En algo así como una probadita de la reforma laboral que se cocina, la Suprema Corte de Justicia acaba de sentar un precedente en el trato hacia los trabajadores, al acotar a sólo un año la probabilidad de pago de salarios caídos de empresas ubicadas en concurso mercantil
De prolongarse, pues, la posibilidad de conciliación por dos o más años, derivando, finalmente, en una declaratoria de quiebra, como ha sucedido en al menos media docena de casos, el trato privilegiado para la planta laboral sólo valdría para 365 días de nómina.
De acuerdo al criterio de los ministros, el prolongar la protección atenta contra el derecho del resto de los acreedores a la hora del prorrateo tras el remate de los activos.
El sustento habla de que el Artículo 123 de la Constitución sólo contempla una burbuja de un año... por más que no se habla de la otra cara de las prioridades de pago, es decir los adeudos fiscales.
La vela en el entierro del pleno del órgano máximo de justicia en el país llegó tras elevarse a su jurisdicción una solicitud de amparo colocada en la mesa por la empresa Basiliks Seks, cuya tarea se centra en la recuperación de cartera, quien se consideró damnificada tras decretarse la quiebra de la Naviera Minera del Golfo, firma que había sido privatizada durante el gobierno salinista.
La quejosa aducía que al aceptarse el pago de salarios caídos de los trabajadores en el lapso de dos años en que duró el proceso, se afectaba su posibilidad de mayor recuperación.
ASÍ DE SIMPLE
Lo curioso del caso es que la resolución, que rompe una larga tradición de prioridad total para la planta laboral de firmas en desgracia, está en línea con una de las propuestas planteadas en la reforma laboral colocada en la mesa por los priistas.
De aprobarse ésta, los trabajadores que enfrenten litigios por despido injustificado ante las Juntas Locales o Federales de Conciliación sólo tendrían derecho al pago de salarios caídos por un año... por más que el juicio se prolongara durante cinco.
De acuerdo al pacto subterráneo entre el Gobierno y el PRI, por más que siguen las fintas por parte del coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, el cinco de agosto se aprobaría en comisiones el dictamen respectivo, para llevarlo al pleno en un periodo extraordinario a iniciarse 10 días después.
Como usted sabe, la polémica iniciativa que modificaría al menos mil artículos de la Ley Federal del Trabajo, más del doble de los 444 que planteaba el PAN, fue aprobada inicialmente por el Senado.
En su marco se plantea el reglamentar la actividad que realizan las firmas outsourcing o tercerías, quienes permiten la subcontratación de empresas para realizar tareas específicas, con la novedad de que el común de éstas le escatima a los trabajadores las prestaciones de ley, además de soslayar su inscripción al Seguro Social.
Lo inaudito del caso es que no se coloca exigencia alguna de revisiones periódicas para certificar que actúen en la legalidad.
Se diría, pues, que las empresas actuarían al albedrío de su propio Código de Ética.
En paralelo, a contrapelo de la propuesta inicial, se excluye la exigencia de hacer responsables solidarias a las empresas contratistas de las tropelías de las subcontratadas, lo que deja en el aire una reforma a la Ley del Seguro Social que ordena lo contrario.
Y, en el peregrinar en comisiones, colocada una formidable ofensiva de cabildeo por parte de empresas gigantes y organismos empresariales, se fue a la coladera la propuesta de exigir a los patrones de empresas industriales-agrícolas que se otorguen a los trabajadores del campo transporte gratuito, agua potable, guarderías y, naturalmente, servicio médico.
Al caño se fue una propuesta más para que se instaurara legalmente la semana laboral de 40 horas, con la obligación de pagarles una prima laboral de 25 por ciento a quienes trabajen sábado o domingo.
En la larga lista naufragó también la posibilidad de que el reparto de utilidades alcanzara a todos los trabajadores, así hubieran laborado sólo 28 días, y que si el patrón incumplía con tener controles idóneos de asistencia, en caso de juicio laboral se tendrían por ciertos los reclamos de tiempo extra de los trabajadores.
Se diría que al final del día la propuesta priista se volvió más panista que el PAN.
Por lo pronto, la Suprema Corte ya les dio una probadita de purga a los trabajadores.
BALANCE GENERAL
La inaudita pasividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para refrendar los derechos de la cadena MVS en la banda de 2.5 gigahercios y la lentitud de la Secretaría de Hacienda para fijar, con base a los lineamientos técnicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la contraprestación correspondiente, provocó el derribe de una inversión inicial de 400 millones de dólares.
Esta la realizarían la propia MVS y las firmas Alestra, Clearwire e Intel para crear una red de banda ancha móvil de cuarta generación con la promesa en una velocidad de conexión de hasta 20 veces mayor de lo que se ofrece actualmente. Aunque el proyecto no se ha movido, la desbandada de los socios se inició la semana pasada, al finalizar el enésimo plazo previsto para el arranque.
Semanas atrás la propia MVS de la familia Vargas había suspendido su servicio de Internet ante el mismo escenario de incertidumbre.
AMOR Y ODIO
Aliadas en la pelea por una red nacional para telefonía celular de 30 megahercios en la banda de 1.7 gigahercios, ahora resulta que Nextel y Televisa están peleadas a muerte.
La primera acaba de plantear ante la Comisión Federal de Competencia una moción suspensoria contra la posibilidad de que la dependencia autorice la alianza entre la televisora de Emilio Azcárraga Jean y Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego para crear una empresa que ofrezca banda ancha de cuarta generación.
La solicitud de éstas ante la instancia antimonopólica se planteó el 10 de abril pasado.
La noticia, lo recordará usted, sorprendió a propios y extraños, dada la virulencia en que las firmas de telefonía del Grupo Salinas habían peleado contra la posibilidad de que se adjudicara al entonces binomio Nextel-Televisa la red nacional, colocadas las bases de la licitación a su medida.
Televisa supuestamente rompió con Nextel tras haberse ganado el concurso, dejando en el aire la posibilidad de adquirir el 34 por ciento del capital de su aliada.
TMM A TUXPAN
Finalmente, garantizada la protección al entorno ecológico, es decir los manglares de la zona, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le dio luz verde al Grupo Transportación Marítima Mexicana para desarrollar una nueva terminal portuaria en Tuxpan, Veracruz.
Con el permiso a la vista, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cerró la pinza.
El nuevo recinto de la firma encabezada por José Serrano Segovia tendrá un frente de agua de 900 metros lineales ubicado en la desembocadura del río Tuxpan.
La instalación contará con muelles especializados para el manejo de contenedores; áreas de bodegas refrigeradas; patio de almacenaje; superficie para mantenimiento, y zona para equipos de arrastre.
