Encuentro un acierto en la demanda del Movimiento Progresista que pide la invalidez de la elección presidencial: llama al Tribunal Electoral a reconocer la plenitud de su función constitucional. En efecto, los abogados de Andrés Manuel López Obrador exigen que el tribunal asuma su responsabilidad como el último garante del orden constitucional en materia electoral. Si la Constitución postula una serie de principios democráticos para el proceso electoral, ese órgano ha de ser el último encargado de hacerlos prevalecer. Más allá del detalle procedimental, le corresponde verificar si en México hubo elecciones libres y si éstas fueron auténticas. El nombre del Tribunal no da cuenta del sitio que ocupa en el edificio estatal. Su inmensa responsabilidad política no queda reflejada en su apelativo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, en realidad, el Supremo Tribunal Electoral. Una instancia del orden constitucional: por encima de los poderes locales y también de los poderes federales. Como la Suprema Corte de Justicia, el tribunal electoral es una instancia suprafederal encargada de vigilar que los poderes públicos se ajusten, en materia electoral, al derecho y a los cánones democráticos. Que las autoridades surjan, efectivamente, de la voluntad de los electores.
De los defectos argumentativos, de los descuidos en la redacción y de los absurdos en la demanda del Movimiento Progresista se ha hablado mucho y con razón. Sigo pensando que la demanda presentada no es una pieza de argumentación persuasiva, que trata la sospecha como si fuera prueba plena, que suministra escasas pruebas para convencer a los jueces de la seriedad de su alegato. Sin embargo, la petición plantea a los magistrados del tribunal electoral una pregunta ineludible. ¿Tuvo México elecciones auténticas? ¿Hubo realmente libertad para que los ciudadanos votaran sin presiones, sin amenazas en julio? ¿Prevaleció la equidad?
El Tribunal puede dar dos respuestas a estas preguntas. Puede eludir el núcleo del reclamo, escudado en una corta idea de la legalidad: ignorar las preguntas sobre la libertad electoral, la autenticidad del sufragio o, en general, las condiciones de la competencia democrática. Esos son asuntos que nos rebasan, podrían decir: a nosotros apenas nos corresponde la estricta legalidad. Repitiendo un par de fórmulas judiciales, podrá vindicar una tesis por la miopía: el tribunal puede ver con claridad lo que tiene frente a la nariz pero no se atreve a ver a lo lejos porque todo lo ve borroso. La segunda respuesta no implicaría una respuesta específica pero supondría tomarse muy en serio las preguntas. La sentencia del Tribunal debería construir una tesis básica sobre la libertad del sufragio, una tesis sobre la autenticidad del voto, una tesis sobre las condiciones democráticas de la competencia. Sólo a partir de esas nociones podría evaluar el proceso del 2012. Sólo con respuestas de este tipo podría el Tribunal dignificar su condición de tribunal supremo. Quiero decir que, independientemente del veredicto de ese órgano judicial, importan los argumentos que ofrezcan, las razones que esgriman los magistrados para pronunciar la última sentencia del proceso electoral del 2012.
En efecto, al tribunal le corresponde clausurar judicialmente la elección. No hay instancia ulterior a la que pueda acudirse tras su sentencia. Sin embargo, su palabra no será la última en el debate público: tras la sentencia, vendrá la polémica. Lo menos que puede esperarse del Tribunal es que atienda el núcleo de la demanda y dé respuesta puntual a las acusaciones que contiene. Al Tribunal corresponde, ni más ni menos que legitimar, con argumentos, la vía institucional de la democracia mexicana. No puede esperarse que el veredicto sea universalmente aplaudido. Como todo fallo, generará descontentos. Pero lo que no puede aceptarse es que la resolución final sobre este proceso calle ante una válida solicitud de claridad. Así entiendo la posición de los sectores más razonables del Movimiento Progresista: hemos hecho un alegato y hemos formulado una petición jurídica concreta. Esperamos que el tribunal responda con argumentos y que no esquive el bulto.
Un inmenso daño nos hizo el tribunal hace seis años con una sentencia confusa y, en el fondo, incoherente. Los magistrados enlistaron las infracciones electorales y las interferencias antidemocráticas que amenazaron el proceso electoral. Una elección reconocida judicialmente como viciada que, sin embargo, fue judicialmente validada sin que mediara una razón persuasiva. Sí, la elección fue sucia, nos dijeron. Pero no importa, nuestra sentencia la limpia y punto. No puede repetirse el expediente: el tribunal debe responder si en México hubo elecciones libres y auténticas, si las condiciones de la competencia corresponden a los principios democráticos elementales. Esa es la responsabilidad del Supremo Tribunal Electoral.
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