Hace unos días, lo comentábamos en este espacio, el grupo español Mall le comunicó al Gobierno, vía una carta a la Oficialía de Partes de Los Pinos, el inicio de un procedimiento arbitral en reclamo de mil 64 millones de dólares por una inversión fallida para un desarrollo turístico-residencial en Campeche
La misiva señalaba tres causales del fiasco, dos de ellas atribuibles al régimen: el incumplimiento de una promesa de desviar una carretera federal para conectar el complejo, y la de retirar una maraña de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la playa adjunta. En paralelo, la carta-advertencia-conminación, hablaba de un "despojo" por parte del grupo ICA de parte de la infraestructura construida.
Lo que no decía era que lo que califica como tal, en realidad un embargo precautorio, fue el resultado de un proceso judicial por incumplimiento en el pago de facturas a la principal constructora del país, tras haber cubierto en tiempo y forma un contrato.
Lo que no decía, además, es que tan evidente era el delito, que el juez de la causa ya expidió órdenes de aprehensión contra directivos de la firma ibérica que encabeza Marco Antonio Marrufo Alcocer. Lo curioso del caso, además, es que un procedimiento arbitral no puede plantearse unilateralmente, dado que se reclama el consentimiento previo de las partes a la aceptación de la resolución respectiva, en un escenario en que normalmente se plantea la alternativa a la firma del contrato. Naturalmente, el grupo Mall tampoco dice que su inversión para el desarrollo Campeche Playa, Golf, Marina & Spa Resort fue pactado en condiciones que el Gobierno, léase la Secretaría de Turismo, no le otorga a ninguna empresa mexicana.
Trato privilegiado con respuesta de patadas al calce.
Ahora que la tónica es la constante a partir de la llegada del panismo al poder: todo para firmas españolas; migajas para las nacionales.
Se diría, pues, que el Plan Nacional de Infraestructura fue diseñado por una mujer cuyo nombre indígena era imposible de pronunciar para los peninsulares, derivándolo en Malinche.
La derrama de 62 mil 917 millones de pesos ha salpicado con creces a firmas ibéricas como Ibelux, OHL, FCC, Aldesa y Acciona.
La fórmula es simple: exigir una vasta experiencia en obras de grandes magnitudes a las empresas que participan en las licitaciones internacionales a que convocan los gobiernos federales o estatales.
Y como España nos lleva 50 años de ventaja...
A quién le importa si nuestras cartas más sólidas, el propio Grupo ICA que encabeza Bernardo Quintana o Ideal del magnate Carlos Slim han invertido enormes cantidades en maquinaria y equipos, para no hablar de tecnología, para estar en opción de competir. A quién le importa la larga experiencia internacional de la primera, o los premios a nivel mundial ganados por la segunda en materia de construcción de libramientos.
La paradoja del caso es que una vez obtenidos los contratos, las firmas ibéricas trabajan bajo el sistema outsourcing, es decir, dejan en terceros la construcción de la infraestructura.
Los subcontratados, lo adivinó usted, son empresas mexicanas, a las que de pronto les pagan en abonos chiquitos o de plano les escatiman el entero de sus facturas, recurriendo a las más absurdas argucias: que si el trabajo quedó inconcluso; que si se retrasó la entrega; que si la coladera no está derecha...
Ahí están, para no ir lejos, el caso de ICA con Mall y el de una pequeña constructora mexicana que debió meterse a un espeso laberinto en los tribunales para que le cubriera la empresa OHL (Obrascon-Huarte-Lain) un tramo del Ferrocarril Suburbano.
Aún así, los contratos, las prebendas y las palmaditas al hombro siguen a la orden del día. Hete aquí, por ejemplo, que la empresa española Ibelux, que encabeza Octavio Pastrana, recibió un contrato del Gobierno de Veracruz para realizar un libramiento de una carretera en Jalapa, pese a que enfrentaba tres juicios por presunto soborno, presentación de información falsa, sobreprecio de obra y daños ambientales.
Y la propia OHL, a quien prácticamente se le entregó en bandeja de plata la operación del aeropuerto de Toluca, no se le ha tocado ni con el pétalo de un reclamo, pese al incumplimiento de su compromiso de reponer más de 20 puentes peatonales que derribó en la construcción del segundo piso del Periférico Norte.
Más allá, nadie sabe/nadie supo qué pasó con la empresa española Aldesa, encabezada por Agustín Tejeda, a quien se le encontraron anomalías en las operaciones financieras de la construcción de la autopista Durango-Mazatlán.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, obras que constaban un máximo de 995 mil pesos, fueron pagadas en tres millones 268 mil pesos.
¡Rediez!
BALANCE GENERAL
En lo que constituye una victoria moral para Teléfonos de México, finalmente el ISSSTE debió ceder a la presión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos para transparentar un extraño convenio realizado con Bestel-Operbes, la firma de Telecomunicaciones de Televisa, para eludir un castigo por incumplimiento de contrato.
Estamos hablando del firmado hace tres años para instalar un equipo de comunicación interna en el organismo encabezado por Miguel Ángel Yunes.
La firma no ha cumplido con su parte, en medio de un escenario en que Telmex había impugnado la adquisición alegando favoritismo hacia la contraparte, lo que ensanchó la grieta en su relación con Televisa.
La firma del magnate Carlos Slim había instalado una red previa que requería sólo algunos ajustes para seguir operando.
POR SI LAS DUDAS...
En previsión de que pudiera alcanzarle alguna de las esquirlas de la demanda genérica por quiebra fraudulenta de Mexicana de Aviación que colocó en la mesa la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, el expresidente de la línea aérea, Gastón Azcárraga Andrade, ya contrató un team de lujo para defenderlo. Estamos hablando del despacho del exsenador Diego Fernández de Cevallos y del de Aguilar Zincer.
Como usted sabe, el empresario vendió las acciones de la empresa a la Tenedora K en mil pesos... con la intención, naturalmente, de lavarse las manos frente a sus colosales deudas.
Ahora que, por lo pronto, la cadena hotelera Posadas, que encabeza el exaccionista mayoritario de la línea aérea, enfrenta problemas de caja ante la cerrazón de los créditos bancarios, dado el desprestigio provocado por su oscura salida de la firma.
Se habla de una grave desconfianza en el estilo personal del empresario para hacer negocios.
SE DILUYEN LOS ALEMÁN
De resultar exitosa la colocación accionaria que plantea Interjet, los principales accionistas de la compañía aérea, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, diluirían su participación accionaria.
El primero la reduciría del 23.1 al 15.7, en tanto el segundo del 19 al 13.
Por su parte, Beatriz Alemán de Girón disminuiría su participación del 12 al 8.7 y Jorge Alemán Velasco del 6.4 al 4.4.
