en la sincronización de las luces de los principales bulevares y ejes viales. A lo mejor don Arturo no sale mucho de su casa y por eso no se ha dado cuenta del desorden que impera en estas vialidades o a lo mejor todavía no se entera que el departamento de Ingeniería Vial depende de él. O también puede ser que se tomó unas vacaciones prolongadas mientras sigue cobrando en la sagrada nómina sin hacer nada. Vaya usted a saber.
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La semana pasada la Contraloría Municipal de Torreón, esa dependencia que se maneja como una Presidencia Paralela, perdida allá en la avenida Morelos, se convirtió en sucursal de una tienda del mercado de abastos de ésas donde se hacen felices a los niños. Y es que los escritorios, ya de por sí atiborrados de asuntos que se duermen y duermen durante meses y meses, se quedaron limpios para dar paso a miles de bolos que se elaboraron, contabilizaron y distribuyeron desde ahí a regidores y liderazgos sociales para festejar el Día del Niño. Así, con singular entusiasmo, el contralor Lauro Villarreal Navarro se puso plácidamente a rellenar miles de bolsas con caramelos y palomitas dejando aflorar a plenitud alguna remembranza de su niñez. Don Lauro Villarreal Navarro, ausente desde hace meses de los reflectores, le ha bajado al perfil de manera astuta para dedicarse tras bambalinas a fungir como tesorero municipal de facto y apoyar en la operación de redes políticas, precisamente desde ahí, desde la remodelada casona elegida por él para presidir la Contraloría Municipal como una isla desde donde mueve los hilos hacia algunas de sus dependencias predilectas, Urbanismo, Tesorería, Desarrollo Social, Servicios Administrativos, entre otras. Futureando y haciendo felices a los niños.
