Denunciado por la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos como uno de los presuntos focos de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, hace unos días, a la callada, se cerró el expediente de una licitación para una red nacional de comunicación interna en el organismo.
El concurso, abierto el 28 de febrero del año pasado, había sido algo así como la bolita que provocó el alud de un enfrentamiento sin precedente entre Teléfonos de México y Televisa, cuya conclusión está aún muy lejos de alcanzarse. La manzana de la discordia fue la descalificación del primero, aduciendo carencias de carácter técnico en su propuesta para renovar el contrato adquirido en una licitación similar, realizando algunos ajustes a la infraestructura instalada.
El argumento que provocó la inconformidad de la empresa del magnate Carlos Slim y la suspicacia en la gestión del entonces director general del organismo, Miguel Ángel Yunes, era que la oferta de ésta para revitalizar el equipo era 414 millones de pesos inferior a lo planteado por la firma rival.
Bestel-Operbes, el brazo de telecomunicaciones de Televisa, pedía dos mil 80 millones de pesos. Otorgado el contrato a ésta, Teléfonos de México oficializó su inconformidad vía un recurso planteado ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del ISSSTE, quien el 20 de agosto de 2010 lo declaró infundado. La exposición de motivos señalaba que la diferencia de 25 por ciento en los costos obedecía a la calidad de los equipos a utilizar. Mientras Telmex ofrecía uno de salida, calificado como descontinuado, Bestel colocaría uno de última generación.
De hecho, se aducía que la proveedora del equipo de la firma hegemónica, Cisco, había testimoniado la obsolescencia de éste.
Más allá, se señalaba que Teléfonos de México había observado una conducta hostil contra el testigo social de la licitación, Alejandro Frank Díaz, quien según testimonio notarial de una visita a las instalaciones de la firma había tenido "un desagradable encuentro plagado de ataques y mentiras, para crear un clima de tensión y trastornar al procedimiento, dadas las fallas que se detectaron en la visita".
El caso es que, inconforme otra vez con el resultado, Telmex fue a un segundo round, promoviendo un juicio de nulidad contra el fallo que le levantaba el brazo a Bestel.
Éste fue rechazado por el juez de la causa.
En el intermedio, sin embargo, las dos empresas volverían a enfrentarse en los tribunales, ante la negativa de Telmex de respetar un acuerdo de migración de un año, es decir mantener en operación los equipos anteriores en tanto se instalaban los nuevos, conectando paulatinamente las dos redes.
La firma rechazó el formalizar por escrito el compromiso de continuidad.
Colocada una demanda, bajo la figura de juicio ordinario mercantil por parte de Bestel, el 26 de mayo del año pasado el juez 18 de lo Civil le ordenó a Telmex mantener el servicio en tanto se completara la instalación de la nueva red.
Sin embargo, la firma del magnate mantendría su actitud hostil, al punto de demorar la entrega de 894 enlaces para complementar los requerimientos de conexión del nuevo equipo.
La orden judicial hablaba de un plazo de entre 20 y 30 días hábiles... que Telmex prolongó hasta por seis meses.
De hecho, hasta el 28 de febrero de este año había entregado sólo 221, provocando el retraso en la entrega final de la nueva infraestructura.
Denunciada la maniobra ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la firma aceleraría la tarea, complementándola el 16 de junio pasado.
La nueva red empezaría a funcionar días después.
Lo curioso del caso es que en el intermedio el ISSSTE se volvería, otra vez, reo de sospecha, al negar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, detalles sobre la licitación, con la novedad de que después de varios conminatorios señalaría que había confusión en la solicitud, dado que ellos tenían a la firma Bestel como Operbes.
La explicación, naturalmente, no satisfizo ni a los propios funcionarios del organismo.
Una para Televisa.
BALANCE GENERAL
Le comentábamos hace unos días de la petición oficial del Gobierno de México al de Estados Unidos para otorgarle a la competencia las rutas que mantenía Mexicana de Aviación a Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, concretamente a Volaris.
Bien, pues hete aquí que no es el único caso. También se ha solicitado lo mismo en otros países a favor de Aeroméxico.
La petición la ha firmado, a espaldas del Senado, el director general de Aeronáutica Civil, Héctor González Weeks. La maniobra, ubicada en el supuesto como temporal mientras Mexicana regresa a las pistas, ya provocó una solicitud de amparo por parte de los sindicatos de la empresa en problemas, además de una protesta oficial contra el funcionario.
SANTANDER A LA BOLSA
En lo que podría representar el inicio del regreso de los bancos como emisores de la Bolsa Mexicana de Valores, Santander México colocó ya su solicitud para cotizar lo mismo en nuestro país que en España y probablemente Estados Unidos.
La posibilidad la había solicitado insistentemente el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, como alternativa para una mayor transparencia financiera de las intermediarias.
Éstas se salieron del piso de remates tras la crisis de pagos de 1995, que colocó a la mayoría de ellas al borde de la insolvencia.
Lo curioso del caso es que tras la inaudita canonjía otorgada a Banamex al permitirle soslayar el pago del Impuesto Sobre la Renta derivado de la operación por el que lo engulló el Citigroup de los Estados Unidos, se dijo que sus acciones cotizarían en el piso de remates, lo que jamás ocurrió.
Como usted sabe, la omisión de tributos fue de al menos 20 mil millones de pesos, al cruzarse las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
SE AMPARA SORIANA
Pendiente de desahogarse la Controversia Constitucional planteada ante la Suprema Corte por la Procuraduría General de la República contra la llamada Norma 29 que impide la instalación de tiendas de autoservicio en lugares cercanos a los mercados públicos capitalinos, ya se inició una lluvia de amparos.
De entrada, la cadena de tiendas Soriana, la número dos del país, además de las de productos para la construcción y papelería Home Depot y Office Depot, han presentado sendas solicitudes ante los jueces.
SÍ... PERO NO
Aunque el 88 por ciento de la población piensa que la situación económica del país está mal, y el 81 percibe que no hay una perspectiva de mejoría en el corto plazo, de acuerdo a una encuesta realizada por María de las Heras, ocho de cada 10 mexicanos tiene miedo de las consecuencias que le podría acarrear el protestar públicamente, aunque el 71 por ciento piensa que es necesaria la manifestación del descontento.
Ahora que el 53 por ciento considera que hay cuestiones más importantes para protestar que la política económica del presidente Felipe Calderón.
