En suspenso cuatro resoluciones de la Suprema Corte, apuntando a dos Controversias Constitucionales y dos amparos en revisión atraídos a su causa, la tensión en Sonora está al rojo vivo ante la posibilidad de que éstas lleguen cuando los hechos que constituyen la manzana de la discordia estén consumados
Estamos hablando de la oposición de los agricultores del sur de la entidad federativa, entre ellos la tribu yaqui, contra la construcción de un acueducto que despojará de agua de la presa "El Novillo" al fértil Valle del Yaqui, calificado en justicia como el granero del país.
El líquido se enviaría a la capital de Sonora, sin que el gobierno autócrata de Alfredo Padrés Elías haya siquiera barajado otras alternativas incluso menos onerosas.
En su capricho, el gobernante ha recurrido a todo: Desacatos de órdenes judiciales, amenazas a jueces, encarcelamientos de disidentes; creación de grupos de choque contra inconformes; licitaciones poco transparentes; publicación de desplegados que han dividido a la entidad federativa…
De hecho, ante la inminencia de la terminación de la obra y la tardanza del máximo órgano de justicia del país en atender los reclamos, esta tarde se realiza en Ciudad Obregón una magna marcha de protesta que espera concentrar 30 mil ciudadanos.
Rechazada en ambos casos por la Suprema Corte la posibilidad de suspender las obras mientras se ventilaba el procedimiento, en lista de espera del pleno están dos Controversias Constitucionales promovidas una por el municipio de San Ignacio Río Muerto y otra por el de Cajeme.
En ambos casos se plantea que la decisión unilateral del gobierno de Sonora pone en riesgo el agua para consumo humano y la sustentabilidad ambiental y socioeconómica.
De hecho, contra el dicho del gobierno estatal de abundancia en la zona, en algunas comunidades de la tribu yaqui es tal la escasez del líquido que han recurrido a abastecerse de pozos, lo que ha provocado problemas hepáticos, dermatológicos e incluso cancerígenos.
El ministro instructor de ambas controversias es Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Adicionalmente, el máximo tribunal analiza dos amparos en revisión. El primero lo atrajo el 6 de agosto del 2012. Lo promovió el pueblo de Vícam de la tribu yaqui por haberse violado su garantía de audiencia frente al otorgamiento del permiso de impacto ambiental para la obra.
Obtenida una suspensión provisional, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí promovieron un recurso de revisión.
En el caso, hasta hoy, los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío se han reservado su derecho a formular voto concurrente.
En paralelo, la Primera Sala de la Corte atrajo un amparo obtenido para dejar insubsistentes los procedimientos administrativos y por ende las asignaciones de agua a favor de la Comisión Estatal del Agua.
Sin embargo, son siete los amparos promovidos por los inconformes. Tres en contra de la construcción del acueducto patrocinados por asociaciones de agricultores, de los cuales uno tiene suspensión en primera instancia.
Otros dos combaten la asignación de derechos de agua realizada por el organismo de la Cuenca Noreste de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Sonora, con la novedad de que ambos tienen sentencia de primera instancia.
Uno más lo promovió la tribu yaqui contra la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Impacto Ambiental el 23 de febrero en 2011, con una sentencia a su favor de primera instancia, la cual fue confirmada por la Primera Sala de la Suprema Corte.
Finalmente, el séptimo recurso de protección de la justicia se planteó contra la construcción del acueducto, los derechos de agua y el permiso de impacto ambiental.
En el largo camino el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo, confirmó un incidente de desacato que motivó la apertura de un procedimiento penal contra el coordinador general del Fondo de Operación de Obras de Sonora Sí, a quien se dictó auto de formal prisión.
Sin embargo, se soslayó al resto de los integrantes del Consejo Directivo del organismo, entre ellos a su presidente, el gobernador Padrés Elías.
La paradoja del caso es que el actuar de éste por la libre se explicaba por el apoyo incondicional que tenía del expresidente Felipe Calderón lo que provocó una derrota aplastante del PAN en las últimas elecciones. ¿El PRI tomó la estafeta?
BALANCE GENERAL
La llegada de Jorge Borja Navarrete como presidente del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño de Pemex está reviviendo el caso Mexicana de Lubricantes, es decir el inaudito borrón y cuenta nueva del final del sexenio pasado a la accidentada relación de la firma con la paraestatal en su calidad de socio minoritario.
El funcionario acaba de expedir un oficio por el que solicita el expediente del asunto.
Las firmas habían cruzado en el pasado 60 juicios en su mayoría promovidos por la empresa pública ante la falta de transparencia en la entrega de cuentas además de los descomunales sueldos y prestaciones asignadas por sus directivos privados.
Se calcula que la relación le provocó un año patrimonial de varios millones de dólares a la compañía fabricante de aceites y lubricantes automotrices, pese a las mil canonjías, entre ellas la exclusividad de vender sus productos durante 20 años en la red de ocho mil 500 gasolineras de Pemex.
El asunto volvió a detonar ante la pretensión del hijo del anterior presidente de la compañía, de asignarse un salario tres veces mayor al del director de la paraestatal.
NACIDO PARA PERDER
De acuerdo al diario estadounidense Wall Street Journal, Petróleos Mexicanos está condenado a perder el pleito con las empresas Siemens y SK Engeneering and Construction que realizaron los trabajos de reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Según ello, Pemex se metió equivocadamente a la coyuntura de la investigación contra la empresa alemana por sobornos, que derivó en una aceptación del delito y el pago consecuente de una multimillonaria multa, sin tener las pruebas necesarias.
El reclamo de la empresa pública, según el rotativo, es por hasta mil 500 millones de dólares.
Según ello, el récord de compañías extranjeras demandadas en cortes estadounidenses aparentando ser víctimas a partir de un esquema de sobornos, ha estado marcado por el fracaso.
Además se sostiene que un punto adicional contra Pemex es que el reclamo a su vez de Siemens y SK se refuerza en un laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje.
