Mineros de La Platosa en el municipio de Mapimí, Durango, denunciaron que desde hace 37 días no reciben salario, lo que afecta a 380 familias, debido a que en julio el lugar fue cerrado por integrantes de la organización no gubernamental Prodesc, como medida de inconformidad al señalar que la empresa Excellón Resources, de capital canadiense, no ha cumplido contratos con ejidatarios de la zona.
De acuerdo con los mineros inconformes, el cierre se dio "sospechosamente" tres días después de que el dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Napoleón Gómez Urrutia, perdiera el recuento de votos mediante el cual los trabajadores de La Platosa decidieron adherirse al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Napoleón Gómez Sada (SNMMNGS), que encabeza Carlos Pavón Campos.
Pavón dijo sobre el conflicto entre Gómez Urrutia y la organización Prodesec, que aseguró es financiada por Gómez Urrutia, ahuyenta la inversión extranjera, deja sin empleo a cientos de mineros y afecta la economía de la localidad de cerca de cinco mil habitantes, por lo que pidió al gobierno federal intervenir en este asunto y evitar la migración hacia Estados Unidos.
"No es posible que alguien como Gómez Urrutia, sobre quien pesan órdenes de aprehensión y se dedica a extorsionar empresas, tenga detenido el empleo de cientos de personas", dijo Pavón Campos.
Aseguró que desde 2006, Napoleón Gómez Urrutia ha parado más de 40 minas y en algunos casos como Taxco y San Martin Sombrerete, en Guerrero y Zacatecas respectivamente, esos centros de trabajo continúan cerrados.
Destacó los casos de Nacozari, Sonora, en donde la mina estuvo sin labores por casi tres meses; Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en donde incluso perecieron dos mineros en enfrentamientos con la policía, que estuvo inactiva 142 días, y Cananea, el baluarte del movimiento obrero, donde a causa de una huelga sin sentido miles de mineros fueron despedidos por un paro que duró varios años.
Pavón destacó que con esta clase de cierres en centros de trabajo, Gómez Urrutia viola el artículo quinto constitucional que dice que "a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial". Y en el caso de La Platosa ocurren estos dos puntos.
Además, se viola el artículo 123 de la Carta Magna que señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil", añadió.
