El presidente Barack Obama insistió hoy en que su gobierno no estaba enterado del fallido operativo de "Rápido y Furioso" que permitió el trasiego ilegal de armas a México entre el 2009 y el 2010 y aseguró que, una vez que concluya la investigación en curso, "se tomarán las medidas apropiadas".
"Mi fiscal general (Eric Holder), ha dejado en claro que él, ciertamente, no habría ordenado un operativo" de pasar armas a México, dijo Obama al reiterar que la investigación, que aún sigue en curso, tendrá que descubrir los alcances de éste esquema de tráfico de armas que se habría realizado bajo la supervisión de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF).
"Yo ya he manifestado claramente mi punto de vista que no habría sido un paso apropiado por parte de ATF y tenemos que descubrir cómo es que ocurrió", aseguró Obama al insistir en que será necesario esperar los resultados de las pesquisas a cargo de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia.
Durante una rueda de prensa, en la que el presidente abordó múltiples temas, el caso de "Rápido y Furioso" fue discutido con la misma cautela que el ejecutivo ha mantenido desde el momento que estalló el escándalo, pero dejando en claro que su gobierno nunca autorizó el esquema de tráfico de armas que habrían causado un indeterminado número de víctimas hacia ambos lados de la frontera.
Apenas el pasado mes de marzo la cúpula de ATF prometió revisar y cambiar sus estrategias para combatir el tráfico de armas para salir al paso de una operación fallida que permitió, durante más de un año, el paso de miles de armas a México y la muerte del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, en diciembre pasado.
Al mismo tiempo, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia emprendió una investigación que se ha desarrollado de forma paralela a la que realiza el comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes.
Apenas el pasado sábado, el presidente de dicho comité, Darrel Issa, viajó a la Ciudad de México para recabar mayor información en torno a un operativo que ha sacudido a la cúpula de ATF, una agencia federal en la mira del Congreso, de la oficina del inspector general y de medios de comunicación desde donde se han barruntado posibles cambios en la dirección al término de la investigación.
