La iniciativa de Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada, en proceso legislativo en el Capitolio, equipara al narcotráfico con el terrorismo, 'contiene elementos extraterritoriales', con mandatos al Departamento de Estado y a la Secretaría de la Defensa estadounidenses para combatir en el nivel de 'contrainsurgencia' a los narcos en México, señaló la senadora Adriana González Carrillo (PAN).
La legisladora, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, denunció la iniciativa HR3401, como intervencionista y lesiva a la soberanía nacional, y expresó que es urgente resaltar las inconsistencias de dicho proyecto republicano, ante los congresistas estadounidenses, ya que los criminales en México, de ningún modo tienen motivaciones políticas que los vinculen con movimientos guerrilleros o insurgentes.
Respecto de llamar 'insurgencia terrorista' a los narcotraficantes en México, como proponen los impulsores de la 'Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada', daría sustento legal a una estrategia que sometería a evaluación estadounidense, las capacidades militares y civiles mexicanas para combatir a las bandas criminales.
Daría competencia a agencias estadounidenses para 'aislar' y 'neutralizar' a narcos en territorio mexicano, con base en planes ajenos a las autoridades de México, además de que llegaría a su fin la Iniciativa Mérida, 'y se podría dar paso a un nuevo proceso de certificación antidrogas', explicó la senadora Adriana González Carrillo.
Urgió, que México revise los acuerdos de 1992 con Estados Unidos, en materia de cooperación para el combate al narcotráfico y la farmacodependencia, a fin de dar una nueva delimitación a la DEA, que ha incurrido en operaciones de lavado de dinero, que han sido unilaterales y encubiertas.
La senadora Adriana González Carrillo promueve que el Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, denuncie el sentido intervencionista y lesivo a México, de la iniciativa aprobada por el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.
Propone que se dirija una comunicación al Capitolio, con la posición del poder Legislativo mexicano, sobre el daño que representa a la relación bilateral.
Al tiempo de que congresistas estadounidenses pretenden atacar al narco en México, con estrategias de contrainsurgencia, ha seguido el escándalo por la operación encubierta 'Rápido y Furioso', de entrega de armas al narco para seguir su huella, y de lavado de dinero, con el mismo propósito por parte de la DEA.
La panista González Carrillo pide que la PGR informe al Congreso sobre la cooperación bilateral en materia de lavado de dinero y una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha y una estimación de los beneficios esperados a mediano plazo.
Propone que se establezca un grupo de trabajo multidisciplinario, que incluya a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que proponga cambios a los acuerdos de México y Estados Unidos, sobre combate al narco y al consumo de drogas.
La legisladora señala que 20 años después de vigencia de dichos acuerdos, se requiere "establecer atribuciones y límites claros a la actuación de agentes de corporaciones de inteligencia de Estados Unidos, así como incorporar nuevos mecanismos de cooperación acordes con la magnitud de los desafíos actuales en materia de combate al crimen organizado trasnacional".
