Antecedente. La matanza de Acteal fue en 1997, cuando Zedillo era presidente de México.
Un tribunal federal desechó en definitiva el amparo con el que se impugnó la solicitud de México para otorgar inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo, en la demanda por 50 millones de dólares presentada en su contra en Estados Unidos por la matanza de Acteal.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la sentencia dictada en marzo por un juez de distrito, quien afirmó que la Embajada de México en EU actuó ilegalmente al enviar una nota diplomática al Departamento de Estado, en la que pidió reconocer la inmunidad del exmandatario ante este tipo de demandas.
Los magistrados determinaron que el amparo es improcedente porque la nota diplomática no afectó el interés jurídico de los demandantes-parientes de víctimas de la matanza de 47 indígenas en 1997-, ya que no fue con base en dicha nota que el gobierno de EU solicitó a una corte federal de Connecticut la inmunidad para Zedillo en su carácter de exjefe de Estado.
"Como se ve, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América determinó que el tercero perjudicado (Zedillo) goza de inmunidad en el juicio, y expuso las razones para considerar procedente su otorgamiento, de tal suerte que fue mediante ese acto, y no la nota diplomática reclamada, que se otorgó inmunidad", al expresidente, afirmó el tribunal.
La decisión de conceder o no la inmunidad es un acto de las autoridades de EU, que no puede estar sujeto a revisión por el Poder Judicial de México. El tribunal colegiado rechazó una petición de los quejosos para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de atracción, con lo que el juicio quedó cerrado en definitiva.
La audiencia está agendada para el 18 de julio en la sede de la Corte en New Haven. Es previsible que en los próximos días, los abogados de Zedillo presentarán copia y traducción de la sentencia del tribunal colegiado, lo que debilitará sensiblemente el caso de los demandantes, pues los tribunales de EU siempre se pliegan a la posición del Poder Ejecutivo en materia de inmunidad.
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