La pretensión del actual secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de ser el abanderado blanquiazul en la próxima contienda electoral y el escándalo de la deuda pública del Gobierno del Estado de Coahuila, modificaron la estrategia del tricolor para negociar el presupuesto del 2012 y, por lo pronto, ya decidieron cambiar a los interlocutores, ahora serán Beatriz Paredes y Roberto Gil o el mismo presidente Felipe Calderón.
Por más que Cordero se empeña en señalar que sus aspiraciones presidenciales no tienen porqué incidir en la negociación del presupuesto del próximo año, es un hecho que la oposición, particularmente el PRI, evitará concederle cualquier reconocimiento o propuesta que le permita posicionarse de cara a la elección del próximo año y, por lo tanto, ya lo desconocieron como interlocutor para dicha negociación.
Del otro lado, la revelación del excesivo endeudamiento del Gobierno coahuilense, durante la gestión del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor, ya tuvo efectos directos: removerlo de la interlocución con el gobierno federal, al menos para el asunto del presupuesto; y, aunque todavía no se reconozca, también impacta su pretensión de elevar el porcentaje de la recaudación federal participable.
A pesar de las negativas reiteradas del excesivo del gobierno que encabezó Humberto Moreira, finalmente no tuvieron más remedio que reconocerlo a partir de la aprobación en el Congreso local de la autorización para negociar un crédito de 34 mil millones de pesos para refinanciar a largo plazo la deuda pública estatal; dicho reconocimiento de inmediato provocó la devaluación de la calificación de su deuda por parte de dos calificadoras.
Pero a los priistas más que los efectos económicos les preocupan los efectos políticos y saben que esto golpea directamente a su principal aspirante presidencial Enrique Peña Nieto, pues aunque el gobierno que él encabeza no aparece entre los más endeudados o entre los que escondieron datos de la deuda pública, el que su líder nacional venga de encabezar un gobierno que, en estos momentos, tiene la deuda per cápita más alta de la república, con un promedio de 11,633 pesos por cada habitante de su estado y haya pretendido ocultarlo, los deja muy mal parados.
Más cuando el mismo Moreira pretendió posicionarse en los anuncios de su partido como el representante de una nueva generación de priistas, al aparecer personalmente en los promocionales afirmándolo. Así ahora resulta que la nueva generación de tricolores también despilfarra los recursos públicos y oculta información a la ciudadanía e, incluso, a otras autoridades.
Incluso de confirmarse la información que difundió el periódico Reforma en su edición del sábado 20 de agosto, respecto a falsear decretos del Congreso y mentirle a Hacienda para respaldar con las participaciones federales créditos por 3 mil millones de pesos, se podría estar incurriendo en delitos penales. Y aunque esto eventualmente no aplique en contra del mismo Moreira, pues de acuerdo a la publicación quien lo hizo fue el ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria, Héctor Javier Villarreal, el ex gobernador no se libraría del impacto por su cercanía con el mismo.
Así que seguramente este asunto tendrá muchas otras repercusiones, para tratar de blindar al máximo las expectativas tricolores de regresar a Los Pinos en la elección del 2012; pero por lo pronto, ya dejó fuera de las negociaciones del presupuesto a Moreira, que hasta hace unos días había sido uno de los actores principales.
De acuerdo con las versiones de lo sucedido en la reunión de legisladores priistas en Playa del Carmen, Quintana Roo, los acontecimientos de las últimas semanas dejaron fuera de las negociaciones a Cordero y Moreira; y colocaron en su lugar a Beatriz Paredes y Roberto Gil, dos operadores políticos sin aspiraciones presidenciales y sin una vinculación directa con alguno de los aspirantes de sus respectivos partidos.
Pero también habrán de impactar directamente los énfasis y los resultados, pues sin duda el tricolor buscará archivar el caso del endeudamiento del gobierno coahuilense, especialmente porque no es el único gobernador priista que se encuentra en estas condiciones, ya que Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua, también muestran altos niveles de endeudamiento y las dos últimas también, algún grado de ocultamiento del endeudamiento.
Seguramente atemperarán sus demandas de mayores participaciones y desistirán en su intención de eliminar el IETU, pues saben que tienen que lograr incrementar los recursos de sus gobernadores, pero no a costa de debilitar su actual posición en las encuestas de preferencia electoral, lo cual puede suceder en la medida en que los escándalos financieros de los estados dominen la agenda mediática.
Por otra parte, Cordero sufrió un duro golpe a sus aspiraciones presidenciales con el anunció del INEGI de que el crecimiento económico en el segundo trimestre del año fue de sólo 3.3%, menor al esperado de 3.6, pero además indicativo de que la economía ya inició la tan temida desaceleración.
Las dos fuerzas políticas que terminarán definiendo el presupuesto federal del 2012 e, indirectamente, el de las entidades federativas, enfrentaron en la última semana situaciones que debilitaron su posición y los obligan a mover sus fichas; lo primera será ver cómo reacciona Presidencia frente al cambio de interlocutores que propone el PRI y habrá que ver si Cordero adelanta su renuncia a la Secretaría o a sus aspiraciones presidenciales. Lo cierto es que la sucesión presidencial está muy presente en la negociación del presupuesto, aunque ninguna de las dos han iniciado formalmente.
