El fortuito de un accidente en una planta generadora de energía eléctrica de la firma belga Tractebel, cuyas consecuencias paralizarán un año su producción, dejó al desnudo, una vez más, la laxitud con que el gobierno ha permitido la privatización de las tareas que la Constitución le otorga en exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad
La firma extranjera, a contrapelo de las limitantes a la acción de los particulares previstas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, le vendía el fluido generado al Grupo Vitro, la principal fabricante de vidrio en el país.
De acuerdo al ordenamiento aprobado por la aplanadora priista en el Congreso durante el sexenio salinista, concretamente en 1992, existen tres vías para que los particulares generen energía eléctrica: para autoabastecimiento, para cogeneración y como productor independiente.
En el primer caso, se permite la posibilidad de venderle excedentes hasta un límite determinado a la Comisión Federal de Electricidad; en el segundo se regula la producción por la paraestatal, y en el tercero se permite, bajo ciertas modalidades, ofrecer el fluido a terceros bajo sanción de la empresa pública.
El caso es que abierto el ostión durante el sexenio zedillista, la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Ernesto Martens, quien había sido, justo, director general de Vitro, ideó un esquema para darle mayor cancha a los particulares: Extender los límites para venta de excedentes de producción.
La vía era tan simple como modificar el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que provocaría el planteamiento por parte de la oposición legislativa, es decir, panistas y perredistas, de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
El argumento hablaba de que ningún reglamento puede rebasar el marco de una ley.
Lo dramático del asunto es que la respuesta del máximo órgano de justicia del país no sólo le dio la razón a los inconformes, sino que fue más allá al descalificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por considerar que violaba en su alcance lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución que le otorga exclusividad al gobierno en la generación del fluido.
El golpe, pues, fue contundente por más que no lo suficiente para frenar los ímpetus privatizadores del gobierno en turno y los dos panistas que le sucedieron.
A contrapelo de la resolución que dejaba en el limbo a toda la gama de alternativas para generación privada, la Comisión Reguladora de Energía ha seguido ofreciendo permisos a firmas extranjeras, al punto de alcanzar ya éstas el 55 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país.
El peso mayor recae en los llamados productores independientes, justo la alternativa más impugnada por la oposición, por más que los panistas cambiaron su actitud crítica al volverse gobierno.
En total la CFE ha otorgado 670 permisos, en cuyo marco se permite la generación de hasta 28 mil 978 megavatios, frente a los 52 mil 511 que genera la Comisión Federal de Electricidad.
A la callada, pues, ésta se ha ido empequeñeciendo al punto de desaparecer del mapa los esquemas de generación por carbón, soslayándose la posibilidad de las hidroeléctricas y manejándose a cuentagotas las termoeléctricas para no hablar de nucleoeléctricas, tras la propaganda negra a Laguna Verde.
En el esquema, la paraestatal le transfirió en el 2011 recursos a los productores independientes privados, con énfasis a las españolas Iberdrola y Unión Fenosa, por 168 mil 221 millones de pesos.
La rendija que se abrió en la posibilidad de que firmas con alto consumo de energía eléctrica, léase cementeras, acereras, papeleras, vidrieras, pudieran generar ésta para consumo propio, fue convirtiéndose, en la impunidad, en una colosal ventana para privatizar a la Comisión Federal de Electricidad, cuya erosión se reflejó en sus colosales pasivos que al 2010 alcanzaban 593 mil 227 millones de pesos.
Total, a quién le importan las leyes.
En desafío a sus detractores que lo acusan de parcialidad a la causa de los trabajadores, el juez de la quiebra de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, rechazará la exigencia de tres de los acreedores de la empresa, todos ellos con sello oficial, para colocar un interventor con cargo a sus intereses.
La pretensión del Banco Nacional de Comercio Exterior, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el aeropuerto capitalino, era colocar en el cargo al ex presidente del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Vicente Corta, socio del despacho White & Case.
Como usted sabe, éste mantiene una relación estrecha con Aeroméxico y el Grupo Posadas, exdueño de la línea aérea en problemas.
La razón del veto, pues, habla de conflicto de interés.
Naturalmente, aunque tiró la piedra y escondió la mano, la zancadilla había sido orquestada por el subsecretario de Transportes de la SCT, Felipe Duarte, convertido en el principal opositor para que Mexicana regrese a las pistas.
LUZ EN CHG-EL CAMINO
Finalmente, con el visto bueno de los acreedores bancarios de la firma, se nombró un interventor para la arrendadora CHG-El Camino, cuya tarea será mantener en activo a la firma en tanto se determina cuál de los socios en pugna se queda con ella.
Estamos hablando de un grupo de mexicanos encabezados por el fundador de la compañía, Lázaro David López, y la empresa alemana CHG representada por Jürgen Mossakowski.
El procedimiento para solución de controversias entre socios se inició la semana pasada, culminando en un mes con la presentación de ofertas por cada una de las partes.
La más alta será la ganadora.
Ubicada como la joya de la corona en su campo, la empresa tiene como clientes a El Puerto de Liverpool, Cementos Mexicanos, Wal Mart, Herdez, Comex, Kraft, Modelo, Bimbo y Danone, generando utilidades por 10 millones de dólares al año.
El problema es que en el lío de accionistas se quedaban bailando deudas por 860 millones de dólares.
SANTANDER A BOLSA
¿Se acuerda usted de la exigencia del que fuera gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para que los bancos extranjeros asentados en el país se inscribieran en la Bolsa Mexicana de Valores?
Bien, pues al parecer uno de ellos ya le hizo caso. Estamos hablando de Santander.
De acuerdo a la bolita mágica de la casa de bolsa Accival, el banco que se engulló a Serfin cotizará en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores en el cuarto trimestre de este año o en el primero del próximo.
Santander, a la par de Bancomer, son considerados los de mayor operancia y rentabilidad en el país.
