Algo en la discusión está torcido. En una sociedad democrática y moderna, lo normal es que todos rindamos cuentas de las relaciones formales que establecemos, comerciales, laborales e incluso familiares. Se trata de un principio básico de respeto a los otros ciudadanos, a sus derechos e intereses. Se rinde cuentas de los dineros privados y por supuesto de los dineros públicos que son de todos. Las empresas están obligadas por ley a rendir cuentas a sus consejos y, a través de ellos, a sus accionistas inversores. La ley establece formas y plazos. Se parte del principio de que así se evitan errores y, hay que decirlo, desviaciones. Los bancos, que funcionan con los dineros de muchos, son quizá de las entidades más reguladas y después de 2008 queda claro la importancia de esa regulación. Pero en el ámbito privado no todo son empresas.
En el llamado tercer sector, el filantrópico, el de las OSC, todas las instituciones están obligadas, también por ley, a rendir cuentas. Pueden ser instituciones de asistencia privadas que deben contar con patronatos que son responsables ante las autoridades del manejo de los patrimonios. Las llamadas Asociaciones Civiles y las Sociedades Civiles son figuras análogas que también deben contar, por ley, con un sistema de rendición de cuentas. Además, de obtener la deducibilidad fiscal, deberán comprobar a la autoridad que cumplen estrictamente con las condiciones establecidas para tal concesión. Contadores y auditores son los responsables de garantizar a accionistas, socios, patronos y a la autoridad de que los administradores cumplen en fondo y forma con sus obligaciones.
Todos debemos (deberíamos) rendir ante el estado cuentas de nuestros ingresos. Es decir el estado -por medio del Ejecutivo en una primera instancia- tiene el derecho de entrar en la vida privada para regular ese asunto que es de interés general. Cuando un matrimonio se divorcia es el estado -a través del Judicial- el encargado de garantizar pensiones alimenticias y obligaciones de los excónyuges. En ese sentido no hay "asuntos internos". Rendir cuentas no es una exigencia excepcional sino un principio de convivencia. La vigilancia más compleja es la de los dineros públicos. Dado que los ejecutivos son los que más recursos manejan, deben ser también los que estén atenidos al mayor escrutinio.
Pero en principio todo servidor público del orden de gobierno que sea y de cualquier poder, debe rendir cuentas de qué se hizo con los dineros que son de los ciudadanos. El escrutinio es doble: ante los otros poderes -es parte de los pesos y contrapesos de toda república- y ante la ciudadanía. Ese es el principio de transparencia y de gobierno abierto que ha venido a cambiar la dinámica escrutinio institucional y ciudadano en las últimas décadas.
En México hemos avanzado sensiblemente en el control del Ejecutivo Federal. La batalla no está ganada, hay mucho por hacer, pero hemos avanzado. Algunos ejecutivos locales empiezan a entrar a esta dinámica, pero se trata todavía de un territorio con enormes huecos e irregularidades. Qué decir de los poderes judiciales locales y el federal que, invocando el principio de autonomía, se han encapsulado con normas propias que hoy resultan antigüedades. Las universidades públicas, que también tienen sistemas propios de control y vigilancia, lentamente han entendido que no pueden operar como cotos de excepción. Pero quizá la mayor opacidad esté en el los legislativos locales y el federal. Allí los partidos políticos gobiernan sus feudos. Esos poderes van a la zaga en transparencia.
Todo esto para ir a la absurda actitud de algunos sindicalistas trasnochados que defienden la opacidad institucionalizada de no rendir cuentas a sus agremiados del manejo de las cuotas sindicales. En la reforma laboral del Presidente Calderón ese es un punto central para acabar con ese coto. Los líderes están obligados ante sus agremiados. Al defender la opacidad como parte de su autonomía no fortalecen al trabajador sino lo debilitan. El trabajador es un ciudadano y como cualquier otro tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos de la escuela de sus hijos, del municipio y del estado en que vive, de la institución de salud que lo proteja y de cómo van sus pensiones. Pero también es su derecho que existan reglas claras de gobierno interno del sindicato al que quiera afiliarse, si es que quiere, y de cómo se manejan sus dineros. Qué decir de los sindicatos que, además, reciben donaciones públicas de cualquier tipo.
Defender la opacidad como un derecho de los trabajadores y esencia de la autonomía sindical, es plantear la existencia de dos tipos de ciudadanos: los de primera que no tienen que rendir cuentas (ellos) y los de segunda, que sí, el resto de los mexicanos. Lo mismo vale para las iglesias frente a sus greyes. Este oscurantismo niega la igualdad jurídica -en derechos y obligaciones- de la célula de toda democracia, el ciudadano. Feudalismo puro.
