Le advertíamos en este espacio hace algunas semanas que Telcel se jugaría su suerte, es decir la megamulta de casi 12 mil millones de pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia, a un solo volado: la recusación, es decir la exclusión del presidente del organismo en la discusión sobre el recurso de reconsideración planteado
Bien, pues hete aquí que la firma hegemónica de telefonía celular lo ganó, dejando prácticamente como misión imposible el que se reivindique la sanción ubicada como la madre de todas las impuestas por prácticas monopólicas relativas.
El escenario es simple: Sin Eduardo Pérez Motta y la posibilidad de su voto de calidad, la revisión del asunto la realizarán sólo tres de los cinco comisionados, con la novedad de que dos de ellos se habían manifestado contrarios al castigo ubicado como ejemplar.
Como recordará usted, empatada la votación ante la ausencia del quinto en discordia, Agustín Navarro Gergely, quien se excusó por incurrir en un presunto conflicto de interés, dado su parentesco directo con un directivo de una de las empresas denunciantes contra Telcel, concretamente el director de Relaciones Gubernamentales de Axtel-Avantel, la balanza la inclinó el voto de calidad de Pérez Motta.
De acuerdo con la lógica, la ética y aún la estética, estos se mantendrían en su macho, lo que garantizaría mayoría hacia la revocación.
De hecho, los dos comisionados que votaron en contra del castigo, es decir Luis Alberto Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés, fueron quienes votaron a favor de que Pérez Motta fuera recusado, tras rechazar los alegatos de descargo de éste.
La solicitud para sacar de la jugada al presidente de la Comisión Federal de Competencia la había colocado Telcel desde antes de la sesión del siete de abril en que se decidió la megamulta, alegando parcialidad en el asunto, con base a declaraciones realizadas por éste en diferentes medios de comunicación en que aparentemente había garantizado su voto en contra de la firma de telefonía inalámbrica.
El problema es que ésta llegó cuando el asunto estaba agendado, lo que de acuerdo con la ley la ubicaba como extemporánea.
Naturalmente, en paralelo a su recurso de reconsideración, Telcel replanteó su exigencia, lo que obligó a abrir el procedimiento, algo así como un juicio al presidente del organismo, cuya defensa se centró en su condición de vocero de éste.
La trascendencia del tema, pues, obligaba a responder a las inquietudes de los representantes de medios de comunicación.
Lo curioso del caso es que antes de colocar en la mesa el recurso a que tenía derecho, Telcel había solicitado tres amparos contra la megamulta, de los cuales dos fueron aceptados, aunque sin suspensión del acto impugnado al calce.
Y lo curioso del caso, además, es que en su desesperación frente a la megamulta, Telcel había exigido investigar si el causal esgrimido por el comisionado Agustín Navarro para excusarse era real.
Y lo curioso del caso, en abundancia, es que en afán de transparentar las telas del escenario al estallido del escándalo, la Comisión Federal de Competencia dio a conocer los nombres de los comisionados que habían votado contra la megamulta, lo que los colocó en condición de villanos de la película... por más que ahora se convertirán en héroes al rescate de Telcel.
Por lo pronto, los argumentos planteados por Radio Móvil Dipsa, la firma que opera Telcel, para derribar a la madre de todas las multas, hablan de que las supuestas violaciones de que se le acusa se cometieron en el 2004, con la novedad de que el marco jurídico en que se basó el castigo fue modificado en el 2006.
La CFC, pues, aplicó un ordenamiento en forma retroactiva.
Además se alega que la resolución llegó con cinco años de retraso, dado que, aceptada la denuncia en el 2006, la ley le daba un plazo de 120 días al organismo para emitir la resolución correspondiente.
Telcel ganó el volado: la megamulta se desvanece, colocando en la guillotina la credibilidad de la Comisión Federal de Competencia y la confianza en el marco jurídico para combatir los monopolios.
El escándalo regresa con más furia.
BALANCE GENERAL
Colocada originalmente una denuncia por parte de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación contra quien resulte responsable de una supuesta administración fraudulenta de Mexicana de Aviación, la planteada ahora por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores encabezada por Fernando Perfecto, afina la puntería.
La acusación concreta responsabiliza al Grupo Posadas y su presidente, Gastón Azcárraga Andrade, de violaciones a la Ley del Mercado de Valores al no notificar a la Bolsa Mexicana de Valores de eventos relevantes que afectaban a la firma aérea.
Como usted sabe, ésta cotizaba sus acciones en el piso de remates.
Entre las omisiones que se contabilizan está el préstamo de mil 500 millones de pesos otorgado por el Banco Mercantil del Norte (Banorte) y el que facilitó el Banco Nacional de Comercio Exterior por casi mil.
En paralelo, se plantea que de la línea aérea no transparentó la situación real de ésta, ni le comunicó al público su decisión de traspasar la papa caliente al precio simbólico de mil pesos.
Como lo anticipábamos en este espacio, el dueño de Posadas, Gastón Azcárraga Andrade, acaba de solicitar los servicios de los despachos de abogados Aguilar Zinser y Fernández de Cevallos, justo en previsión de que se le viniera el mundo encima.
ISSSTE EN LA MIRA
A petición de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación realiza una auditoría especial al ISSSTE, apuntando directamente hacia el abasto de medicamentos.
El escándalo afloró tras las denuncias de miles de servidores públicos de lo que califican como "brutal" desabasto de medicinas.
De acuerdo a las denuncias de los sindicatos, el organismo le dejó de pagar facturas a los proveedores, lo que originó el corte de éste.
El problema es que las recetas tienen una vigencia de tres días, que al agotarse exigen otra consulta... y otra formidable cola para lograrla.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene cientos de denuncias al respecto, lo que motivó que hablara de graves carencias en los servicios públicos de salud del país ante el Ejecutivo.
APAGÓN ANALÓGICO
Finalmente la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al Senado frente a la decisión del presidente Felipe Calderón de adelantar el llamado "apagón analógico", es decir abrirle la puerta a la televisión digital.
La resolución es la primera en una fila en que se ubican modificaciones a leyes federales por la vía simple de decretos.
Ahí está, para no ir lejos, el que permitió homologar las Normas Oficiales Mexicanas con las de Estados Unidos, lo que en el terreno práctico implica el validar las revisiones sobre la calidad de productos eléctricos y electrónicos que ingresan al país desde el vecino.
Qué le hace si en México los estándares son oficiales y allá son privados, bajo la discrecionalidad de empresas como UL o Intertek.
MIFEL A GRANDES LIGAS
Distinguida por la revista británica World Finance como la "mejor banca privada en México", Banca Mifel de Daniel Becker está en ruta para convertirse en el principal banco de nicho o en el país.
El refuerzo llegó con su alianza en el gigante británico Royal & SunAlliance Seguros, lo que le permitió colocar 500 mil pólizas y más de dos mil 100 millones de pesos en primas.
