Mantenido bajo siete llaves ante el malestar producido entre tirios y troyanos, dada su recomendación de apertura total, en la coyuntura electoral la Comisión Federal de Telecomunicaciones está abriendo una rendijita para airear el estudio realizado por el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre política y regulación en la materia
El documento de 160 páginas recomienda autorizar a Teléfonos de México a prestar servicios audiovisuales, es decir incursionar en televisión, a condición de estar sujeto a una regulación asimétrica adecuada y haya pruebas de que cumpla con ella, "sin recurrir a amparos para retrasar su observancia".
En paralelo, se plantea desarrollar la competencia en el mercado de la televisión, dado que la situación actual "no cumple con los estándares de pluralidad de medios, sobre todo si se considera la gran penetración de esta tecnología en México y los actuales vínculos de propiedad cruzada con la industria de televisión de paga". De hecho, la recomendación habla de abrir el escenario a una tercera y cuarta cadenas de televisión abierta, "mediante un proceso justo, no discriminatorio y neutral".
Más allá, se critica a la Suprema Corte de Justicia por no tener en cuenta el interés público al retrasar la decisión del gobierno en agilizar la transición a la televisión digital.
La exigencia de apertura incluye facilitar el acceso de los operadores de cable a los mercados de telefonía y banda ancha y a la inversa.
Como recordará usted, fragmentadas las partes del documento a conveniencia de las partes interesadas, el escenario revivió la guerra entre las televisoras y Telmex.
La exposición de motivos, en el caso de la apertura a la firma del magnate Carlos Slim, habla de que la aplicación de remedios asimétricos es apropiada y puede servir para promover la competencia y restringir el poder de mercado del operador dominante. El poder de mercado de ésta debe ser evaluado por la Comisión Federal de Competencia.
Como usted sabe, el Título de Concesión con que opera la firma hegemónica en telefonía fija no prevé la posibilidad de ofrecer video, lo que hasta hoy se ha esgrimido como el principal obstáculo.
Sin embargo, la OCDE recomienda la posibilidad de abandonar las concesiones individuales para sustituirlas por un título único para todas las empresas de telecomunicaciones.
Para obtener éste, señala el documento, bastaría con que se comprometieran a cumplir con los requisitos de información y a operar conforme a la regulación de la Cofetel.
La posibilidad reclamaría una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones… que se aprovecharía para obstaculizar la recurrencia de las empresas del ramo a las instancias judiciales en afán de suspender y anular políticas y decisiones de regulación, lo que perjudica el interés público.
Ahora que para garantizar el cumplimiento de las disposiciones se plantea facultar a la Cofetel para imponer multas lo suficientemente cuantiosas que sirvan como medio de disuasión.
Además, se plantea darle atribuciones a la instancia para solicitar información a las empresas a fin de poder cumplir con sus responsabilidades, y sancionar a aquellas que no atiendan las solicitudes "razonables".
Ahora que se plantea incrementar la transparencia en materia de procesos de toma de decisiones de la Cofetel, abriendo espacios para que las partes interesadas hagan comentarios y éstos se tomen en cuenta; lo que reduciría el riesgo de enfrentar litigios.
Lo curioso del caso es que la OCDE califica como "poco realista" la sanción máxima que la ley le permite a la Cofetel en casos de reincidencia, es decir la revocación de la concesión. Sin embargo, habla de darle facultades para imponer la separación funcional y, de ser necesaria, estructural, a un operador que siga abusando de su dominancia, así como para ayudar a garantizar un acceso equitativo y equivalente de insumos.
Todo para todos… con reglas adecuadas al tamaño de los competidores.
Colocado un alerta roja por la Auditoría Superior de la Federación ante el crecimiento desbocado de las deudas de las entidades federativas, cuyo monto global alcanzó al término del año pasado 391 mil millones de pesos, hete aquí que para la Secretaría de Hacienda el nivel sigue siendo manejable.
Lo grave del caso es que sólo 13 de los Estados de la Federación concentran el 81.4 por ciento del total de la deuda. De hecho, para la instancia de vigilancia de la Cámara de Diputados es urgente que cada Congreso local evalúe el monto de los débitos en relación a la capacidad de pago, la fortaleza de los ingresos a mediano plazo y el destino otorgado al financiamiento contratado.
El caso es que para la dependencia encabezada por José Antonio Meade, aún con los 38 mil millones de pesos alcanzados en Coahuila, las deudas son renegociables.
VITRO DAMNIFICADA
El reciente accidente en la planta de generación eléctrica de la empresa belga Tractebel le provocará al Grupo Vitro, en la carambola, un pago extraordinario de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad que oscilará entre 35 y 62 millones de dólares durante un año.
Estamos hablando de entre 3.5 y 4.8 millones de dólares al mes.
El golpe es resultado de la diferencia entre la tarifa contratada con la compañía belga y la de respaldo de la paraestatal.
Tractobel estima tardarse entre 10 y 13 meses para reparar sus instalaciones.
GOLPEAN A JUEZ DE MEXICANA
El Consejo de la Judicatura Federal perfila una sanción "ejemplar" al juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, exhibiéndolo como incompetente y parcial, y suspendiéndolo, además, durante un año de sus funciones.
Como usted sabe, el togado fue acusado por los principales acreedores de la línea aérea, es decir Banorte, el Bancomext, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el aeropuerto capitalino, esbozando como exposición de motivos el que el concurso mercantil se ha prolongado durante año y medio.
La ley señala un año efectivo como máximo, lo que implica 365 días hábiles.
Lo curioso del caso, frente a la inquina, es que el Instituto de Concursos Mercantiles ha calificado justo como ejemplar la actuación de Consuelo Soto, por su obstinación en mantener viva la posibilidad de rescate de la empresa, en salvaguarda del interés de los trabajadores y, naturalmente, de los acreedores.
