En los próximos días, finalmente, habrá de librarse el último round en el largo pleito entre la cadena de franquicias Alsea y los restaurantes Italianni's, cuando el Décimo Tribunal Colegiado dirima una apelación presentada por la primera contra una resolución en segunda instancia que le fue adversa.
Como recordará usted, la firma Italcafé, quien aglutina a los 37 restaurantes de la discordia, logró que un juez ratificara la validez de un contrato de compra de éstos firmado por Alsea, haciendo a su vez lo propio un tribunal de alzada. El capítulo a la vista, pues, es el definitivo. El problema es que la contraparte de la empresa que aglutina franquicias como Burger King, Starbuck's Coffee, Domino's Pizza o California Pizza Kitchen, de entrada descalifica la imparcialidad de los magistrados que integran el tribunal.
Su argumento apunta a que éstos fueron apadrinados en su momento para llegar al cargo por el nuevo abogado de Alsea, Salvador Rocha Díaz, a su paso como ministro de la Suprema Corte.
Más aún, se aduce que los magistrados José de Jesús Pérez Grimaldi y Víctor Hugo Díaz Arellano, enfrentaron en el pasado una denuncia penal por delitos contra la administración de la justicia, presentada por el entonces subprocurador general de la República, Javier Coello Trejo, conocido como el "Fiscal de Hierro". El hecho es que tras la apelación de Alsea está una serie de documentos en que se demuestra que Italcafé incumplió con la cláusula séptima, fracción II del contrato de compra-venta firmado el 14 de mayo de 2008, que señalaba como condiciones suspensivas, entre otras, el que las acciones en venta estuvieran libres de gravámenes.
El caso es que con fecha tres de junio de 2008 los dueños de Italcafé, Víctor Cachoua Flores, Juan Carlos Cachoua Oropeza, Gilbert Montcharmont Brusseau y Guillermo Durant Cercas, le enviaron un escrito a Alsea notificándole que se habían cubierto en tiempo y forma los posibles impedimentos.
Textualmente, se señalaba que el 28 de mayo la Comisión Federal de Competencia autorizó la operación, y que en esos días el grupo financiero BBVA Bancomer canceló una garantía prendaria constituida sobre las acciones representativas del capital social del Grupo Amigos de San Ángel, propietario de la emisora.
Y el caso es que, de acuerdo a un testimonio del notario 211 del D.F., Eugenio Castañeda Escobedo, al día siguiente de la recepción del documento, los accionistas de Alsea, encabezados por Alberto Torrado Martínez, se presentaron a firmar el contrato... encontrándose con evasivas de la contraparte.
Lo curioso del caso es que los propietarios de Italcafé o Amigos de San Ángel, habían filtrado el día anterior a la prensa que el cuatro de junio finiquitarían la operación.
El hecho es que, según Alsea, la liberación de los papeles en poder de Bancomer se realizó hasta días después. La presunción de ésta es que el certificado de liberación fechado el dos de junio fue redactado en falso o fue falsificado.
Con base en ello la firma franquiciaria presentó una denuncia penal contra los firmantes del documento que avalaba la no existencia de condiciones suspensivas, lo que provocó la expedición de una orden de aprehensión en su contra... firmada por el juez que lleva el roll de villano en la película "Presunto Culpable".
Posteriormente un tribunal colegiado anularía los cargos de "fraude procesal en pandilla" que pendían contra los acusados.
A partir de ahí la crisis se recrudeció, en un escenario en que Italcafé llegó a denunciar a Alsea de violaciones a la Ley del Mercado de Valores, al no transparentar la posible contingencia que representaría obligarlo a cumplir el contrato ante quienes adquirieron sus acciones en el piso de remates, ofreciendo información falsa e incompleta. Más allá, se le acusó de violar las cláusulas del contrato de la discordia, al explotar en México la franquicia California Pizza Kitchen, en alguna forma tienda de enfrente para Italianni's.
Ahora que Alsea pretende a su vez revivir la acusación que amenazó con cárcel a los dueños de Italcafé, vía una exhibición de documentos que prueban un supuesto dolo al pretender vender acciones embargadas. El pleito, pues, está al rojo vivo en su recta final: Alsea o Italianni's en un volado.
BALANCE GENERAL
La buena noticia para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, a donde se concentraron todos los juicios de amparo contra la licitación 21 que le permitió a Nextel, en alianza original con Televisa, obtener una red nacional de telefonía móvil cubriendo un costo de "enganche" casi simbólico, determinó que no hubo violación de la dependencia a una suspensión dictada por un juez al entregar la concesión respectiva a la empresa agraciada.
La decisión, lo recordará usted, se tomó sólo con el voto favorable de dos de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La mala es que el órgano no se pronunció por el asunto de fondo, es decir la legalidad del proceso de licitación, cuyas telas le permitieron al binomio competir sin enemigo al frente por la cobertura nacional en el espectro de 1.9 gigahercios. Como usted sabe, la Cofetel determinó que ninguna empresa podría acumular más de 80 megahercios de espectro, lo que dejó fuera a Telcel, Iusacell y la Telefónica México.
El escenario le provocó un quebranto al erario público de cuatro mil 700 millones de pesos.
RECURSO CONTRA EL IFE
Declarada la guerra contra el Instituto Federal Electoral, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión está impugnando ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el reglamento aprobado por éste para la distribución y colocación de los spots en materia electoral, de cara al proceso del año próximo.
Como usted sabe, el organismo acotó de cinco a tres días la exigencia de instrumentar las pautas. En la feria de objeciones se señala que el IFE vulnera principios rectores de la función electoral, entre ellos la objetividad y certeza, al no contemplar detalles en el envío del material y no argumentar técnicamente sobre los tiempos de cumplimiento.
FURIA PANISTA
En afán de desarticular las críticas que algún correligionario escuchó en una de las mesas del restaurante Becco ubicado en la zona de Polanco por parte del exdirector general de la firma boutique de ICA, ICA-Fluor-Daniels, Jorge Borja Navarrete, y del ex vicepresidente de la empresa constructora, Luis Zárate, contra el Gobierno del presidente Felipe Calderón, los panistas están filtrando información en la que califican a la firma de malagradecida.
Según ello la principal constructora del país estaba prácticamente en quiebra a la llegada del panismo al poder.
Bajo la gestión de éste se le otorgaron dos contratos de Pemex Refinación por 622 millones de dólares y otro de la Comisión Nacional de Agua por casi 10 mil millones de pesos.
El panismo, pues, salvó a la constructora.
El problema es que bajo el manejo que se le da a la información se diría que el Gobierno cargó los dados hacia la empresa, es decir no fueron sus ofertas, su experiencia, sus proyecciones técnicas quienes la llevaron a ganar licitaciones.
Y el problema, por lo demás, es que lo que se dijo en el restaurante de Polanco se repite letra por letra en todo el país.
