M Últiples son los impactos de la tecnología, particularmente de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC'S), en el ejercicio del poder, pues permiten implementar ejercicios que antes eran impensables, sin embargo, el mayor beneficio para la ciudadanía sin duda serán las posibilidades de transparencia que generan sobre la actuación de los servidores públicos.
Los videos que se difundieron en los últimos días sobre las reuniones que Manuel Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey, y Miguel Ángel García, secretario de Desarrollo Humano de la misma administración, sostuvieron con Sergio Gil, uno de los dueños de uno de los casinos instalados en dicho Municipio, son tan sólo una pequeña muestra de las posibilidades que las nuevas tecnologías tienen sobre la vigilancia de la función pública.
Norberto Bobbio, señala que "la publicidad de los actos... representa el verdadero y propio momento de cambio en la transformación del Estado moderno de Estado absoluto a Estado de Derecho". Es decir, que más que las nuevas reglas, lo que permitió la instauración del Estado de Derecho fue la publicidad de los actos del poder.
Ya es muy conocido el poder de los videos. En el caso mexicano uno de los primeros escándalos se generó con la difusión en el programa "Detrás de la Noticia", conducido por Ricardo Rocha en el Canal 2 de Televisa, de un video que revelaba todos los detalles de cómo la policía de Guerrero masacraba a 17 campesinos guerrerenses en el vado de Aguas Blancas, Guerrero el 28 de junio de 1995. La consecuencia fue la destitución y enjuiciamiento del director de la policía, el secretario de Gobierno de dicha entidad, el procurador de Justicia e, incluso, el gobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer.
Más recientes son los videos de Gustavo Ponce Meléndez, tesorero del Gobierno del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, jugando en casinos de Las Vegas, Nevada, a donde viajaba frecuentemente invitado por algunos de los proveedores del Gobierno capitalino. O los de René Bejarano, ex secretario particular del mismo López Obrador, recibiendo dinero en las oficinas de Carlos Ahumada, contratista del mismo Gobierno.
Los videos cimbraron al Gobierno y llevaron ante la justicia a los dos ex funcionarios, Bejarano finalmente fue exonerado y de hecho ya se reintegró a la vida política, sin embargo, la imagen en televisión metiéndose el dinero en las bolsas del saco todavía es una referencia obligada al hablar de cualquier escándalo de corrupción.
Después de esas imágenes y su impacto existía la creencia de que en las pantallas televisivas no se volverían a ver imágenes tan grotescas, porque los servidores públicos se cuidarían para no ser sorprendidos en dichas acciones. Sin embargo, no precisamente con un servidor público, (porque el hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, no lo es) pero sí relacionado con un acto público, en días pasados aparecieron las imágenes de Jonás recibiendo dinero en las mesas de un casino.
Y, tras de que el alcalde negara cualquier relación de su hermano con su administración, imágenes del mismo Jonás en una reunión en un restaurante con el dueño de uno de los casinos regiomontanos (que la administración panista ha clausurado en un par de ocasiones) y uno de los secretarios del Gobierno municipal más cercanos al alcalde. Otro video muestra Jonás y al mismo dueño del casino ingresando a unas oficinas particulares del alcalde. Las narrativas que han acompañado la difusión de los videos, dado que éstos no tienen sonido, afirman que Jonás le cobraba protección a dicho casino.
Sin prejuzgar sobre la veracidad de dichas narrativas, pues es una realidad que estos videos fueron divulgados por los propietarios del casino afectado, es un hecho que las imágenes permiten construir dichas afirmaciones y, por lo tanto, poner en duda la actuación de las autoridades. Los servidores públicos, incluyendo al alcalde de Monterrey, deben ser investigados y rendir cuentas ante la justicia; debe demostrarse su inocencia o culpabilidad.
Sin embargo, regresando al poder de las nuevas tecnologías, lo que las imágenes demuestran, particularmente las tomadas en el restaurante y en la calle, es que hoy los servidores públicos deben saber que están permanentemente bajo la supervisión del lente de una cámara, por lo cual deberán ser mucho más cuidadosos en sus actuaciones.
Hoy es factible videograbar (video y audio) con dispositivos colocados en un bolígrafo, por lo cual ya no es necesario llevar a los funcionarios públicos a un sitio ad hoc para ello, sino que en sus mismas oficinas (las de los funcionarios) pueden ser videograbados y, por lo tanto, exhibidos. Esta sola posibilidad debiese ser un freno a las corruptelas de los funcionarios públicos mexicanos.
Pero lamentablemente parece que el cinismo y nula dignidad de los políticos mexicanos, por una parte, y la ausencia o inoperancia de las instituciones de rendición de cuentas, conducen a que ni siquiera estas evidencias sean suficientes para castigar o, al menos, frenar a los políticos mexicanos. Al menos, eso puede deducirse de lo sucedido en el caso del alcalde regiomontano, que el sábado por la mañana decidió mantenerse en su cargo a pesar de todas las voces, incluyendo la del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (partido en el que milita), que le demandaban separarse de su cargo, al menos temporalmente, para no obstruir las investigaciones.
A pesar de ello, más temprano que tarde, las nuevas tecnologías impactarán el ejercicio de la función pública y la rendición de cuentas en México.
