Conforme se acerca la toma de posesión de Enrique Peña Nieto hay un tema que crece aceleradamente en la agenda: la violencia. En el tema económico la transición no puede ser más tersa, pues el proyecto de PAN y PRI es fundamentalmente el mismo desde 1988. México está en un buen momento y si se logra un par de reformas habrá un crecimiento mayor al 5 por ciento.
Los temas políticos están más que planchados: la salida que el PRD le dio a la relación con Andrés Manuel es un enorme respiro para el equipo político de Peña Nieto, no porque necesitaran el reconocimiento del tabasqueño, sino porque se despresuriza la agenda política, y la reunión con los gobernadores panistas y la que habrá con los perredistas son señales de franca distensión. El único tema que puede quitarle el sueño al presidente electo es la agenda de seguridad.
Los golpes recientes a líderes del crimen organizado, la caída de "El Coss", "El Molcas", lo operadores del cártel Nueva Generación, etcétera, son excelentes en términos propagandísticos y probablemente ayuden a reducir la violencia en algunas plazas, pero los temas torales de la descomposición de la seguridad siguen ahí.
El índice de muertes violentas en el país tiende a bajar o al menos a estabilizarse, pero esto acompañado de otros dos fenómenos: la dispersión de la violencia y el crecimiento de otros delitos. Hace dos años parte esencial del discurso del gabinete de seguridad del presidente era que el 80 por ciento de la muertes violentas del país se concentraba en cinco entidades (Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León) y cinco ciudades mexicanas aparecieron en el top-ten de las ciudades más violentas del mundo en 2011 según América Economía (Ciudad Juárez, Acapulco, Chihuahua, Torreón y Durango).
Hoy la mitad de los estados del país tiene índices de arriba de 10 muerte violentas por cada cien mil habitantes. De enero 2007, segundo mes de gobierno de Calderón a julio pasado las extorsiones denunciadas se duplicaron y los secuestros casi se multiplicaron por tres. Los robos en general por el contrario, cayeron 11 por ciento, de acuerdo a los datos del centro nacional de Información de la Secretaría de Gobernación.
Los gobernadores, incluido Peña Nieto cuando lo era del estado de México, se acostumbraron a culpar a Felipe Calderón y a la guerra al narco por la violencia. A partir del primero de diciembre las cifras son responsabilidad suya, pero sobre todo las decisiones.
Sin el compromiso de los gobiernos estatales por el combate a los delitos del fuero común lo que el próximo gobierno puede hacer en el tema de la violencia es realmente poco. La pregunta es si Peña Nieto podrá sacar a los gobernadores de su zona de confort, pues no hay cambio posible en la política de seguridad que no pase por una buena mojada a "los virreyes" de los Estados Unidos Mexicanos.
